Juicios por SQM, disparos en Reñaca, quema a Metro: Siete casos que entrarían a la recta final en lo que queda del año

Delitos económicos, homicidios, robo, tráfico de drogas e influencias, asociación ilícita y obstrucción a la investigación serán algunos de los ilícitos que empezarían a discutirse luego ante distintos tribunales orales a lo largo del país, y que forman parte de casos judiciales que por meses acapararon la atención.

Algunos de los procesos, sin embargo, no han estado exento de problemas por la pandemia del covid-19, la cual ha hecho que más de uno haya enfrentado retrasos y suspensiones.

De hecho, debido a la situación sanitaria y la declaración del Estado de Catástrofe que esta implicó, el Congreso debió aprobar en marzo el proyecto que establecía prórrogas para ciertos procedimientos judiciales.

"Se faculta a los tribunales para reagendar los juicios y para suspender las audiencias de juicio que se encontraban en curso a la entrada en vigencia de esta ley, por cualquier impedimento generado a consecuencia del estado de catástrofe o por la emergencia sanitaria. En tales casos, el tribunal podrá suspender el juicio por todo el tiempo que resulte necesario (...) Tal suspensión podrá ser ejercida aun cuando el juicio hubiese sido suspendido por el máximo de veces contemplado en el Código Procesal Penal y no generará la nulidad de todo lo obrado ni dará lugar al reinicio del juicio", detalla la Ley N° 21.226.

En tanto, desde el Ministerio de Justicia graficaron la situación: tan solo entre marzo y mayo se vieron retardados 3.663 juicios.

Sobre ello habló con Emol el jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP), Rubén Romero, señalando que la principal dificultad en estos procesos es la presencialidad física de las partes, jueces, testigos y peritos.

"Lo anterior ha generado la postergación y el retraso de muchos juicios, y con ello no solo la acumulación y recarga de trabajo para el sistema, sino sobre toda la oportuna resolución del caso tanto para la víctima como para el imputado, especialmente si éste último está en prisión preventiva, la cual se ve largamente dilatada", explicó.

El abogado señaló que son varios los tribunales que ya han postergado el proceso a fin de dar las condiciones presenciales previstas en el Código Procesal Penal, mientras que otros han "implementado la realización mediante una modalidad fuera de la ley, cual es hacerlo por videoconferencia, modalidad que no solo es cuestionable por estar fuera de la ley, sino sobre todo porque impide el cabal ejercicio de los derechos de las partes".

"La solución es hacer lo que otros servicios públicos de áreas críticas de una sociedad, como no solo es la justicia, sino la salud o la seguridad pública, han hecho: implementar todos resguardos sanitarios y logísticos para funcionar, y con ello hacer los juicios orales no solo en forma legal, sino que en forma segura para todos sus operadores e intervinientes", cerró el abogado.

Algunos de los juicios afectados, ya sea por pandemia o recursos de intervinientes, fueron aquellos que tienen como indagados a ex funcionarios de Carabineros: la "Operación Huracán" y el caso Catrillanca.

Por el deceso de Camilo Catrillanca, ocurrido durante un operativo policial por un robo con violencia el 14 de noviembre de 2018, la fiscalía de La Araucanía pidió penas de hasta 15 años de presidio para siete ex uniformados y un abogado que prestaba servicios a la institución uniformada.

Tras dos primeras suspensiones ocasionadas por la presentación de licencias médicas, el juicio comenzó en marzo. Luego fue nuevamente postergado por el coronavirus por un par des días, y ya en junio se reagendó para el 27 de octubre. Familiares de la víctima, en tanto, expresaron la necesidad de contar con un juicio presencial.

De esta forma el caso ha estado más a la espera de juicio que en investigación, la que llevó cinco meses. "Actualmente el juicio oral se encuentra suspendido. Se inició en marzo del presente año y se suspendió a consecuencia de la pandemia, en virtud de lo dispuesto en la normativa dictada para este efecto. Inicialmente se había reagendado para julio, pero ante la prolongación del Estado de Excepción Constitucional se reagendó para octubre", dijo a este medio el persecutor a cargo del caso, Roberto Garrido.

