Aton/El Mercurio/La Segunda
El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió sancionar a tres autoridades de gobierno (dos de Salud y uno del Interior) por infracciones en materia de entrega de información.
En el caso de la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, con castigos que en suma alcanzarían un 75% de su remuneración promedio anual, y de un 65% en el caso del subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, "por denegación infundada y reiterada de la entrega información solicitada vía Ley de Transparencia".
Asimismo sería sancionado con un 30% de su remuneración promedio por las mismas causales, el subsecretario del Interior,
Juan Francisco Galli, "a partir de la verificación de entregas de información fuera de plazo o solicitudes en las que no se entregó lo requerido".
"En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave. Esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción", afirmó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.
En detalle
En el caso de las dos subsecretarías de Salud, el CPLT impulsó dos procedimientos sancionatorios. De ellos derivan dos sanciones aplicables a la remuneración promedio anual en el caso de Daza: una por un 45% y otra por un 30%.
En tanto, para Dougnac una investigación sumaria estableció una sanción por un 30% de la remuneración promedio anual y un sumario administrativo derivó en una igual por un 35%.
De acuerdo a un comunicado, en los oficios emitidos por el CPLT, se establece que en los tres casos se pudo evidenciar que "se habría entorpecido y dilatado el procedimiento de acceso a la información pública, por falta de respuesta en la forma y plazos señalados en la Ley de Transparencia, ante requerimientos realizados al servicio".
La titular de la entidad aseguró que "los ciudadanos no pierden derechos por situaciones especiales como una pandemia, al contrario, debe sancionarse la vulneración a un derecho fundamental".
Y, agregó que las decisiones son coherentes con lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "que fue enfática en su resolución en el marco de la crisis por covid-19 y subrayó que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esto es una cuestión que deben tener clara las autoridades".
En los tres casos, las sanciones recaen además en otros funcionarios de los servicios. En el caso de Interior, por ejemplo, en el jefe de la División Jurídica y en el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, a quienes también se les aplicará el descuento de un 30% de la remuneración mensualizada.
Cabe mencionar que, de acuerdo al texto, todavía existe la posibilidad de que los involucrados en los procedimientos sumarios puedan presentar recursos de reposición.
