La autonomía del Banco Central, el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, la posibilidad de un plebiscito dirimente, los mecanismos de control público y la creación de un “ente fiscalizador” al interior del Ministerio Público. Todo aquello se abordó en la sesión de este martes de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional.
En la cita -que duró casi cinco horas- expusieron el presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva, el presidente del Tribunal Constitucional Juan José Romero, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, el presidente del Servel, Andrés Tagle, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y el ministro vocero del Tricel, Jorge Dahm, que asistió junto a la secretaria relatora de ese mismo órgano, Carmen Gloria Valladares.
Uno de los temas que se abordó tiene relación con la
autonomía del Banco Central, muy debatida en la etapa previa de la Convención Constitucional. En este contexto, Marcel realizó una exposición sobre los bancos centrales del mundo, el rol que tiene este ente en Chile, y contestó por la importancia de que se mantenga su autonomía.
“La autonomía se introdujo en los bancos centrales con la idea de que hubiera una institución que se focalizara en el control de la inflación y la estabilidad financiera. Eso permite que el control de la inflación no esté sujeto a los ciclos políticos ni a la interferencia de los gobiernos”, comentó.
A Andrés Tagle se le consultó por la posibilidad de realizar el plebiscito dirimente que aprobó la Convención en su reglamento y mencionó las dificultades al respecto: el que solo se pueden realizar las elecciones y plebiscitos contemplados en la Constitución, el confeccionar un padrón con el tiempo suficiente y los costos.
En cuanto a la participación de los independientes en las elecciones y la “discriminación” que acusó el convencional Manuel Woldarsky (ex LLDP), Tagle contestó que “un independiente que actúe solo es correcto, pero un independiente que actúe agrupado no está dando cumplimiento a la Ley de Partidos Políticos”.
“Entiendo que se hizo una excepción para la elección de la Convención y el caso podía ameritarlo, pero en régimen permanente es, si hay una ley de partidos políticos, está para cumplirse. Creemos que la política es mejor con ley que sin ley”.
El contralor, el fiscal Nacional y la Corte Suprema
También se abordó en la comisión las posibles reformas relativas al Poder Judicial, con una exposición de Silva que tocó la posibilidad de que la Corte Suprema solo se aboque a temas jurisdiccionales y dejen de lado los sistemas de nombramientos, evaluaciones y asuntos disciplinarios.
“La Corte Suprema está de acuerdo con que todas estas actividades salgan de la Corte Suprema y nos dejen únicamente con las materias jurisdiccionales, que los nombramientos pasen a otros órganos. Eso nos dejaría muy tranquilos como ministros”, afirmó Silva.
En cuanto a los abogados integrantes, aseguró estar de acuerdo con eliminarlos, pero sin proponer una forma de reemplazarlos porque “si se reemplaza con jueces del Poder Judicial, nos descubrimos los pies para cubrirnos la cara. La verdad es que hemos barajado muchas soluciones pero no encontramos una adecuada”.
El contralor, en tanto, destacó que “la Contraloría ha sido un crucial contrapeso al poder Ejecutivo, fiscalizando desde grandes decisiones de política del Presidente de la República hasta las más cotidianas actuaciones de los servicios públicos”.
Propuso como punto central el poder generar un “Consejo de la Contraloría”, paritario y que asista en la deliberación de asuntos del ente.
Abbott propuso la creación de un sistema de control alojado en el mismo Ministerio Público que fiscalice a los fiscales y que responda al fiscal nacional.
Además, comentó que el Ministerio Público está de acuerdo con un “control cruzado de las decisiones que toman los fiscales regionales, a través de creación de comités penales similares al Consejo del Estado”, de tal forma que las decisiones no queden unilateralmente radicadas en los fiscales, lo que ha generado ciertos conflictos en casos de alto impacto público, como los de financiamiento ilegal de la política.
Sobre la relación con las policías, declaró que “es fundamental que el Ministerio Público tenga una mayor injerencia en el actuar de las policías y ejercer o promover acciones disciplinarias en caso del incumplimiento de las instrucciones investigativas dadas por el fiscal”.
