Con la declaración emitida este jueves por la DC, todos los partidos de la oposición se han abierto a estudiar o respaldar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, luego de la decisión que tomó el Mandatario de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para intentar detener el proyecto de tercer retiro del 10%.
En ese contexto, las colectividades y sus bancadas parlamentarias ya están trabajando con sus equipos jurídicos para usar esa herramienta, adelantando que al ir al TC, el Mandatario estaría incumpliendo el artículo primero, inciso quinto de la Constitución, el cual señala el deber del Estado de otorgar "protección a la población".
Sin embargo, distintos abogados constitucionalistas
ya han expresado sus reparos ante la posibilidad de acusar al jefe de Estado por esos motivos, subrayando que hay solo dos causales para acusar al gobernante: Haber violado abiertamente la Constitución y las leyes o haber comprometido gravemente la seguridad y el honor de la nación.
Al respecto, el jurista Jorge Correa Sutil comentó a Emol que "en razón de haber llevado el tercer retiro al Tribunal Constitucional, me parece que el Presidente está ejerciendo una atribución que la Constitución le establece. Mal podría entonces estar vulnerando o infringiendo la Constitución".
"Yo tendría que ver esa acusación para poder dar una opinión, pero el acudir por el tercer retiro tengo clarísimo de que no procede una acusación constitucional. Por otros motivos, tendría que ver un texto escrito", añadió, junto con destacar las dos causales que ya establece la Carta Magna.
"Tienen que ser actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución y las leyes. O sea, en ningún caso acudir al TC sobre la base de facultades que expresamente le son otorgadas podría desprenderse que están incluidas en estas causales", indicó.
Consultado sobre si la eventual infracción del artículo primero, inciso quinto, de la Constitución es un argumento válido, reiteró que "jurídicamente la acusación es improcedente en razón de haber ido al Tribunal Constitucional. Si hay otras causales, habría que analizarlas, porque esa no es una causal, clara y definitivamente".
En cuanto a si está disponible para analizar en profundidad la posibilidad de presentar un libelo en contra del gobernante junto a su partido, la DC, Correa Sutil indicó que hasta ahora no ha sido contactado por la colectividad, pero advirtió que "yo siempre voy a estar disponible para mi partido".
El análisis de Couso
En la misma línea, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, explicó a Radio Cooperativa que la acusación sería "completa y totalmente improcedente. La acusación constitucional en Chile es por ilícitos constitucionales que están tipificados en la Constitución".
"Por poco razonable, equivocado o catastrófico que sea del punto de vista político la decisión que ha tomado el Presidente, está de acuerdo a la Constitución. Es improcedente y esto solo viene a confirmar algo que adelantó Francisco Zúniga hace más de un año a propósito de la acusación contra la ministra Cubillos en 2019", dijo.
Según Couso, se ha producido
"una suerte de mutación constitucional en las acusaciones, porque han pasado a ser cada día más algo parecido a lo que son las mociones de censura en regímenes parlamentarios, donde es legítimo echar abajo a un gobierno porque está tomando decisiones poco razonables".
"En Chile, hay que haber violado abiertamente la Constitución y las leyes o haber comprometido gravemente la seguridad y el honor de la nación e insisto, por errado y poco prudente que sea lo que está haciendo el Presidente, porque deja además al TC en una situación imposible, no es algo que amerite una acusación", subrayó.
En cuanto al presunto incumplimiento de Piñera al precepto de otorgar protección a la población, el jurista indicó que "es opinable si da o no soluciones sanitarias al país. Y aunque así fuera, no ha transgredido abiertamente ni la Constitución ni las leyes ni ha comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación".
Asimismo, descartó que el hecho de que la actual Constitución esté a punto de ser modificada sea un elemento a considerar. "Ese es un análisis de ciencia social que uno puede hacer, pero decir que mientras no se promulgue la nueva Constitución está dejó de tener efecto es una muy mala forma de argumentar".
Peña critica "chantaje"
En tanto, la
ex presidenta del TC, Marisol Peña, también se mostró critica con la posible acusación, apuntando a
EmolTV que "yo creo que el chantaje en general nunca es una buena política en las relaciones humanas no en las relaciones entre los miembros de la sociedad (…) eso es volver ni más ni menos que a la incivilización".
"Entonces, primero, tengo un reproche de carácter ético hacia este proceder. Pero aun cuando a alguien no le pesen los temas éticos, sucede que las causales de acusación constitucional respecto del Presidente de la República son haber infligido el honor o la seguridad de la Nación, o la Constitución y las leyes", añadió.
En ese contexto, Peña se preguntó: "¿Cómo es posible siquiera pensar que si el Presidente está esgrimiendo la defensa de la supremacía constitucional como base de su acción ante el TC,
se pueda decir que está incumpliendo la Constitución?", junto con recordar que uno de los argumentos del Gobierno es resguardar la protección social.
"Hay que pensar que uno de los argumentos basales del requerimiento es decir ‘mire, aquí lejos de protegerse a las personas y la seguridad social’ (…) entonces, uno no entiende cómo, si no es por un ánimo de revanchismo, puede existir una base jurídica, constitucional, realmente razonable para iniciar una acusación", enfatizó.
En esa línea, sobre la postura de la oposición de que Piñera no estaría protegiendo a la gente, sostuvo que "eso ya entra a una apreciación subjetiva o de mérito. Hasta qué punto las políticas públicas que ha desarrollado ahora el Gobierno son las conducentes para satisfacer las necesidades de los chilenos durante la pandemia".
"Y eso no es motivo de acusación constitucional. Repito, las causales son infringir el honor o la seguridad de la nación e infringir la Constitución o las leyes, pero no hay ninguna causal de acusación constitucional que permita reprocharle al Presidente de la República la forma que ha llevado adelante una política pública", concluyó.
