Desde el inicio de las campañas presidenciales, expertos en educación de distintas organizaciones criticaron que las propuestas de los candidatos no destacaban precisamente por sus iniciativas en la materia, justo cuando más se discutía sobre el fuerte impacto en el aprendizaje y desarrollo de niños y adolescentes a causa del confinamiento y las dificultades de la enseñanza remota por la pandemia.
En paralelo, agrupaciones han buscado exponer los problemas del sistema educacional e impulsar propuestas ante la Convención Constitucional, tanto en audiencias públicas, reuniones con constituyentes mediante la Ley del Lobby y, ahora, ingresando iniciativas populares (ver recuadro).
Entre las propuestas se repiten las enfocadas en la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, tópicos que no fueron incluidos en el temario de la comisión de Derechos Fundamentales, donde se menciona de forma general "educación".
A través de una iniciativa popular, por ejemplo, el centro de estudios Acción Educar, entre otros puntos, propone: "La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación, la que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad"; "los padres, o quienes tengan el cuidado personal en conformidad a la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, o pupilos en su caso".
También plantea que "el Estado debe respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, las que deberán cumplir las normas mínimas que el Estado prescriba en materia de enseñanza, así como que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, afirma que "la sola posibilidad de no incluir el derecho preferente de los padres es completamente contraria a los tratados internacionales sobre DD.HH. suscritos por Chile. Nuestra propuesta plantea este derecho fundamental en la misma forma que lo hace el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque no podemos desconocer ni retroceder en derechos que ya han sido reconocidos por nuestro país".
Advierte que “si bien el proceso aún es inicial, la discusión educativa dentro de la comisión de Derechos Fundamentales ha estado muy sesgada. El mejor ejemplo de esto es la presentación del rector de la U. de Chile (Ennio Vivaldi), quien desconoció el aporte de las instituciones privadas homologando lo público a lo estatal”.
Rodríguez también cuestiona el rol de dicha comisión y apunta a una presunta preferencia por algunos interlocutores: "Resultó chocante el trato privilegiado al Colegio de Profesores en una audiencia con la presidenta de la Convención".
También en "La libre y sustentable República de Chile", iniciativa ciudadana impulsada por convencionales elegidos en el pacto Vamos por Chile, están promoviendo el derecho de los padres a educar a sus hijos a través de iniciativas populares.
"Tensiones" del sistema
Durante el primer semestre, el centro de estudios Educación 2020 realizó un análisis de constituciones del mundo para identificar las “tensiones” en el sistema educativo, el cual está socializando con los convencionales en reuniones por Ley del Lobby —han logrado reunirse con más de 15 de ellos— y audiencias públicas.
La semana pasada presentaron en la comisión de Derechos Fundamentales y esperan la confirmación para ir a la de Principios constitucionales.
Entre los cinco puntos que identificaron en su análisis como "tensiones", también está la libertad de enseñanza, respecto de la cual advierten que si bien está garantizada en la actual Carta Fundamental,
está entendida solo como libertad de abrir y organizar establecimientos educacionales.
Javiera Martínez Astudillo, coordinadora de políticas públicas de Educación 2020, dice que "creemos que tiene que estar descrita no solo como la libertad de abrir establecimientos, sino que también como aquella que permite entregar diversidad al sistema educativo (...). Una educación pluralista y diversa, más que una libertad entendida como de mercado".
Las otras cuatro "tensiones" que identifica son: cambiar el espíritu “individualista” del sistema y explicitar el carácter estratégico de la enseñanza, para apostar al bien común de la sociedad y de la democracia; definir mecanismos de resguardos judiciales sobre el derecho a la educación; "recuperar" el rol de la educación pública en la historia constitucional chilena, con un Estado que no solo financie la educación pública, sino que también la administre; y destacar el rol de los docentes.
Visión de colegios
Organizaciones escolares también se hacen parte del debate. La Corporación de Colegios Particulares de Chile (Conacep) está trabajando en "un par" de iniciativas populares, cuenta su presidente, Hernán Herrera. "Vamos en la misma línea de siempre: en la igualdad de trato de los alumnos (en cuanto a subvenciones). Es decir, no hacer diferencia entre los estudiantes de acuerdo con su establecimiento educacional", dice.
También buscarán defender que los padres elijan la educación de sus hijos: "Si no hay libertad de enseñanza, no hay diversidad de proyectos educativos y el padre no va a poder elegir si hay un solo proyecto educativo estatal", sentencia Herrera.
¿Qué son?
Son propuestas de la ciudadanía para la Constitución. Se ingresan en el banner “Participación popular” del sitio chileconvencion.cl. Aquellas que cumplan los requisitos de forma y no contravengan tratados internacionales de DD.HH. ratificados por Chile se publicarán. Si reúnen 15 mil firmas de apoyo de cuatro regiones, serán tramitadas en la Convención.
La secretaría de Participación popular informó que ha recibido 509. De ellas, detectó que seis contravienen tratados, 83 tenían errores de forma y 97 cumplen los requisitos. Al cierre de esta edición se habían publicado 44.
