Desde el inicio del trabajo de la Convención, uno de los temas que ha generado mayor controversia es la contratación de asesores. Desde la destinación de presupuesto a ese ítem, la naturaleza de sus funciones, los requisitos para el cargo, el empleo de parientes, hasta el retraso en los pagos para quienes han ejercido esta función, han estado dentro de las críticas.
Poco además se conoce sobre quiénes son los asesores, ya que la información no está disponible en la página web de la Convención (a diferencia de lo que sucede con los asesores parlamentarios), por lo que se puede acceder a ella solo a través de la Ley de Transparencia.
Según el Reglamento de Asignaciones, cada convencional cuenta con 40 UTM mensuales (2,1 millones de pesos, aproximadamente) para contratar personal de apoyo, respecto de quien puede definir la idoneidad para el cargo (no hay restricciones de profesión o nivel de estudios) y las únicas prohibiciones son la contratación de funcionarios públicos, lobbistas, candidatos a algún cargo y parientes.
Mediante una respuesta obtenida a través de la Ley de Transparencia, la secretaría de la Convención informó que hasta el 15 de noviembre, 330 personas fueron contratadas para prestar servicios entre agosto y diciembre a 142 convencionales, por un monto de mil millones de pesos.
Hasta ahora, los convencionales que más contratos han suscrito son Carolina Vilches (Movimientos Sociales Constituyentes), con seis asesores, seguida por Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente), Ingrid Villena (Pueblo Constituyente), Gaspar Domínguez (Independientes por una Nueva Constitución), Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente), Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo), Amaya Alvez (Frente Amplio) e Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), con cinco asesores cada uno.
Mientras que 12 convencionales no registran asesores (Hernán Velásquez, Erika Portilla, Agustín Squella, Rosa Catrileo, Fernando Tirado, Arturo Zúñiga, Cecilia Ubilla, Cristián Monckeberg, Luis Mayol, Hernán Larraín, Álvaro Jofré y Elsa Labraña), aunque consultados por El Polígrafo varios de ellos aseguran que han realizado contrataciones durante las últimas semanas.
Más asesores comunicacionales que jurídicos
Al analizar los datos, uno de los puntos más llamativos es el tipo de trabajo que desempeñan los asesores de quienes deben escribir la nueva Constitución: la mayor parte de los convencionales ha optado por contratar servicios comunicacionales por sobre asesorías jurídicas o de contenidos.
Cuatro de cada 10 asesorías (133 en total) son en el área de las comunicaciones, con encargados de prensa, redes sociales, servicios de edición de video, “estrategia digital” y diseño web.
En segundo lugar está el área jurídica, con 78 contratos (22%). Dentro de estos servicios, se logró identificar a 63 personas como abogados (con la información disponible en el Poder Judicial) y el resto son licenciados o egresados de la carrera e incluso un profesor de Educación Física con un magíster en Ciencia Política.
El promedio de titulación de los abogados que trabajan en la convención es 7 años, siendo quien tiene mayor trayectoria un titulado en 1999. En el otro extremo se encuentran siete abogados titulados durante este año.
Dentro del grupo de asesores abogados, la casa de estudios que más se repite es la Universidad de Chile, con 16, y mucho más lejos, con 4 profesionales, la Universidad Católica, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Andrés Bello.
Además, hay 13 universidades con un solo abogado entre los asesores, entre ellas, la U. del Desarrollo, la U. Austral, la U. de Talca y la U. Bolivariana.
Otros servicios contratados
Otras asesorías que han sido contratadas por los convencionales son apoyo para la coordinación territorial (59) y tareas administrativas (35), además de 33 servicios identificados como "asesorías profesionales" que no especifican su función, ejercidas por antropólogos, ingenieros comerciales y sociólogos, entre otros.
Además se menciona a 14 jefes de gabinete y un chofer, que fue solicitado por la convencional Patricia Labra (Ind.-RN-Evópoli).
También llaman la atención algunas asesorías en temas específicos, como tres relacionadas con los pueblos originarios (contratadas por Margarita Vargas, Tiare Aguilera y Victorino Antilef, de los pueblos kawéskar, rapanuí y mapuche, respectivamente) y una asesoría económica para la convencional Bessy Gallardo.