Detalló además que el juicio se llevará a cabo de manera semipresencial: "Como fiscalía esperamos que el juicio se inicie en la fecha que está fijada. El Tribunal Oral de Angol ha dictado un protocolo para operar con los debidos resguardos sanitarios en este periodo. Consideramos que es perfectamente posible llevar adelante el juicio en esas condiciones, dando garantía a todos los intervinientes, no solo del respeto de sus derechos en el proceso, sino que además de garantías en cuanto a la protección de su salud".

El estado de la "Operación Huracán" es similar. Las defensas de los 11 acusados, entre ellos el general (r) y ex director de Inteligencia, Gonzalo Blu, solicitaron en mayo suspender la preparación del juicio hasta septiembre. Pidieron acceso a la totalidad de antecedentes contenidos en la acusación de la fiscalía y también realizar de manera presencial los alegatos.

En tanto, desde la Fiscalía Nacional confirmaron que la preparación de juicio oral quedó fijada para el 11 de diciembre.

En dicho proceso, iniciado por una presunta manipulación de evidencia para adjudicar la quema de 58 camiones a ocho comuneros mapuches, quienes incluso fueron formalizados por el hecho, se pidieron sanciones de hasta 25 años.

La situación de la indagatoria que vinculó a la minera SQM con acusaciones de financiamiento irregular de la política, presenta más matices. El caso estalló en 2015, implicó la investigación diversas aristas y alcanzó a parlamentarios y distintas figuras. No todos fueron llevados a juicio. De hecho, son varios los términos judiciales que ya se han dispuesto, mientras que una menor parte de los imputados está a la espera de la discusión en tribunal oral.

De acuerdo a lo confirmado a Emol por la Fiscalía de Valparaíso, cerca de 100 personas terminaron con la suspensión condicional del procedimiento debido a la ausencia de una querella nominativa por parte del Servicios de Impuestos Internos (SII).

En tanto, otras nueve fueron condenadas en procedimiento abreviado. Entre ellos la ex contadora de la campaña 2009 del ex Presidente Eduardo Frei, Clara Besan; el ex recaudador político Giorgio Martelli; los ex ejecutivos de la minera Luis Saldías y Roberto Guzmán; el RN Claudio Eguiluz; el ex presidente del PRI Humberto de la Maza; y el hijo del senador Jorge Pizarro (DC), Sebastián Pizarro Cristi.

En tanto que el mencionado parlamentario era investigado por delitos tributarios y quedó excluido de la acusación, luego que se rechazara la solicitud de desafuero. En tanto, el otrora senador, Fulvio Rossi, fue acusado por el Ministerio Público y sobreseído por la Sala Penal de la Corte Suprema por un recurso de amparo presentado por su defensa.

Para el 5 de octubre está agendada la audiencia de preparación de juicio oral, a la cual serán sometidas 10 personas, incluidos el ex candidato presidencial Marco Enríquez- Ominami, por delitos reiterados de facilitación de documentos tributarios falsos.

Así también, el ex ministro Pablo Longueira por presunto cohecho entre 2010 y 2011. El ex parlamentario también había sido acusado por su participación en calidad de autor de delitos reiterados de facilitación de documentos tributarios falso. Este hecho terminó siendo sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo de 2019 por ausencia de querella nominativa en su contra.

Para el ex ministro y parlamentario UDI se pidió una pena de 818 días de reclusión menor en su grado medio y la inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos durante el lapso de cinco años y un día.

El ex gerente general de SQM Pablo Contesse también irá a juicio por supuesto soborno.

También con fecha para juicio está el caso de John Cobin, investigado por disparar en medio de una manifestación realizada en el balneario de Reñaca tras el 18-O, dejando a una persona herida.

El hombre fue acusado como autor de dos delitos frustrados de homicidio, disparar injustificadamente en la vía pública y ejercer actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dejó para el 28 de septiembre el inicio del juicio, el cual se realizará de modo semipresencial, con el juez presidente en sala y de los otros dos magistrados conectados vía telemática. En tanto, detalló el Poder Judicial, los intervinientes en la causa -fiscalía, defensa y querellantes- deberán presentar de forma unipersonal en el tribunal.

