Tras una extensa audiencia que se prolongó durante toda la noche, el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió dejar en prisión preventiva solo a uno de los 17 individuos que fueron detenidos y formalizados por su presunta participación en delitos relacionados con el 18 de octubre de 2019.
Los delitos se relacionan con el lanzamiento y fabricación de bombas molotov, desórdenes públicos y bloqueos de calles con objetos contundentes, los que fueron cometidos entre el 18 de octubre de 2019 y el primer semestre de 2020.
La Fiscalía sostiene además que, según los antecedentes recabados, existiría una "asociación ilícita", ya que los individuos estaban organizados y respondían a un líder. "Se logró establecer que se trataba de un grupo organizado, que tiene jerarquía, mantiene liderazgos, hay personas que tienen distintos roles, incluso hay una que entrega dinero para la compra de bencina", sostuvo ayer la fiscal Paula Apablaza.
Los sujetos fueron detenidos en las últimas horas en un amplio operativo policial, desarrollado por Carabineros en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, que incluyó una serie de allanamientos en Iquique y Alto Hospicio.
En la audiencia de formalización –que se realizó entre las 17:00 horas de ayer y las 8:30 horas de hoy–, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para siete de los imputados, pero el tribunal solo concedió esa medida cautelar en el caso del líder de la asociación ilícita, tanto por cumplir ese rol como por ser el "autor inductor del lanzamiento de dos bombas molotov" en contra de un banco del sector.
Arresto domiciliario por "irreprochable conducta anterior"
En tanto, a los otros seis imputados sobre quienes también se solicitaba la misma medida cautelar –por fabricación o lanzamiento de bombas molotov– el tribunal los dejó con arresto domiciliario total. "La magistrado dio por acreditado que, efectivamente, cometieron esos delitos, pero debido a que mantenían irreprochable conducta anterior, decretó arresto domiciliario total", explicó el fiscal del caso, Maximiliano Mariángel. Entre ellos se encuentra una imputada en cuyo domicilio, ubicado a una cuadra de la zona cero, se fabricaban bombas molotov.
Ante esto, la Fiscalía apeló verbalmente para que la Corte de Apelaciones de Iquique revierta la medida y otorgue la prisión preventiva, ya que –según argumentó el fiscal– "las personas que cometen estos ilícitos, tanto de fabricación como de lanzamiento o porte de bombas molotov, arriesgan una pena efectiva de acuerdo a nuestra legislación".
"La jueza de garantía dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita, cuya función y plan criminal era confeccionar bombas molotov, lanzarlas y también ocasionar desórdenes públicos en el sector denominado zona cero de Iquique"
Maximiliano Mariángel, fiscal del caso
Respecto de los otros diez detenidos –imputados por delitos como desórdenes públicos y colocación de barricadas–, en que la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva, el tribunal determinó diversas medidas cautelares, como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de participar en marchas.
El fiscal Mariángel destacó que "en la audiencia, la jueza de garantía dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita, cuya función y plan criminal era confeccionar bombas molotov, lanzarlas y también ocasionar desórdenes públicos en el sector denominado zona cero de Iquique, donde hay numerosos establecimientos comerciales, como supermercados, bancos y bombas bencineras".
"Lo importante de esta audiencia es que se dio por acreditada esta asociación ilícita, la participación de varios imputados en la misma, y se dio por acreditado numerosos delitos que cometieron algunos miembros de esta asociación ilícita", subrayó.
Dentro de los antecedentes que se expusieron en la audiencia, se cuentan videos, fotografías, restos de bombas molotov que habían sido lanzadas, así como otras que no se habían utilizado y que estaban dentro del condominio que ocupaba el grupo "para operar y para esconderse cuando llegaba Carabineros a restablecer el orden público", detalló el fiscal. El tribunal otorgó un plazo de 120 días para realizar la investigación.