El ánimo de lo que pasaría el pasado jueves en la Sala de la Cámara de Diputados se adelantó con una carta publicada en El Mercurio esa mañana, firmada por el presidente de la Fundación Chile Siempre, Tomás Bengolea; por el director ejecutivo de la Corporación Comunidad y Justicia, Álvaro Ferrer; y por el director ejecutivo del Instituto Res Pública, José Francisco Lagos.
Ese día, en la agenda del Congreso, estaba previsto que se votara una ley que permitiera la "muerte digna", es decir, la eutanasia o el suicidio asistido. La carta relacionaba este hecho con la actual pandemia. "Por un lado, entonces, alejamos la muerte con todos nuestros esfuerzos, incluso renunciando a nuestras libertades. Por el otro, la acercamos, como si fuera la mejor solución. Pensábamos que con la pandemia íbamos a aprender a valorar la vida. Pensábamos mal", dijeron. La carta comenzó a circular por redes sociales con críticas y halagos.
La Cámara, finalmente, aprobó por 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones la idea de legislar el proyecto de ley, que volverá a las comisiones de origen debido a que recibió indicaciones durante el debate parlamentario. El tópico, uno de los temas valóricos que más opiniones contrapuestas genera, recibió apoyos y rechazos de todos los sectores: diputados de oposición negaron la moción, como la DC Joanna Pérez y el independiente Jorge Sabag, y parlamentarios oficialistas como Andrés Longton (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) le dieron su respaldo.
El debate excede al Congreso Nacional y una evidencia está, precisamente, en las páginas de la prensa escrita, donde diferentes intelectuales, filósofos y analistas confrontan sus puntos de vista desde ese jueves. Uno de los primeros fue el investigador del IES y director del Centro de Estudios e Investigación Social SIGNOS de la U. Andes, Daniel Mansuy, quien planteó que el debate actual "no percibe una dificultad central de las teorías de corte individualista: las condiciones del consentimiento".
"La libertad no se da en abstracto, sino que se ejerce en determinados contextos sociales. Si esto es plausible, cabe poner atención no solo en la autonomía misma, sino en aquella que la rodea y la permite. En este sentido, es posible que el proyecto de eutanasia logre la consecuencia exactamente contraria a la deseada. En efecto, los adultos mayores suelen sentirse como una carga para los familiares que deben hacerse cargo de ellos. Legalizar la eutanasia implica poner en su horizonte una carga adicional, que puede llegar a tener enorme peso psicológico: ¿cómo mirar a quienes me cuidan si me siento en deuda con ellos? ¿Cómo justificar mi vida habiendo eutanasia?", planteó.
De libertad y autonomías
Las respuestas no tardaron en llegar. Al día siguiente, el abogado y miembro de Espacio Público, Jorge Contesse, aseguró que el asunto era "menos simple de lo expuesto" por Mansuy, señalando que distintos autores sí se han hecho cargo de las "condiciones del consentimiento" en este debate. A pesar de que le dio la razón al académico en algunos puntos, sostuvo que a quienes tienen "uso pleno de sus facultades morales" se les debe dar la posibilidad de "tomar todo tipo de decisiones, incluidas aquellas que nos estremecen, como es la decisión de no prolongar la vida cuando esta se ha convertido en una agonía".
También respondió el académico de la U. Diego Portales, Íñigo de la Maza, quien dijo que si bien el argumento de Mansuy era "interesante" y evitaba un riesgo, favorecía otro. "Permitir la eutanasia arriesga que ciertas personas sientan que deben morir. Prohibir la eutanasia para proteger el valor de la vida o su gratuidad, sin embargo, acarrea su propio riesgo: no dejar morir a quienes, con buenas razones, desean hacerlo", expuso. A su juicio, "la cuestión parece consistir en un diseño institucional que, hasta donde sea posible, dificulte que ciertas personas tomen la decisión de morir porque sientan que se lo deben a quienes los cuidan, y permita a quienes realmente lo desean, hacerlo".
"Los adultos mayores suelen sentirse como una carga para los familiares que deben hacerse cargo de ellos. Legalizar la eutanasia implica poner en su horizonte una carga adicional, que puede llegar a tener enorme peso psicológico. ¿Cómo mirar a quienes me cuidan si me siento en deuda con ellos? ¿Cómo justificar mi vida habiendo eutanasia?"