Cobin deberá ser trasladado a dependencias del tribunal y asistirá a la audiencia desde una sala anexa. Asimismo, se dispuso que su cónyuge podrá participar como público en forma virtual, solo tras concluir su declaración en estrados.

En tanto, se reservó el 1 de octubre para la preparación de juicio oral contra el ex concejal de La Calera Llamal Karim Chahuán por los delitos consumados de robo en lugar no habitado, tráfico de influencias, tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades y falsificación de documento público.

En diciembre Chahuán fue detenido y formalizado por su presunta responsabilidad en el saqueo a un centro comercial el pasado 29 de octubre. Ya este año fue reformalizado por tráfico de drogas, influencias y falsificación de documento público.

"Se pudo conocer que el imputado mantenía contacto y realizaba facilitación de vehículos que mantenía en su automotora (...) suministrando de esta forma los medios a (tres) imputados, quienes conformaron una agrupación delictiva destinada a la comisión de los delitos de robo con intimidación, tráfico ilícito de drogas y posesión de armas de fuego y municiones, que utilizaba dichos móviles para la ejecución de su actividad con conocimiento de ello por parte de imputado", señaló el fiscal jefe de Quillota, Elizardo Tapia, en aquella oportunidad.

El ente persecutor solicitó penas que suman 26 años de presidio.

Ya en la Región Metropolitana hay dos procesos. Uno de ellos es por la quema a la estación de Metro Pedrero, ocurrida tras el estallido social del 18 de octubre del año pasado, cuyo juicio oral sería inminente.

Es uno de los primeros hechos de violencia ocurridos en dicho contexto, y el primer caso de incendio a un terminal subterráneo en que el Ministerio Público presentó acusación.

La Fiscalía Oriente acusó a B.S.M., de 16 al momento de los hechos, y a su tío D.B.M.M. por el incendio, pidiendo 10 años de internación en un centro del Sename y 20 años de presidio, respectivamente.

De acuerdo a los antecedentes de los investigadores, ambos se habrían concertado por WhatsApp para ejecutar el delito el mismo 18 de octubre.

El otro juicio, en tanto, finalizó el jueves. Es por la muerte de Dylan, el niño de 8 años que en diciembre de 2017 recibió un disparo en un bus del Transantiago en La Pintana.

El hecho ocurrió por una pelea entre dos hombres al interior de una máquina del recorrido F-06. Los pasajeros, señalaban las primeras informaciones entregadas, lograron bajar a uno de ellos, quien a los segundos disparó desde la calle.

El tiro impactó al niño, quien fue llevado de inmediato por el conductor de la micro hasta el Cesfam Santiago de la Nueva Extremadura. Luego lo trasladaron al Hospital Sótero del Río, donde falleció.

"Desde el miércoles de la semana pasada nos encontramos en el juicio oral por el homicidio de un niño de 8 años ocurrido en diciembre de 2017, en la comuna de La Pintana. En este hecho se acusó a dos personas que, según los antecedentes con los que cuenta la fiscalía y que esperamos demostrar, habrían participado", señaló a Emol el persecutor Rodrigo Chinchón, de la fiscalía de Delitos Violentos Sur.

Y agregó: "Según las características de este caso, atendidas las posibilidades que permitía este caso en particular, porque lamentablemente no en todos los casos es posible, dada a la cantidad de testigos, conexión y otros elementos, hemos podido desarrollar este juicio de manera remota".

Para ambos sujetos se solicitó la pena de 15 años de presidio mayor en grado medio por el delito de homicidio. Ya el jueves, el tribunal respectivo los condenó a ambos por dicho ilícito, uno como autor y otro como cómplice, dejando la lectura de sentencia para el martes 29 de septiembre. A la fecha, indicaron desde la Fiscalía Sur, se han desarrollado cerca de 65 juicios de manera virtual en dicha jurisdicción.