Lo novedoso no fue que la oposición ingresara una nueva acusación constitucional contra un ministro del gabinete de Sebastián Piñera —desde 2018 a la fecha se han presentado 12— sino que esta vez no estaba firmada solamente por diputados del Frente Amplio o el Partido Comunista: fueron 12 parlamentarios desde Camila Rojas (Comunes) hasta Mario Venegas (DC) quienes apoyaron el libelo para acusar al ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Por eso, en parte, es que las implicancias de la acusación como hecho político exceden el destino del titular de Educación. "Está firmada de manera transversal por diputados de Apruebo Dignidad y de Unidad Constituyente (UC), lo cual es inédito en comparación con las anteriores. Eso demuestra cierta unidad en esto", explica el académico del Centro de Análisis Político de la U. de Talca, Mario Herrera.
Se trata de una señal interesante en medio de un fragmentado escenario para "las oposiciones": llegaron a la Convención en dos listas separadas, se enfrentaron en la segunda vuelta de gobernadores, no lograron unificarse para las primarias presidenciales y nada hace presagiar que puedan llegar a un consenso para las parlamentarias. "Que esto se vaya a transformar después en una unidad de cara a la elección de noviembre es difícil, pero teniendo la mayoría no habían podido hacer una acusación así con anterioridad", comenta.
"Uno esperaría que, si un diputado firma, el resto de su partido lo apoye", prosigue Herrera. Y es que el libelo efectivamente "puede ser una buena oportunidad para probar la capacidad de la oposición de construir acuerdos en la mira de la futura contienda electoral", comenta por su parte la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Mireya Dávila, a Emol.
Sin embargo, la docente cree que el impacto de la acusación, en un contexto "en que la política nacional está cruzada por varios temas como la Convención, las recientes primarias, la instalación de los gobernadores y las decisiones electorales de UC", puede también ser "menor". "Su impacto solo será mayor en caso de ser aprobada", advierte. Mientras eso no ocurra, hay otras implicancias que podrían volverse relevantes.
Mucho más que Educación
Desde que la Convención Constitucional se impuso en el Plebiscito de octubre de 2020 como el método elegido para construir la nueva Carta Magna, la expectación por su construcción era alta. El interés solo subió cuando en abril se definió quiénes serían sus miembros y desde que entró en funcionamiento el 4 de julio que el órgano constitucional acapara todas las miradas.
Por eso, Herrera ve en la acusación también "bastante de retomar el protagonismo por parte del Congreso con respecto a lo que ha sido la Convención estas dos semanas", dice. Suma, además, que "tenemos elecciones en noviembre" donde muchos de los parlamentarios se juegan su reelección. "Probablemente, lo que quieren hacer los diputados es rendir cuentas sobre estas cuestiones", asegura.
"Hay bastante de retomar el protagonismo por parte del Congreso con respecto a lo que ha sido la Convención estas dos semanas y además tenemos elecciones en noviembre"
Mario Herrera
En caso de aprobarse, podría además generar un conflicto por la forma en que se ha interpretado el tema: como una oposición entre quienes buscan el retorno a clases y quienes creen que es más responsable seguir postergándolo. "Existen distintas posiciones, tanto en el propio Gobierno como en la sociedad", dice Dávila.
"El Colegio de Profesores, algunos padres y también desde el sector de los gobiernos locales —donde algunos alcaldes, como la de Santiago, han criticado la educación pública" la idea del regreso es resistida, dice la académica. Según Herrera, existe consenso en la necesidad de volver pero "no hay apoyo de los gremios". De hecho, hay grupos organizados de apoderados que han presionado por el retorno. Para que la acusación prosperara, comenta, tendría que enfocarse en las subvenciones y los temas con los profesores, más que en el aspecto sanitario.
Por último, un avance del libelo hacia la Cámara Alta implicaría la llegada de una pelota caliente a las manos de Yasna Provoste (DC), presidenta del Senado y barajada como posible candidata presidencial. En otro momento, fue ella la ministra de Educación acusada constitucionalmente, por lo que se subentiende que se podría tratar de un tópico sensible para ella.
"Como bien sabe Provoste, una acusación no solamente te saca del cargo sino que además genera una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años", cierra Herrera. "Esta decisión, por más que queden siete meses de gobierno, se entiende sobre todo en esa línea".
