Los principios constitucionales son las directrices, ideas y valores que inciden en el texto de una Carta Fundamental. En la actual Constitución lo más cercano a esto son las Bases de la Institucionalidad: los primeros nueve artículos de la Carta Magna que declaran, por ejemplo, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, consagra a la familia como en núcleo fundamental de la sociedad y que Chile es una República democrática.
Allí debiese estar "el alma de una Constitución", dice el académico de la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Domingo Lovera.
En el primer informe de la comisión de Principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía, que hoy será debatido y votado en general por el pleno, se proponen 30 artículos entre los cuales aparecen una serie de conceptos nuevos para la tradición constitucional, según académicos consultados.
Por ejemplo, Miriam Henríquez, decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, considera novedoso que haya artículos que hablen del "principio de antirracismo" o que "Chile es un país libre de armas de destrucción masiva". Son conceptos que "no se encuentran en las constituciones chilenas ni son comunes a otras constituciones", dice.
Hay además frases que despiertan curiosidad porque no está claro cómo debiesen entenderse. Una de ellas es el artículo que menciona que "las personas nacen y permanecen libres, iguales e interdependientes".
Este último es el concepto que llama la atención a los académicos.
Según Catalina Salem, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), esto se podría entender como que "somos seres sociales y que nos necesitamos unos a otros para sobrevivir y desarrollarnos", aunque el articulado no lo define. "Es una novedad porque en derecho y filosofía política siempre se refiere a las personas como seres sociales, algo que viene desde la tradición aristotélica", resalta.
Lovera, en tanto, apunta al "principio de buen vivir" que se propone que el Estado asuma y promueva. Este tiene sus raíces en los pueblos originarios, advierte, pero "lo había visto más reflejado en instrumentos —entendidos en términos amplios— del derecho internacional, más que en constituciones (...). Me parece novedoso y podría explicarse como una consecuencia necesaria del carácter plurinacional que tiene tanto la Convención como la nueva Constitución", acota.
La influencia de la visión de los pueblos originarios, tal como en las propuestas de otras comisiones, también está presente en esta. El articulado incluye que "Chile es un Estado plurinacional", que los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y tribales consagrados en tratados internacionales "son de observancia e implementación obligatorias" en el país, el plurilingüismo y, cuando se enumeran los emblemas nacionales, además de la bandera, el escudo y el himno nacional, se señala que "el Estado reconoce los símbolos emblemas plurinacionales propios de los distintos pueblos indígenas y tribales".
La propuesta tiene también otras definiciones como que Chile es un Estado "oceánico", "intercultural", "laico", con "justicia intercultural", que "la naturaleza tiene derechos" y se protege el "trabajo decente".
Rol del Estado
Lovera resalta el primer artículo de la propuesta que dice: "Chile es un Estado social y democrático de derecho". Este, a su juicio, "marca una diferencia con la Constitución de 1980", pero "en países como Alemania o España justamente echan mano a esta cláusula de Estado social de derecho a partir de lo que han construido sus sistemas de protección social (...). Ha servido como paraguas para el desarrollo de un vigoroso sistema de protección de derechos sociales", opina.
Para Salem bastaba decir que "el Estado esté obligado a una serie de acciones que permitan el mayor bienestar material y espiritual posible de la población". Sin embargo, en los 30 artículos hay al menos 14 menciones a deberes del Estado, que van desde "erradicar la corrupción en todas sus formas" al deber de "adoptar una administración ecológicamente responsable".
A juicio de la académica de la UDD, este despliegue de deberes en los artículos "deja poca acción a la actividad política. Al final, las necesidades de la población son distintas en distintos momentos históricos, y cuando se llena al Estado de obligaciones específicas se va acotando el margen de la actividad política para maniobra".
Henríquez, por su parte, hace ver el artículo que señala a la naturaleza como titular de derechos. "Dice luego que el Estado tiene el deber de protegerlos y respetarlos. ¿La naturaleza es titular de derechos o objeto de protección?", pregunta y agrega que en el apartado de principios "no corresponde definir quién es titular de derechos, sino lo que se estima más valioso".
La propuesta también explicita que Chile es "una República democrática, solidaria y paritaria” y que en el país “la democracia es paritaria, inclusiva, intercultural y plurinacional".
Las familias
Otros artículos llamativos, según Salem, son que "las familias", en plural, "serán protegidas y reconocidas en sus diversas formas, con independencia de sus lazos consanguíneos y filiativos" y que "la soberanía reside en los pueblos de Chile" y no en la nación, como dice la Constitución vigente.
"Con estos principios, la Convención está presentando un modelo distinto de sociedad, pero no solo un modelo distinto al modelo de 1980, sino a toda nuestra tradición" explica la académica de la UDD. Agrega que "se ha ponderado el reconocer la diversidad por sobre el rol político y social que juega la familia al interior de la conformación de la comunidad política".
Lovera, por su parte, dice que le llamó la atención "lo generosa en el reconocimiento de los derechos" de la propuesta. "Uno podría esperar que estos hubieran sido abordados por la comisión de Derechos Fundamentales", concluye.
