Imagen referencial de ataque ocurrido en Macrozona Sur.
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La Corte Suprema acogió seis recursos de protección presentados en contra de tres autoridades de Gobierno, los cuales fueron interpuestos por víctimas de violencia rural en la Macrozona Sur, a quienes según el máximo tribunal, se les ha "
vulnerado por no adoptar medidas que permitan enfrentar adecuadamente las acciones de violencia constante que se registran en las zona sur del país".
Por ello, la Corte Suprema ordenó a las autoridades recurridas "adoptar a la brevedad las coordinaciones conducentes a la implementación de un plan que entregue una protección eficiente e integral de la población de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, afectadas por la denominada violencia rural".
De acuerdo con el fallo, se trataría de 35 personas víctimas de violencia rural, quienes interpusieron un recurso de protección en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, Patricio Kuhn, en su calidad de intendente de la Región del Bíobío y en contra de Óscar Muñoz, gobernador de la Provincia de Arauco
En las sentencias, la Tercera Sala del máximo tribunal, estableció "actuar arbitrario de las autoridades recurridas al no adoptar medidas que permitan enfrentar adecuadamente las acciones de violencia constante que se registran en las zona sur del país y que afectan a los grupos más vulnerables de la población".
Además, el documento agrega que "en consecuencia, la conducta de los órganos recurridos resulta ser arbitraria, en vista de que si bien es efectivo que una parte importante de los efectos económicos, sociales y emocionales ocasionados con los actos de fuerza evidenciados en la zona sur del país, han sido abordados a través de la implementación de diversos programas de acción, lo cierto es que los hechos develados en la presente acción de cautela de derechos, demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica".
Pues, el fallo concluye que "un grupo considerable de la población continua viéndose privada o al menos limitada de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces y, del mismo modo, de gozar de la ansiada integridad física y psíquica".
Considerando todo lo anterior es que la Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado las acciones legales, argumentando que como Poder Judicial no podía intervenir en otro poder del Estado como el Ejecutivo, y ordenar políticas públicas de seguridad.
