"No tengo duda ninguna de que nuestra futura Constitución garantizará el derecho al cuidado y construiremos en conjunto las bases de un Estado que cuide", afirmó este miércoles en el pleno de la Convención la constituyente y fundadora de la asociación Yo Cuido, Mariela Serey (Frente Amplio).
Entre los 43 tópicos mínimos a tratar por la comisión de Derechos Fundamentales está el derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, tema que incluyeron en sus programas cuando postulaban al cargo 51 de los 155 convencionales electos del Frente Amplio, Independientes No Neutrales, Chile Digno, Colectivo Socialista, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblo Constituyente.
El tener un "Estado cuidador" fue mencionado por 13 convencionales durante sus discursos de apertura y este miércoles 60 convencionales (donde se suman constituyentes como Tiare Aguilera de escaños reservados y Bessy Gallardo del Colectivo del Apruebo) adhirieron a un oficio de Serey dirigido a la presidenta de la Convención para solicitar, en el marco de la conmemoración, hoy, del Día nacional de la cuidadora informal, considerar los cuidados como eje central del trabajo constitucional.
La idea ha tomado fuerza de manera transversal, ya que también tiene el apoyo de Independientes RN-Evópoli, desde donde Bárbara Rebolledo afirma que "debemos buscar una manera en que el Estado tenga la capacidad de reconocer el trabajo de aquel que se desempeña al interior del hogar".
Equidad de género
El trabajo no remunerado incluye las labores domésticas y de cuidados en el propio hogar y aquellas para otros hogares o la comunidad, y recae principalmente en las mujeres. Según la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2015), en Chile las mujeres destinan 5,8 horas del día a trabajos no remunerados, mientras que los hombres, 2,59 horas.
Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, afirma que “ese trabajo soporta la vida social y económica de los países” y que en el caso de Chile, de acuerdo con un estudio realizado por Comunidad Mujer, el valor del trabajo no remunerado alcanzaba los $44,5 billones de 2015, lo que representaba el 21,8% del PIB ampliado.
Este año, el Banco Central hizo el ejercicio con cifras 2020 y detectó que su aporte al PIB ampliado aumentó a 25,6%.
Por lo anterior, Sepúlveda afirma que "es muy importante que la nueva Constitución contemple un Estado que reconozca los cuidados como una parte fundamental de la vida en sociedad" y que considere el principio de corresponsabilidad "entre hombres y mujeres, al interior de los hogares, pero también del Estado y las familias". Agrega que "
son millones de personas que subsidian los sistemas de protección social, en general, y la seguridad social, en particular, porque, finalmente, lo que se está haciendo es ahorrarle plata al Estado cuando cuidas en tu casa a un niño o niña o adulto mayor y no lo estás mandando a un centro de día o de larga estadía".
En la misma línea, Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva y cofundadora de Chile Mujeres, plantea que "sería muy significativo tener este reconocimiento en este minuto, cuando la pandemia visibilizó mucho lo que es el rol del cuidado y cómo este afecta las oportunidades laborales principalmente de las mujeres". Añade que "es un valor social que se ha invisibilizado por demasiado tiempo y que esté en la Constitución es una herramienta de políticas públicas y de cambio cultural".
Ambas coinciden en que el reconocimiento a nivel constitucional tiene como sentido promover la creación de políticas públicas que, de acuerdo con la experiencia internacional, podrían ir desde hacer mediciones y valorizaciones periódicas del trabajo no remunerado a crear pensiones y hasta rentas para quienes realicen estas labores, dependiendo de la factibilidad económica del país.
A nivel constitucional
En la región hay ejemplos de constituciones donde se ha incluido el cuidado y trabajo no remunerado. La Carta Magna de Bolivia establece que "El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas".
La Constitución de Venezuela, en tanto, explicita que "(...) El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley". Por su parte, en la Carta Fundamental de República Dominicana se lee que "el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales".
La Constitución de Ecuador es la que se explaya más al respecto: "Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley".
En Chile, en tanto, en marzo de 2019 se presentó al Congreso una moción en la cual se propone incorporar en la Constitución que "El Estado reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas, sociales y promoverá su incorporación en el presupuesto de la nación. El Estado promoverá un régimen laboral que permita compatibilizar en armonía las labores de cuidado humano". El proyecto está en primer trámite.
Experiencia nacional
Al respecto, en el país ya existen iniciativas en esa línea, como la red de salas cuna y jardines infantiles Junji/Integra, el programa de 4 a 7 para el cuidado de niños y niñas después de la jornada escolar, o el sistema Chile Cuida, que forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social.
La convencional Bárbara Rebolledo señala que actualmente “el monto destinado al cuidado de personas es parte del presupuesto nacional que cada año se aprueba y, hoy, alguien que tiene al cuidado un tercero recibe un estipendio de aproximadamente $29.500. Debemos avanzar a un aumento progresivo de esta suma que, en total, hoy llega a los $9.000 millones aproximadamente”. Añade que el sistema nacional de cuidado tiene un presupuesto anual de $6.500 millones para 2021 y que "se debe avanzar en el reconocimiento del trabajo no remunerado de aquellos que tienen al cuidado un tercero. Esto se debe incorporar como un deber del Estado (en la nueva Constitución) y como un mandato al legislador".
Constanza Schönhaut (FA), en tanto, señala que la idea de un Estado cuidador es "una perspectiva transversal, que tiene que bajar tanto a nivel de principios y carácter de Estado como a nivel de derechos". Y en eso, dice, "el más importante va a ser el Sistema Nacional de Cuidados, que implica no solo el reconocimiento del trabajo doméstico, sino que avanza también hacia una corresponsabilidad social".
