Oposición se reunió para tomar una postura conjunta.
Aton
La reunión se realizó en una de las salas de comisión del segundo piso de la
Cámara de Diputados y a ella fueron entrando poco a poco los distintos jefes de las bancadas de oposición. Llegaron todos, desde
Apruebo Dignidad hasta Nuevo Pacto Social -aún más considerando que hoy fue el primer día en que se dio por finalizado el trabajo telemático en la Corporación iniciado en pandemia- pero desde este último bloque, solo falto uno: la Democracia Cristiana.
Tras cerca de 40 minutos, el punto de prensa para comentar lo que ahí se zanjó comenzó con el mismo partido faltante, hasta que ya avanzado apareció corriendo el diputado
Gabriel Silber quien se ubicó en medio de sus colegas y después aseguró representar a todos los falangistas en el acuerdo zanjado por la centroizquierda de iniciar a elaborar los fundamentos que sustenten una
acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera.La acción, que podría ser también una comisión investigadora o una presentación ante la justicia, se basa en su supuesta participación activa en la venta de la
minera Dominga. El tema cobró fuerza luego de que se diera a conocer un artículo publicado por Ciper Chile, realizado en el marco de la investigación denominada
"Pandora Papers", donde se alude a su supuesta intervención en el traspaso de sus acciones por 152 millones de dólares a
Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas."Las bancadas de oposición, si bien es cierto la DC no ha participado en ello, pero el diputado Silber ha manifestado su voluntad y su decisión de participar en nombre de la DC en estas reuniones, de tal manera que estamos hablando en nombre de toda la oposición", señaló el diputado
Jaime Naranjo (PS). Agregando que "nosotros consideramos que los hechos que el país ha conocido nos parecen extraordinariamente graves y delicados, particularmente por quién representa en nuestro país el presidente de la república y por tanto creemos que esto hechos tan graves y tan delicados ameritan que la oposición ponga sus equipo jurídicos a disposición para iniciar el estudio de una acusación constitucional al presidente de la república, por cierto que vamos a recopilar mayores hechos y antecedentes que permitan fundamentar con mayores argumentos esa vía y ese camino".
Los parlamentarios resaltaron que está "la voluntad y la disposición" para presentar la acusación, explicando que decidieron organizar un equipo técnico y jurídico con abogados de todas las bancadas, para que elaboren lo que sustentaría un libelo.
"Creemos que todas las bancadas van a estar presentes, es lo que esperamos por la gravedad misma de estos hechos. Para eso hemos puesto desde ya a nuestros equipos jurídicos y asesores legislativos a trabajar junto a expertos constitucionalistas en los detalles de esta acusación constitucional", dijo el diputado
Tomás Hirsch (ind-Apruebo Dignidad).
Más tarde, tras sumarse corriendo a la vocería ante los medios, el diputado Silber informó que "hoy hay tal vez un disenso técnico procesal, pero no de fondo, no desde el mérito respecto de la pertinencia de una acusación constitucional debido a la gravedad de los hechos conocidos el día de ayer donde no solamente abusando de la elusión fiscal que entregan los paraísos fiscales, sino que además condicionando lo que es una acción pública como la no declaratoria de protección de una determinada zona, a la viabilidad o al tercera cuota de un proyecto".
Consultado sobre si él representa a toda la bancada de democratacristianos, el diputado indicó que "nosotros nos vamos a abocar al estudio con la oposición, esa es nuestra decisión, actuar de manera conjunta con nuestros abogados".
De prosperar la presentación de la acusación se necesitaría la firma de un mínimo de 10 diputados (y máximo 20) para ingresarla ante la Cámara y sería la segunda que se concreta en este período contra el Mandatario, luego de que en diciembre de 2019 al no contar con votos de parte de la DC y el Partido Radical se cayera una en que se le apuntaba por su responsabilidad en violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social. Además en abril pasado la oposición intentó presentar una acusación, sin embargo, terminó "congelada" tras el revés que sufrió el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional al querer frenar el tercer retiro del 10%.