Daniel Mansuy
Otras voces, como el profesor de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, Niels Rivas, señalaron que el debate "nos obliga a reflexionar sobre los alcances de la libertad individual en una sociedad democrática, respetuosa de la vida y al mismo tiempo respetuosa de la autonomía e inteligencia de sus integrantes". "No se trata por lo tanto, de un debate entre quienes defienden y quienes desprecian la vida, como si esto fuera un asunto de buenos y malos. Semejante maniqueísmo obviamente aniquila toda discusión", apuntó.
Algo similar defendió este lunes el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Squella, quien solicitó que "al debatir sobre eutanasia no hagamos lo que hicimos en los casos de la ley de divorcio y de aborto en tres causales: dividirnos entre divorcistas y no divorcistas, abortistas y no abortistas, partidarios de la vida y partidarios de la muerte, y, peor aún, entre buenos y malos".
Squella basó su argumento en una distinción entre "vida natural" —aquella certificada por médico en base a parámetros objetivos como signos vitales— y "vida artificial" —"aquella que cada sujeto forma o construye a partir de su vida natural"—. "Llegado el caso, ¿cuál es más importante, la vida natural o la artificial? ¿Pueden los médicos, basándose solo en los latidos del corazón o la actividad cerebral, o sea, en nuestra vida natural, quedar a cargo también de la vida artificial y prolongar aquella cuando esta última haya concluido para el sujeto que la ha formado y desarrollado a lo largo de su existencia?", planteó.
El "valor de la vida"
Otro personaje que aportó su punto de vista fue el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, quien señaló que el debate "parece depender de la forma en que se conciba el valor de la vida". "Si usted piensa que es independiente de la subjetividad —si usted cree que la vida de Pedro o María es valiosa al margen de lo que Pedro o María sientan o experimenten—, entonces usted parece tener un buen punto de partida para negar el derecho a decidir la propia muerte. Usted puede pensar que el valor de la vida es un asunto objetivo que no depende del significado que ella posee para quien la vive", dijo.
A su juicio, a pesar de que el argumento "subraya un aspecto importante de la condición humana" —que es que "ni la vida propia ni la ajena derivan su valor de la mera subjetividad de quien la vive"—, aplicarlo a este debate "resulta errado". "Incluso si se aceptara que el valor de la vida es independiente de la subjetividad, de allí no se sigue que ese valor pueda ser impuesto a ultranza", expuso. "Hay muchas cosas valiosas —los afectos, la veracidad, la fe religiosa— que no es sensato y tampoco posible hacer valer mediante la coacción".
"El Estado no puede imponer a un individuo que sufre padecimientos inenarrables una concepción de la vida que para él carece ya de todo sentido (...) No puede obligarlo a homenajear con su sufrimiento un valor al que él no adhiere en modo alguno"
Carlos Peña
Peña asegura que el punto central es que "el Estado no puede imponer a un individuo que sufre padecimientos inenarrables una concepción de la vida que para él carece ya de todo sentido" y que no puede obligarlo a "homenajear con su sufrimiento un valor al que él no adhiere en modo alguno", a pesar de que exista la posibilidad de "paliarlo hasta hacerlo desaparecer". "Es posible, pero ello no suprime el sufrimiento moral de saberse condenado, para escapar del dolor físico, a ser un mero cuerpo sufriente, un objeto manipulado por la técnica, homenajeando un valor en el que ya no le es posible creer", añadió.
El debate también ha sido abordado por académicas como la doctora en Filosofía y especialista en Bioética, Diana Aurenque, quien señaló que se debe centrar en la "autonomía de las personas". "Lo que es bueno o malo, lo que es una buena vida y una buena muerte son visiones muy personales y tienen que ser protegidas para que uno pueda decidir, apoyadas por una legalidad y una institucionalidad que esté detrás", dijo.
También lo mencionó al inicio de la pandemia la activista por los derechos de las personas mayores, Ximena Abogabir, quien aseguró que a sus 72 años preferiría "tomarse la pastillita" si llegara a contagiarse de covid-19. "Esto del virus nos ofrece oportunidades de reflexionar juntos", dijo a The Clinic. "¿Cuánta gente vive por dos o tres años en un infierno y se come todos los ingresos de la familia y los deja a todos endeudados? Eso es tan frecuente. Vivir tres años que para ti fueron un infierno, una tremenda carga para ti y tus nietos, y al final te tienes que morir igual, es tan absurdo". cerró.
