La comisión sobre Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional ya concluyó las audiencias públicas relacionadas al Banco Central (BC). Y buena parte de sus integrantes ha dado sus opiniones para perfeccionar el marco constitucional del organismo.
La comisión está compuesta por 19 convencionales, de los cuales 14 se han manifestado a favor de que el BC siga presente en la nueva Constitución. El resto aún no se expresa sobre el tema.
Ruggero Cozzi (Ind.-RN-Evópoli) señala que la autonomía del BC no puede ser meramente declarativa y "debe estar garantizada a través de un mandato claro y preciso".
Por su parte, el coordinador de la comisión, Christian Viera (Frente Amplio), dice: "Defiendo que sobre el BC se mantenga el estatuto de autonomía constitucional, porque es una garantía democrática de independencia de los gobiernos de turno y de la política contingente".
Sin embargo, Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes) señala que "si bien el BC debe tener grados de autonomía, estos deben ser responsables y acoplados a la compleja realidad actual y al sistema democrático. Tenemos que cuestionarnos cuál es la real autonomía del BC, ya que no es posible que ocurran cosas como el oscuro operativo llevado a cabo a fines del 2020 por el BC para 'ayudar' al supuesto normal funcionamiento de los pagos internos y externos, después de aprobarse el retiro del 10% de los fondos de las AFP", sostuvo.
El mandato
La Constitución establece que "existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional".
La Ley Orgánica Constitucional 18.840, por su parte, señala que el BC tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Las atribuciones del banco, para estos efectos, son la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materias monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.
En dicho mandato, algunos convencionales han manifestado que
sería deseable que el organismo tuviese más funciones y aunque de manera transversal en la comisión los constituyentes han argumentado que apoyan la función de salvaguardar que el control de la inflación no esté sujeto a los ciclos políticos ni a las interferencias de los gobiernos, algunas ideas de modificaciones podrían atentar contra esa función.
"No hay que tener miedo a darle más funciones, como el fomento al empleo y el desarrollo de las pymes. Y si al BC le faltan herramientas, se las entregarán. No olvidemos que el BC lo que hace es emitir billetes, y eso influye en otras áreas. Tiene un poder muy grande (como) para dejarlo solo en la política cambiaria, monetaria e inflacionaria", explicó Daniel Stingo (Frente Amplio).
A favor de esa posición se han mostrado los constituyentes Manuela Royo, Mauricio Daza (Independientes No Neutrales) e Ingrid Villena (Pueblo Constituyente). Mientras, Daniel Bravo (Pueblo Constituyente) todavía tiene dudas: "No me convence ampliar las funciones, pero estoy abierto".
Por su parte, los socialistas Andrés Cruz y Tomás Laibe dicen que deben mantenerse los actuales mandatos del organismo, y siguiendo esa misma línea de opinión se ha mostrado la centroderecha, representada por Ruggero Cozzi, Luis Mayol y Patricia Labra (Ind.-RN-Evópoli), Carol Bown (Un Chile Unido), Ruth Hurtado (Chile Libre): "El fomento productivo o pleno empleo son tareas que le corresponden al gobierno de turno, como Ministerio de Economía y del Trabajo.
Entonces, al traspasar esas responsabilidades al BC hace que se confundan los roles, se derrumben las murallas que aseguran independencia y se abre un espacio para que el Gobierno ejerza influencia en la política monetaria. Así, se pierde la autonomía y rigor técnico en el control de la inflación", aseguró Cozzi.
Mientras, Viera le da un matiz diferente al tema y asevera que si bien el BC tiene que seguir a cargo de la política monetaria como principal función, "yo esperaría que dentro de sus competencias tenga una especial preocupación por ciertos temas, por ejemplo, el medio ambiente. No se trata de asumirlo como objetivos propios, pero sí, por ejemplo, cuando compre bonos de deuda lo haga a empresas que cuiden el medio ambiente".
Conformación
Hoy el BC tiene un consejo que está constituido por cinco miembros, designados por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado. El presidente del órgano, en tanto, es designado por el Presidente de la República de entre los miembros del consejo.
Es otro aspecto que podría modificarse, "dado que en la práctica los candidatos que se presentan para ser miembros del BC tienen poca diversidad respecto a sus visiones", según Tomás Laibe.
Algunos convencionales que han sugerido explícitamente el aumento del número de consejeros son Viera, Bravo, Hurtado, Laibe, Cruz, Royo, Rodrigo Logan (Colectivo del Apruebo) y Manuel Woldarsky (Coordinadora constituyente plurinacional y popular).
Al respecto, Cruz sostiene: "Creo que hay que aumentar el número de consejeros manteniendo el carácter de colegiado de la entidad y satisfaciendo la paridad". Lo mismo sugiere Royo, quien añade que la paridad de género debe considerarse en la conformación de los organismos públicos.
Por otro lado, representantes de los pueblos originarios han dicho que buscarán escaños reservados en todas las instituciones que lo estimen, por lo que también podrían proponer tenerlos en el Banco Central.
Acusación constitucional
Otra de las modificaciones que sugieren los convencionales de la comisión está asociada al control político del BC y la posibilidad de interponer una acusación constitucional a los miembros de su consejo.
Daza, Stingo, Viera, Villena, Bravo y Royo señalan que es necesario otorgar grados de independencia relativa y responsable al BC. "Cuando hablamos de responsabilidad es relevante pensar en mecanismos como una acusación constitucional o procesos de remoción iniciados por el Congreso", sostiene Viera y agrega: "No hay que temer al control y menos a aplicar la acusación constitucional".
Sin embargo, los convencionales de centroderecha tienen aprensiones. Cozzi dice que "el BC ha demostrado rapidez en enmendar el rumbo cuando lo ha requerido". Mientras, Cruz y Laibe se oponen a que el órgano sea factible de acusar constitucionalmente. "No estoy de acuerdo con la acusación porque genera un tremendo riesgo para la acción del banco y menos si se establece como una norma común a los órganos autónomos", afirma Laibe.
