Función social de la propiedad privada y semipresidencialismo: Las propuestas del progresismo para una nueva Constitución

Un grupo de 50 académicos y militantes del PS, el PPD y el PR redactaron un texto de 96 páginas en el que establecieron los conceptos mínimos que debiera tener la nueva Carta Magna.

26 de Noviembre de 2020 | 19:07 | Por Felipe Vargas Morales, Emol

El texto fue presentado este jueves por los líderes del PS, PPD y el PR.

Convergencia Progresista.
"Bases y fundamentos de una propuesta constitucional progresista" es el título de un documento elaborado por 50 académicos expertos en derecho público y militantes del PS, PPD y PR, quienes concordaron los puntos básicos que deberían estar presentes en la nueva Constitución que será redactada por la convención constituyente.

El texto, coordinado por los abogados Francisco Zúñiga y Felipe Peroti, consta de 13 capítulos, en los cuales repasan distintos aspectos que debieran ser incluidos, haciendo hincapié en la necesidad de consagrar en la Carta Magna un Estado social de derechos y establecer un nuevo ordenamiento político y administrativo para el país.

En ese contexto, en el documento -en el cual participaron figuras como José Antonio Viera-Gallo, el actual miembro del TC, Rodrigo Pica, y Emilio Oñate, quien fue parte de la comisión que elaboró la reforma que posibilitó el proceso constituyente, entre otros- abordaron una serie de temas que han marcado el debate en las últimas semanas.

Uno de ellos, a juicio de los autores, es la necesidad de un régimen semipresidencial que considere la separación de la jefatura de Estado (Presidente/a de la República) y la jefatura de Gobierno (Primer/a Ministro/a), donde el primero tenga una legitimidad democrática directa y el segundo una indirecta dependiente de la relación fiduciaria o de confianza con la Cámara de Diputadas y Diputados.

La idea es "separar las funciones hoy concentradas en el Presidente de la República, para lo cual resulta forzoso una reordenación de las atribuciones administrativas y gubernativas, reservando al Presidente/a de la República la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, la representación del Estado en sus relaciones internacionales y la injerencia en el nombramiento y/o nominación de altos cargos de la administración del Estado y del sistema judicial cuando corresponda".

Asimismo, el texto señala que se debe poner énfasis en la idea "de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea (expresada en la Constitución alemana, italiana y española) se garantizará la función social del derecho a la propiedad privada delimitando su contenido de acuerdo con la ley".

"Se garantizará la función social del derecho a la propiedad privada delimitando su contenido de acuerdo con la ley".

Bases y fundamentos de una propuesta constitucional progresista
"Se debe garantizar la libre iniciativa económica privada, pero sin que ella pueda desenvolverse en oposición al interés social. Del mismo modo, declarará que la actividad económica pública y privada sea compatible y puede coordinarse con fines sociales", sostiene.

Además, recalcaron que "la nueva Constitución debiera reconocer el dominio público hídrico, minero y del espectro radioeléctrico y las atribuciones del Estado para configurar regímenes diferenciados dependiendo de los tipos de bienes. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento privado de los recursos naturales, especialmente recursos mineros, hídricos y marítimos".

En un punto relacionado, también proponen que se debe consagrar "el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, priorizando el consumo humano por sobre su uso como medio de producción".

"Se declararán las aguas terrestres como bienes de dominio público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares", subrayaron.

Paridad y órganos autónomos

El informe señala también que "uno de los principales objetivos políticos que las fuerzas progresistas deben asumir en este momento constituyente consiste en apostar por la alteración de la estructura del poder que se aloja en la Constitución", aludiendo a una mayor incorporación de las mujeres.

En ese sentido, afirma que se deben lograr "las reformas que permitan desconcentrar el poder, a través de la incorporación de las mujeres a espacios históricamente cooptados por hombres, sentando las bases para una democracia paritaria".

El texto también propone una serie de cambios al Tribunal Constitucional, eliminando algunas de sus actuales facultades, como el control preventivo obligatorio de leyes supramayoritarias, "como consecuencia de que estas no deberían contemplarse en una nueva Constitución".

También señala la necesidad de "eliminar el control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley y de los proyectos de reforma constitucional. El TC, al igual que los demás poderes públicos, no puede situarse en una posición superior al poder constituyente derivado sin limitar severamente la soberanía popular".

En la misma línea, plantean que es preciso modificar el número de miembros del organismo, el cual consideran "inadecuado, pues permite que los litigios relativos a control abstracto de constitucionalidad se resuelvan, ante un empate, por el voto dirimente del Presidente".

"Por tanto, se propone modificar su número para que tenga una integración impar, pudiendo reducirse a nueve, instando a su conformación paritaria. Lo anterior significa eliminar la institución de los ministros suplentes", añadieron.

En cuanto a las autonomías constitucionales que deberá considerar la nueva Carta Fundamental, los autores mencionaron la importancia de mantener las que actualmente poseen el Banco Central, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Electoral, el Consejo Nacional de Televisión y la Defensoría del Pueblo.
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