Derecho a la salud "en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales", a la educación, al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; a la vivienda, la ciudad, a la tierra y al territorio, de las personas con discapacidad; y de disidencias y de diversidades sexuales. Esos son solo algunos de los tópicos que deberán ser tratados en la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, donde, a partir de este lunes, se irá configurando el catálogo de derechos sociales que podría contener la nueva Constitución.
La Carta Fundamental vigente en su artículo 19 considera 26 derechos, de los cuales 11 son considerados sociales. Pero teniendo en cuenta el temario de la comisión de Derechos Fundamentales, ese número podría crecer y con ello no solo podría aumentar el gasto fiscal, sino también el riesgo de no poder cumplir las garantías y que se genere mayor judicialización y descontento ciudadano. Es la delgada línea sobre la cual deberán deliberar los convencionales, plantean académicos y especialistas.
En términos económicos,
Paula Díaz, directora ejecutiva del
Observatorio del Gasto Fiscal, explica que “una manera responsable de abordar un catálogo de derechos fundamentales tiene que ver con la capacidad para poder cumplirlos. Lo más razonable sería establecer un plazo en donde vaya entrando en vigencia de manera paulatina a medida que se vaya trabajando en los aspectos de sostenibilidad fiscal”. Y para ello, dice la administradora pública, "debe ser una discusión transversal con los otros poderes del Estado, independiente de que la constituyente tenga las potestades para definirlo".
Por su parte, Rodolfo Figueroa, director del Departamento de Derecho Público de la U. Diego Portales, señala: "Que un derecho social sea difícilmente financiable, no sería una razón para que no esté".
Ejemplifica con el derecho a la vivienda, el que podría implicar un alto gasto fiscal, pero que "tiene que estar porque así puedes controlar al Estado sobre qué está haciendo en este tema, pero sin meterse mucho más”. Así, agrega, se puede ir "presionando para que el Estado vaya cumpliendo ciertas metas".
Sin embargo, Figueroa cree que la redacción de dichos derechos tiene que ser “en un punto intermedio. Esa es la parte difícil (...). Las cláusulas constitucionales y los derechos fundamentales deben tener el nivel de generalidad que tienen, por ejemplo, los tratados de derechos humanos. La Constitución no puede ser un contrato de seguros".
Generar la estructura
"Hay que tener presente que la implementación de estas normas va a corresponder a los distintos poderes del Estado. No podemos esperar que la Constitución regule todo. No basta con tener un catálogo de derechos fundamentales robustos, sino que además tenemos que generar una estructura estatal que sea capaz de poder cumplir, y para eso tener un Estado potente, con mayor recaudación fiscal, va a ser más que importante", plantea el convencional César Valenzuela (PS).
La idea de que junto con establecer nuevos derechos sociales se deberá modificar la estructura pública es compartida. El convencional Alfredo Moreno (ind. en cupo UDI) sostiene que "debemos organizar nuestro Estado, nuestro poder político, de manera tal que se puedan hacer efectivos esos derechos". Eso sí, a su juicio, no debe haber un catálogo interminable, sino "una lista de derechos que podamos garantizar y que al mismo tiempo la gente tenga las formas de exigir que se cumpla”.
En esa línea, su par RD Tatiana Urrutia señala que hay instituciones que "deben tener rango constitucional que aseguren su implementación", por lo que precisa que esta discusión “no va a ser aislada de la de distribución del poder y el nuevo modelo de desarrollo económico”. Sin embargo, dice que "todos los cambios son paso a paso".
Ejecución paulatina
Para la convencional Bárbara Rebolledo (ind. en cupo Evópoli), "si bien son hartos los derechos que vamos a comenzar a discutir, hay que hacerlo con una mirada realista (...). Esto debe ser progresivo, debe ser con tiempo, debe ajustarse a la billetera fiscal, porque de lo contrario vamos a escribir cosas que no podamos cumplir".
Asimismo, la convencional Lidia González (pueblo yagán) precisa que la implementación depende "del carácter de ciertos derechos. Creemos que algunos derechos indígenas, como el reconocimiento, son de fácil aplicación, mientras que otros requerirán importantes reformas que los próximos congresos deberán realizar, como por ejemplo la plurinacionalidad o los derechos lingüísticos”. Añade que si bien ningún derecho está por sobre otro, “impulsaremos que haya una discusión bien estructurada en torno a la categoría histórica de los derechos".
Algunas propuestas
El centro de estudios Horizontal elaboró el documento "Reconfiguración de los derechos sociales. Primera parte: derecho a la educación y a la protección a la salud", en el que se establece que es importante que "cada derecho social debe tener una estructura que precise su núcleo esencial, la configuración legal de los aspectos más relevantes; el sujeto obligado a la satisfacción del derecho y uno o más deberes específicos del Estado". También, el documento señala que se debe establecer la "acción judicial ante una nueva justicia administrativa, para reclamar las prestaciones aseguradas en la ley que configuran el derecho", entre otras sugerencias, como la responsabilidad fiscal.
El texto también entrega propuestas. Respecto de educación, plantea reforzar el objeto de la educación, ya que "no es solamente un componente individual, sino que también un componente cultural de respeto a los derechos humanos y a las libertades personales, y ahí nos queremos acercar al estándar definido en el derecho internacional de los derechos humanos", explica
Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal. Añade que también se debiera “robustecer que el derecho a la educación no puede debilitar la libertad de enseñanza. Son pequeños ajustes a lo que hoy día existe”.
Respecto de salud, el documento propone "reconocer con claridad el derecho a la promoción y a la protección de la salud". Obach señala que "no puede quedar todo consagrado en la Constitución, pero el cambio central debería impulsar el tránsito desde el sistema dual (Fonasa-isapres) que hoy tenemos, hacia una nueva seguridad social que permita avanzar un poco al legislador hacia este fondo común".
