EMOLTV

Las interrogantes que permanecen sobre el sistema de justicia indígena que votará la Convención

Algunas de las dudas que mantienen expertos y convencionales tienen relación con qué delitos podrá conocer la jurisdicción que impulsan los representantes de escaños reservados, si cualquier chileno podría ser juzgado por esta vía y cuáles son las diferencias entre las costumbres de los distintos pueblos.

11 de Febrero de 2022 | 06:50 | Por Maximiliano Vega, Crónica Constitucional
imagen
El Mercurio
Durante el proceso constituyente una de las demandas impulsadas por los representantes de pueblos originarios ha sido la plurinacionalidad. En la comisión sobre Sistemas de justicia, esto se ha traducido en el pluralismo jurídico.

Esta semana hubo dos votaciones al respecto. El lunes se aprobó —con 12 votos a favor y 7 en contra— que el Sistema Nacional de Justicia (actual Poder Judicial) "coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre autodeterminación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente".

Mientras, el martes la comisión respaldó con 14 votos a favor y 5 en contra que "los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos, y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos".

La jurisdicción


Las votaciones en comisión hacen prever que ambos artículos podrían alcanzar los dos tercios de los votos en el pleno y configurarse así la posibilidad de que la Constitución permita la existencia de sistemas de justicia indígena. Pero luego del debate en esa instancia, todavía persisten dudas.

Una es la jurisdicción y convivencia de un sistema ordinario con el indígena. Durante el debate de los articulados, Ruggero Cozzi (Independientes-RN-Evópoli) preguntó qué pasaba si un indígena deseaba ser juzgado por el sistema de justicia ordinario o si alguien no indígena cometía un delito en un territorio de jurisdicción indígena.
Luis Jiménez (aymara) explica que "en la propuesta señalamos que tiene que haber una ley de coordinación entre el sistema jurídico nacional y el indígena, y ambas jurisdicciones deben verse con igual jerarquía y dignidad. Por eso una no está sobre la otra. En caso que haya un conflicto de contienda, nosotros proponemos un tribunal plurinacional que esté compuesto por miembros del sistema nacional de justicia y miembros de los sistemas jurídicos indígenas que puedan resolver a quién le corresponde conocer dicho caso".

Sin embargo, Richard Caifal, presidente del Centro de Políticas Indígenas Rakizuam, quien apoya la existencia del pluralismo jurídico, pone reparos. "Hay que recordar que el sistema jurídico que se pretende crear está basado en la costumbre y actualmente no existe la suficiente cantidad de abogados indígenas que puedan llenar los cupos que requieren los tribunales que se crearán", asevera.

El constituyente Wilfredo Bacián (quechua) afirma que "si una persona indígena comete un delito en un territorio en el que hay una jurisdicción indígena, podrá, por la autodeterminación, elegir entre el sistema de justicia civil y el indígena". Pero que si hay delitos graves como un homicidio, "eso debe verlo la justicia penal general". No obstante, paulatinamente —afirma—, "se debiesen ver todas las áreas jurisdiccionales con tribunales 100% indígenas". Bacián añade que "está pendiente debatir sobre qué pasa si alguien no indígena comete un delito en un territorio de jurisdicción indígena, ya que eso va unido a cómo se determine la autonomía territorial".

Otra duda es qué ocurre si el Estado determina que un hecho en un territorio indígena debe ser investigado bajo la Ley de Seguridad del Estado o Antiterrorista.

La coordinadora de la comisión de Sistema político, Rosa Catrileo (mapuche), indica que "cuando se producen los conflictos, hay un tercero, con pertinencia cultural y con diálogo intercultural, que va resolviendo estos conflictos. Por ejemplo, en Colombia está a través del Tribunal Constitucional que ha sentado bastante jurisprudencia cuando se producen conflictos entre las jurisdicciones indígenas y nacional".

Ante la eventual eliminación del Tribunal Constitucional en la nueva Carta Fundamental, Catrileo recuerda que hay propuestas como la Corte Constitucional o que una sala de la Suprema absorba las atribuciones del TC que podrían realizar esta función.

Ancestral


Algo que ha sido pasado por alto es que, mientras hay pueblos como el rapa nui, mapuche, aymara y quechua, que han logrado conservar prácticas ancestrales que podrían ser la base de sus sistemas de justicia, otros como el yagán o chango no poseen uno o se ha perdido en el tiempo.

"No hay una claridad uniforme de cuántos sean estos sistemas jurídicos y cuál es su contenido (...). Un riesgo es que cuando el pluralismo jurídico se traduce en una jurisdicción territorial, tiene el riesgo de imponer regulaciones culturales que no son compartidas y que no son legítimas para quien recibe un castigo por haberlas vulnerado", reflexiona Manuel Núñez, académico de la Universidad Católica de Valparaíso.

A su juicio, algo importante de aclarar es cuáles son las aspiraciones sancionatorias de cada pueblo. "¿Van a castigar a las forestales por estar en un territorio? ¿Se va a castigar a una persona que, por hacer turismo, entra a una propiedad privada?", se pregunta.

Es algo sobre lo que representantes de pueblos originarios recién comienzan a perfilar definiciones. Jiménez da un ejemplo: "Puede ser que en un rally una persona pase por un cerro sagrado y cause daño a piezas arqueológicas, antropológicas. Eso para el derecho chileno puede no ser delito, pero quizá sí para la justicia indígena".

Catrileo explica que el pueblo mapuche no tiene una sola forma de justicia. Se habla del Az mapu, o derecho propio mapuche, "pero cada territorio tiene su especificidad", agrega. No es lo mismo cómo resuelven los mapuches huilliches, los pehuenches o los lafkenches.
Ambas normas aprobadas comprometen que los sistemas de justicia deben respetar los derechos humanos. Bacián afirma: "Creo que debemos seguir avanzando en lograr establecer los mecanismos que mejor se adecuen al derecho humano internacional establecido".

Richard Caifal concluye que el pluralismo jurídico "es una realidad en otras latitudes", pero que "el problema estriba en cómo se piensa implementar".

EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?