Fueron 12 los primeros países en firmarlo en 2018.
El Mercurio
Fue una de sus promesas de campaña y hoy se concretará. El
Presidente Gabriel Boric firmará esta jornada el
Tratado de Escazú, acuerdo del que Chile fue gestor y participó de su preparación bajo el mandato de la
ex Presidenta Michelle Bachelet, pero que luego el
ex Jefe de Estado Sebastián Piñera decidió no suscribir.
Este tratado nacido en Costa Rica, es un acuerdo que apunta a mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe.
Tal como informó
Emol en 2018, si bien
Chile participó del proceso durante los seis años de preparación y negociaciones, y tenía en agenda firmar el tratado durante la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, finalmente pospuso la decisión.
La comunicación la hizo la entonces ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt quien señaló que se trató de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. La firma aquel 27 de septiembre de ese año, era esperada por las comunidades de defensa del medio ambiente, debido a que el tratado permitiría que la comunidad tuviera mayor participación en la evaluación ambiental de proyectos empresariales.
En el acuerdo, tras una extensa ronda de negociaciones, los 24 países firmantes llegaron a un consenso sobre su redacción en la ciudad de Escazú, Costa Rica. En el documento se propone elevar los estándares con los que se resolvían los asuntos medioambientales en territorios habitados por comunidades y busca dar cobertura a tres derechos, siendo el primero el de acceder a la información. Esto incluye el derecho del público de tener acceso a la información ambiental y la obligación de las partes de mantener sistemas actualizados para entregarla, que estén disponibles de forma progresiva.
El segundo es el de la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales, que garantiza mecanismos de participación en proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el medio ambiente. Eso incluye participación ciudadana directa y temprana, 18 meses antes de que las empresas presentes sus estudios de impacto ambiental.
Por último, se consagra el acceso a la justicia ambiental, que se refiere al acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que puedan afectar el ambiente.
Además, establece medidas de protección para los defensores medioambientales y compromete a los países a desarrollarlas. Adicionalmente, los países signatarios son supervisados por la Cepal, a quien deben emitir informes.
Todo lo estipulado en el tratado sería convertido en ley vigente en Chile luego de firmar la normativa y que esta fuera ratificada por el Congreso Nacional.
Su negociación
El inicio de las conversaciones que desembocaron en el acuerdo se puede rastrear hasta el año 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde los países de la región suscribieron a la Declaración sobre la aplicación del Principio 10.
Después de dos años de reuniones preparatorias y de otros cuatro de sesiones del Comité de Negociación, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Durante la etapa de negociación, desarrollada entre 2014 y 2018, Chile tuvo un rol importante. La llamada "Decisión de Santiago", adoptada a fines de 2014, fue la instancia donde los países firmantes iniciaron formalmente la negociación del acuerdo regional, con el apoyo de la Cepal como secretaría técnica. En dicha oportunidad se creó un comité de negociación, compuesto por 24 países, y se constituyó una mesa directiva, copresidida por Chile y Costa Rica. De las nueve reuniones sostenidas de manera presencial y virtual, tres tuvieron como sede la capital chilena.
Los argumentos para no firmar
Las razones para el Gobierno de la ex Presidente Piñera se basaban principalmente en que su firma crearía incertidumbre, aludiendo a que el acuerdo contiene fundamentos legales que condicionarían la legislación chilena y que exponen al país a ser llevado a tribunales internacionales. Eso complicó a la administración anterior y lo calificaron como algo "delicado" considerando las diferencias limítrofes con Perú y Bolivia.
Por otro lado se argumentó que que la legislación chilena es muy completa en materia ambiental y los principios del acuerdo están contenidos en leyes muy específicas.
La firma de Chile
El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, fue el que confirmó la suscripción que hará Chile durante el día de hoy calificando como "inexplicable" que no lo haya hecho el Gobierno anterior.
"Para nosotros el tema ambiental es súper importante, de poder generar justicia y conciencia de que los problemas de este tipo se puedan resolver en primera instancia era relevante", sostuvo.
De los 33 países de América Latina y el Caribe, 24 ya lo suscribieron y otros 12 lo ratificaron, mientras que no lo han hecho además de Chile, Bahamas, Barbados, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam y Venezuela.
Con la firma de La Moneda el país quedará habilitado para participar de la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, la que se realizará en la sede de la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (Cepal) en Santiago, el próximo 22 de abril.
