SANTIAGO.- En las manos de un fiscal regional recaerá la denuncia que ingresó desde el Ministerio del Interior a dependencias del Ministerio Público por la interrupción de la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Hasta el momento, han ingresado cuatro denuncias por los hechos registrados en torno al examen.
Una de ellas por parte del abogado del Departamento de Evaluación Medición y Registro Educacional (Demre), José Francisco Lechuga, por la filtración; otra por el diputado Andrés Celis por eventual delito contra el orden público; mientras que la tercera la la anunciada por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por "incitación, lo promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública", al amparo de la ley de seguridad del Estado.
Es esta última, según confirmó hoy el fiscal nacional Jorge Abbott, la que quedará a cargo de un regional. La decisión podría zanjarse esta tarde.
"Yo durante el curso de hoy voy a estudiar esa denuncia con el objeto de tomar una determinación para establecer quién se va a hacer cargo de esa investigación", indicó Abbott.
Y agregó: "Lo que sí tengo resuelto es designar a un fiscal regional para que se haga cargo de la misma. Por los antecedentes a la vista y revisando las cargas de trabajo que tiene cada fiscalía regional, pues bien determinará quien se hará cargo de esa investigación".
Sobre el tema se refirió también el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, quien criticó los desórdenes que afectaron la rendición de la prueba, llevando incluso a la cancelación de la de Historia, además de poner en la mesa la posible intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
"Nosotros como Gobierno hemos pedido al CDE que evalúe si es que es posible ejercer acciones civiles y penales (...) El llamado a causar daño o boicotear la prueba de PSU causó un perjuicio muy grande y es importante que esos hechos se investiguen y, si es que hay responsabilidades penales, se sancionen", acotó.
Consultado sobre la razón de por qué se optó por ingresar una denuncia y no una querella -cuya admisibilidad debe pasar primero por un tribunal-, zanjó: "Básicamente porque lo que buscamos es que la acción penal se haga de la forma más efectiva posible (...) hay distintos mecanismos y lo importante es que la acción penal sea efectiva".
La cuarta denuncia la ingresaron este jueves los diputados RN Sebastián Torrealba, Paulina Núñez y Francisco Eguiguren por desórdenes.
"Hemos venido a la fiscalía a poner una denuncia contra los dirigentes de ACES y CONES, dos organizaciones de estudiantes secundarios que se han atribuido el boicot a la PSU. Este no es un boicot a la herramienta de selección a la Universidad, sino que a los sueños de miles de jóvenes que habían puesto sus esperanzas en poder ingresar a la educación superior", señaló Torrealba.
Por su parte, Eguiguren manifestó: "El orden público no se tranza, y nosotros vamos a apoyar con todo, para que el Gobierno en estas situaciones y en cualquier otra, imponga el orden público".
