Menos de dos días bastaron para que la iniciativa que busca declarar al
Banco Central como un ente autónomo y técnico, alcanzara las
15 mil firmas que requiere para ser debatida por la
Convención Constitucional.
La propuesta fue impulsada por los ingenieros Andrés Larraín, Gonzalo Oyanedel y Fernando Irarrázaval, quienes la ingresaron recién el viernes 7 de enero.
Según expone el texto presentado, la idea es "mejorar y modernizar el Capítulo XIII que se refiere al Banco Central (BC)", para "que se defina al BC como un organismo autónomo y técnico a nivel constitucional, y que se garantice, mediante una de quórum calificado, su autonomía administrativa y financiera para que sus decisiones no dependan del Gobierno de turno".
"Como parte de sus atribuciones, se debe indicar que la política monetaria es de uso exclusivo del BC, y que para que ésta sea eficiente y creíble debe incluir a la política cambiaria", añade la iniciativa.
También busca "que se establezca como objetivo central el control de la inflación (estabilidad de la moneda) y la estabilidad financiera. Prohibir que el BC realice préstamos al Estado o financie el gasto público a través de créditos directos o indirectos. Excepto en situaciones excepcionales y transitorias (limitadas en la Ley Orgánica Constitucional)".
"Para modernizarlo, incluimos consideraciones propias del siglo XXI, como son el cambio climático, sostenibilidad ambiental y el empleo para así lograr su función principal de estabilidad monetaria y financiera. Dichas consideraciones no implican metas u objetivos, pero son relevantes al deliberar sobre sus funciones. Adicionalmente, su estructura organizacional deberá buscar la plena incorporación de la mujer, especialmente en el Consejo y alta gerencia", complementa.
Asimismo, la propuesta "elimina el párrafo que señala que el BC puede otorgar o financiar créditos al Estado en caso de guerra exterior. Esta cláusula es propia de una herencia de la dictadura y no se presenta en otras constituciones en el mundo".
Y añade: "Es necesario asegurar que los miembros del consejo directivo del BC tengan la autonomía suficiente para tomar decisiones técnicas, en coordinación con el gobierno (como cuando hay crisis económicas), pero sin dependencia y alejada de toda presión político-electoral. Como contrapeso, es necesario incluir mecanismos de remoción por causales jurídicas establecidas pero alejadas de las presiones político-electorales".
La iniciativa se suma a otras seis que ya superaron los 15 mil patrocinios que necesitan para ser debatidas por la Convención, y que fueron ingresadas a través de la plataforma digital de participación popular.
Ahora deberá ser revisada por la comisión temática correspondiente y, en caso de ser aprobada, será debatida por el Pleno y eventualmente podría ser incluida en la nueva Carta Magna.
