Casi $3 mil millones de origen fiscal es el monto que habría sido utilizado para financiar el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) de la IV División del Ejército en Aysén, según la investigación realizada por el Ministerio Público y que contempla la formalización de más de 800 funcionarios de la institución en retiro y en ejercicio.
La indagatoria conducida por el fiscal regional Carlos Palma se inició en 2018, luego de una denuncia de la Contraloría General de la República que advirtió sobre el uso de recursos públicos para pagar a los acreedores del FAM, entidad creada en los años '50 y que recibía aportes de suboficiales para cancelar indemnizaciones en caso de retiro o traslados.
El fondo recolectaba los aportes desde las planillas de los funcionarios, los cuales fueron manejados en una cuenta del Ejército. Sin embargo, con el correr de los años, el fondo se quedó sin recursos, lo cual generó frustración entre sus beneficiarios, los cuales al momento de retirarse
comenzaron a recibir cerca de 2 mil pesos en vez de los 8 millones esperados.
Ante esa situación, se habría establecido un esquema para financiar el FAM con dineros fiscales obtenidos mediante distintos mecanismos, como el pago por servicios o solicitudes de financiamiento para viajes o estudios que nunca se realizaron, entre 2008 y 2016.
Palma explicó que se habrían usado 12 fórmulas para defraudar al fisco. "Por ejemplo, contratos de personas por servicios que nunca se hicieron, gente que fue contratada por seis meses para realizar ciertas funciones en la IV División y esas personas estaban viviendo en otras partes del país, donde nunca prestaron los servicios".
"Su única finalidad era reparar el perjuicio económico causado a propósito de la falta de cumplimiento de las obligaciones del FAM", dijo a El Mercurio, junto con detallar que cerca de 500 funcionarios están asociados a la autoría del fraude, a quienes se les adeudaba plata del fondo y se les entrega por otras vías.
El resto de los involucrados son quienes supuestamente idearon el esquema y lo pusieron en marcha, principalmente oficiales y suboficiales de distintos rangos del Ejército que participaron de distintas formas de sacar el dinero desde las arcas fiscales. La mayoría de los formalizados están retirados, pero cerca de 270 aún están activos.
Entre las fórmulas para extraer el dinero se crearon comisiones de servicio nacionales (intra y extra región), contratos a personal a honorarios y personal a contrata, extensión del cese de sueldo y despacho anticipado de fecha de retiro, becas educacionales, misiones de paz al extranjero y beneficios económicos.
