El semanario británico The Economist publicó este jueves un artículo en el que analiza el "trascendental" Plebiscito que se realizará este domingo, detallando las razones que llevaron al inicio de este proceso y las consecuencias que podría tener para el país, el cual avizoran se volverá “más socialdemócrata” con una nueva Constitución.
El informe, titulado "el Trascendental Plebiscito de Chile sobre su Constitución", señala que "un año después del estallido de enormes protestas en las que murieron al menos 30 personas, los chilenos volvieron a reunirse. La combinación de civilidad masiva y caos minoritario era familiar".
"Decenas de miles de manifestantes con banderas se congregaron pacíficamente el 18 de octubre en la Plaza Italia en el centro de Santiago, la capital. Por la tarde estallaron peleas entre barras de futbol.
El día terminó con ataques a comisarias y dos iglesias incendiadas", recordó.
Asimismo, detalló que "la pandemia ha contenido en gran medida este tipo de protestas. Pero se supone que una solución más duradera provendrá de un Plebiscito, que se celebrará el 25 de octubre, sobre si Chile debería desechar su Constitución y redactar una nueva".
"Los problemas con la Constitución actual comienzan con sus orígenes. Adoptada en 1980, es obra del régimen de Augusto Pinochet, un déspota que gobernó hasta 1990. Aunque reconocía las libertades básicas, un estado de emergencia las suspendió hasta los últimos días del régimen", señaló.
Asimismo, destacó que "bajo la influencia de economistas pro-mercado educados en la Universidad de Chicago, no solo protegió al sector privado, sino que le otorgó un papel importante en la prestación de servicios públicos. Chile prosperó bajo la carta de Pinochet, que los gobiernos posteriores enmendaron decenas de veces".
"Los chilenos están furiosos por la atención médica de dos niveles, que sirve a los ricos mejor que a la gente común, sobre la mala calidad de las escuelas públicas y sobre las pensiones de gestión privada".
The Economist
"Desde 1990, la economía ha crecido rápidamente, la pobreza se ha reducido drásticamente y la política se ha mantenido estable.
Pero la ira que estalló el año pasado se ha estado acumulando durante más de una década. Los chilenos están furiosos por la atención médica de dos niveles, que sirve a los ricos mejor que a la gente común, sobre la mala calidad de las escuelas públicas y sobre las pensiones de gestión privada, que pagan menos de lo que muchas personas esperaban", afirmaron.
Según The Economist, "los chilenos culpan en gran medida a la Constitución. Al dar a los ciudadanos la opción de contribuir al sistema de atención médica pública o privada, la Carta dificulta que el Estado establezca un sistema de atención financiado por los contribuyentes como el sistema británico".
"Cuando un gobierno de izquierda buscó fortalecer la agencia de protección al consumidos, permitiéndole multar a las empresas, el Tribunal Constitucional lo anuló. El tribunal también podría anular cualquier intento de reemplazar las pensiones administradas de forma privada".
Además, señaló que "los cambios a las leyes sobre educación, policía, minería y elecciones requieren mayorías de cuatro séptimos en ambas cámaras del Congreso. A ojos de los críticos, la Constitución no es solo 'neoliberal', sino 'hiperpresidencial'. Le da al Presidente el poder de dictar qué proyectos de ley tienen prioridad en el Congreso y sus miembros no pueden proponer proyectos de impuestos o gastos".
La hoja en blanco
En ese contexto, el medio de comunicación destacó que "el 25 de octubre los votantes también elegirán si confiar la redacción a una asamblea electa, la mitad de cuyos miembros serían mujeres, o a una convención dividida equitativamente entre delegados electos y miembros del Congreso".
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"¿Qué podrían escribir en la hoja en blanco? Probablemente estén de acuerdo con una mención constitucional de los indígenas chilenos, el 9% de los 19 millones de habitantes de Chile. El Presidente probablemente perderá algunos poderes, algunos delegados defenderán la adopción de un sistema parlamentario", indicaron.
También aseguraron que "puede haber más margen para plebiscitos.
Es probable que cualquier nueva Constitución haga a Chile más socialdemócrata. Los defensores de la nueva carta quieren introducir la idea de ‘igualdad de oportunidades’, que en términos chilenos significa hacer que mejores servicios públicos sean asequibles para todos".
"Presionarán por la creación de nuevos derechos sociales, como el derecho a la vivienda. Algunos temen que todo esto obligue al Gobierno a gastar dinero que no tiene. La autonomía del Banco Central, que ha ayudado a mantener baja la inflación, podría verse debilitada", advirtieron.
De acuerdo a la revista, "estos riesgos se ven agravados por el calendario electoral. La asamblea, que se elegirá el próximo mes de abril, deliberará mientras el país celebra elecciones presidenciales y legislativas el próximo noviembre. Las promesas de campaña influirán en los redactores".
"Sin embargo, el peligro se reduce con el requisito de que dos tercios de la convención deben aprobar todas las clausulas del nuevo documento. Lo más probable es que la centroderecha pro-empresarial y el pequeño grupo que aún siente nostalgia por el Gobierno de Pinochet tengan una minoría de bloqueo", subrayaron.
Finalmente, recalcaron que "las nuevas demandas sobre el gasto público pueden ser controladas por reglas que protejan la estabilidad fiscal (…) si los chilenos no logran reescribir su Constitución ahora, el radicalismo podría crecer".
