La Convención Constitucional definió que dentro del proceso existiría una consulta indígena. Los plazos, las formas, y el detalle del diseño se lo derivó, vía reglamento, a la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena. La integración de ese órgano se aprobó recién el miércoles y el plazo de inicio para la consulta que se fijó en el cronograma ya está en riesgo.
Quedan exactamente tres días para que parta el proceso, que fue establecido desde el 6 de diciembre. Pero el cumplimiento de esa fecha es "muy complejo", según dicen distintas voces de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, encargada de encaminar la consulta.
Los factores que dificultan la implementación son dos: la demora en la constitución de la secretaría, y el hecho de que todavía los pueblos originarios no han logrado consensuar un documento base para el proceso que deje satisfechos a todos los sectores.
Todavía, tampoco, se ha abordado en profundidad el problema de los recursos. El convencional Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social, compartió en una exposición en la comisión la cifra que costó la consulta durante su gestión: $960 millones.
"Sabemos todos que estamos con tiempos muy limitados, tenemos también la falta de la Secretaría Técnica y que tengamos señales de que si vamos a necesitar recursos, tendremos los recursos disponibles. Ojalá que este Gobierno pueda facilitar este proceso, que es tan importante para nosotros", dijo Margarita Vargas (kawésqar), coordinadora de la comisión.
Los problemas del documento base
El cronograma estipula un periodo de dos meses, desde el 6 de diciembre para la realización del proceso de consulta, pues a partir de febrero comienza la sistematización de la información recabada en ese trabajo. El diseño de todo aquello aún no existe, solo están los principios básicos por los que se debe regir.
"Hay que actuar con la criteriosidad permanente de ir ajustando los plazos, porque no es un problema exclusivo de la comisión de la consulta indígena. El tiempo que se destinó a la Convención es extremadamente acotado. Un año no se condice con la magnitud del propósito", afirmó Marcos Barraza (PC), integrante de la comisión, sobre los plazos.
Lo que más ha dilatado el proceso es la confección de un documento base de la consulta, que debían terminar y votar en un plazo máximo de 15 días desde iniciada la comisión. Ese plazo ya no se cumplió y el convencional Eduardo Cretton (UDI) solicitó a la mesa directiva, vía oficio, que el reglamento se reforme.
"Mientras eso no esté listo el documento no puede comenzar la consulta y si no comienza la consulta, malamente podríamos comenzar a debatir y deliberar entre los escaños. Sería una pérdida de tiempo y un desaire a las comunidades, que alcanzáramos acuerdos dentro de la Convención sin que haya iniciado primero ese mismo debate en los territorios", opinó Wilfredo Bacián (quechua), consultado por el tema.
La discusión sobre el texto base volvió a resaltar las diferencias entre los distintos pueblos originarios y sus tendencias al interior de estos. El 12 de noviembre, la comisión aprobó en general un documento base de 150 páginas que no solo plantea temas a consultar, sino que propone directamente normas y hasta artículos transitorios.
Entre esos: el fin a las concesiones mineras y la constitución de una comisión que en no más de dos años establezca una "política de restitución de territorios ancestrales de los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile, y de recuperación de la propiedad comunitaria de los bienes naturales, dando preferencia a la restitución de los sitios sagrados".
En esa votación se abstuvieron 9 de 20 constituyentes, argumentando que el documento contenía normas demasiado específicas, que no contemplaba temas como los derechos lingüísticos, y que no permitía la deliberación abierta de los pueblos. Entre los escaños reservados, impulsan el documento base Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Wilfredo Bacian e Isabel Godoy; y entre los críticos de él están Elisa Loncon, Rosa Catrileo, Luis Jiménez, Tiare Aguilera e Isabella Mamani.
La solución fue abrir un plazo de indicaciones, que trajo una nueva polémica: los constituyentes que no estaban de acuerdo con el documento base presentaron una indicación que pretendía reemplazar el cuerpo completo del texto. No obstante, los demás convencionales les objetaron la forma del documento, lo que entrampó la discusión y generó una serie de recriminaciones, entre "no respetar la palabra" y "pasar máquina".
"A nosotros siempre nos han dejado un poco de lado a pesar de la insistencia de que nos integren al trabajo. En el momento en que decidan abrir las puertas a que todos los integrantes de la comisión estemos presentes en todas las instancias, esto va a cambiar. No puede ser, si estamos dentro, que para algunas cosas nos consideren y para otras nos dejen de lado. Así tendrían otra mirada, que también quiere que esto resulte", comentó Angélica Tepper (RN), integrante de la instancia.
La coordinación envió un oficio a la mesa directiva en el que solicitan un pronunciamiento sobre si es posible votar una indicación sustitutiva del texto completo, cuando ya se aprobó en general; y en ese interludio están: a la espera de la respuesta de la mesa, recibiendo en audiencias a expertos sobre las consultas indígenas.
"No hay una intención de deslegitimar este proceso ni entrabarlo porque hemos ya conversado internamente los convencionales que es necesario que avancemos, pero queremos un pronunciamiento de un ente externo a la comisión, al pleno, a los integrantes. Esperamos que de aquí al viernes ya tener una respuesta definitiva y poder ya iniciar el proceso definitivamente para la consulta en los territorios", contestó Margarita Vargas a Emol.
No obstante, hasta este viernes aún no había una definición por parte de la mesa directiva y el asunto recién se podría evaluar en otra reunión de la testera, que se estaba coordinando para este viernes, el fin de semana o el lunes 6 antes de la próxima sesión de la comisión.
Los escaños reservados no salieron indemnes de todo aquello y los mismos constituyentes hablan de "dos sectores" en el grupo. "La cosa está muy densa", grafica un representante de los pueblos del norte. En el medio se cruza la definición que tendrán que hacer en las próximas semanas, sobre a quién respaldar para las vicepresidencias adjuntas de la Convención, que deben rotar el 4 de enero.
"Si la Convención se sigue dedicando a viajar por el país va ser imposible cumplir el cronograma. La comisión ha sido incapaz de cumplir con los plazos establecidos, principalmente por la falta de liderazgo y pésima conducción de los coordinadores y porque al interior de los mismos escaños reservados hay una disputa en torno a cómo se debe realizar la consulta", criticó Cretton.
La Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena recién avanzó esta semana. El miércoles, luego de un tenso debate, la Convención logró aprobar la nómina de integrantes, que solo contempló candidatos propuestos por los mismos escaños reservados.
No obstante, aún deben empezar las tareas que les encomendó el reglamento. Esa es la secretaría que tendrá que diseñar, ejecutar y llevar a cabo la participación y consulta, cumpliendo las recomendaciones que le imparta la comisión.
Esa misma instancia debía -antes de la etapa de generación del documento base- participar del proceso de información y difusión de la consulta, además de hacer un llamado general convocando a participar. Todo eso aún está pendiente.
