No es fácil de clasificar Cristián Riego. El abogado y académico UDP ciertamente no es un conservador ni alguien de derecha, pero ello no lo hace menos implacable al momento de cuestionar lo que estima malas propuestas levantadas desde la izquierda o de cualquier otro sector. ¿Un amarillo? Su cuenta de Twitter, donde no faltan ironías respecto de este último grupo, sugiere que tampoco le queda ese sombrero.
Asesor de reformas judiciales en toda la región y uno de los arquitectos de la reforma procesal penal chilena, sus críticas al rumbo que ha tomado el proceso constituyente van más allá de las materias judiciales, aun cuando estima un despropósito muchos de los cambios que en este punto ya se han aprobado. Y al respecto hace notar que, en cierta medida, la reforma judicial en la que está avanzando la Convención es mayor aún que el histórico cambio de nuestro procedimiento penal. Porque, después de todo, los convencionales buscan modificar no un aspecto, sino el conjunto del sistema judicial.
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¿Y es razonable pretender abordar toda eso en una Convención donde el tema judicial es apenas una parte?
—Yo creo que no. Especialmente porque las reformas judiciales no eran el objeto principal del mandato que el pueblo le dio a esta Convención. Todos entendimos que la Convención tenía un mandato para hacerse cargo de los derechos económico-sociales, de la relación con los pueblos indígenas, las pensiones y algunos otros temas de ese tipo, que habían sido objeto de gran debate. Pero la Convención parece que entendió que tenía que refundarlo todo, incluso aquello en lo cual no tenía ideas o no existían nociones más o menos establecidas o discutidas. Y creo que eso es lo que le está pasando en general con el sistema de justicia. Están reformándolo sin contar con una reflexión, un diagnóstico, información sobre el derecho comparado ni una valoración profunda de cuáles son los problemas.
—¿No están recogiendo también una insatisfacción ciudadana?
—Probablemente muchos convencionales y personas que participaron en el estallido social tienen una insatisfacción con el sistema de justicia. Pero esa insatisfacción no se ha traducido aún en un conjunto de propuestas de cambio. En salud, en educación, en Afp, hay insatisfacción, pero también propuestas que a uno pueden o no gustarles, pero sin duda ha habido una elaboración en torno a eso. Pero en materia de justicia solo existe la insatisfacción. Y por otra parte sí existen algunos intereses corporativos, sobre todo de los gremios judiciales y de los fiscales. Y ellos han visto en esta situación la posibilidad de avanzar en sus intereses corporativos sin mucha oposición. Y esa ha sido probablemente la fuente más sustantiva de propuestas de reformas.
—¿Qué visión tiene de quienes aparecen como los arquitectos de estas reformas en la Convención? Allí hay abogados como Mauricio Daza, el exdiputado Gutiérrez, Stingo.
—Yo no los conozco mayormente, pero no me parece que sean personas, hasta donde conozco, a lo mejor estoy siendo injusto, que hayan elaborado con anterioridad un diagnóstico, una visión crítica del sistema judicial, y tengan propuestas suficientemente pensadas.
—Usted ha sido muy crítico del Consejo de Justicia. Esa crítica, ¿apunta a la forma en que se implementaría en Chile o a la idea misma?
—La idea misma del Consejo de Justicia ha probado no ser muy buena. En ningún país ha contribuido a lo que en mi opinión se requiere, que es un sistema de designación y sanción de jueces objetivo, transparente, riguroso, no discrecional. En Chile, sabemos que los sistemas de designación y sanción, hoy radicados en la Corte Suprema y en las de Apelaciones, se caracterizan por ser discrecionales, por no ser objetivos y por estar influidos por tráfico de influencias, intercambio de favores, besamanos. Lo que ha ocurrido en todas las experiencias que yo conozco de los Consejos de la Justicia es que esas mismas prácticas se han mantenido o profundizado. Si uno lee la prensa de España o de Argentina, la percepción pública es muy mala: lo que se produce es un contacto entre políticos y jueces en virtud del cual los políticos les garantizan a los jueces ciertos beneficios, como son promoción de sus carreras y no persecución de eventuales malos comportamientos, y por otra parte consiguen de los jueces que las causas que les interesan sean postergadas, tramitadas de cierta manera o finalmente los políticos terminen absueltos en los casos de corrupción.
—Los convencionales dicen: todo eso en Chile ya pasa.
—Claro, uno podría decir eso, pero a lo menos, diría yo —lo cual no es mayor consuelo quizá—, eso está concentrado en los tribunales superiores; los jueces de la base no están en general complicados en ese tipo de gestiones, y aquí los estamos incorporando. Por otra parte, ¿cuál es el avance que supondría esta reforma, cuando sabemos que lo que se necesita no es cambiar de sede la negociación de cargos y sanciones, sino establecer un sistema transparente, riguroso y no discrecional?
—¿Hay soluciones para ello?
—Yo no creo que este sea el momento... Está claro que hoy estamos en un proceso de contención de daños. Por lo tanto la idea de que en esta Convención vamos a poder crear un sistema que realmente resuelva los problemas no la veo por ninguna parte. Ahora, si alguien me dijera que hay que hacerlo, sí, se puede hacer, hay algunos ejemplos. Primero, hay que crear una metodología de designación de jueces y una metodología de investigación y sanción de mal comportamiento de jueces que sea profesional, transparente, no discrecional, ojalá ciega. Para eso podemos recurrir a sistemas como la Alta Dirección Pública, o crear un sistema especial parecido a esta, en el que haya profesionales especializados. Eso es perfectamente posible. Pero aquí claramente de lo que se trata no es de eso, sino de hacer una transferencia del poder de la Corte Suprema al conjunto de los jueces a través de sus órganos representativos.
—Usted no se ha manifestado en contra del pluralismo jurídico, pero tiene reparos con la forma en que se definió....
—Dada la realidad que tenemos y las dificultades con algunos de nuestros pueblos originarios, la idea de una justicia indígena especializada y reconocida puede ser buena y es por lo demás ampliamente practicada en muchos lugares del mundo. Me parece positivo que la Constitución lo plantee. Pero, quizá por razones retóricas, se ha puesto un especial énfasis en la idea de la igualdad con el sistema de justicia nacional, del paralelismo, que creo que puede ser muy ambiguo y terminar perjudicando a la propia justicia indígena.
—¿Y qué le parece cuando se establece que, al momento de fallar, además de la ley, los jueces deban considerar principios como el enfoque de género o la interculturalidad.
—Esos principios pueden ser positivos, en el sentido de ser una alerta, de decir "hay personas que han sido maltratadas, vulneradas y yo para reconocerles una igualdad real necesito que los jueces se sensibilicen y entiendan que ellos están en desventaja". Conozco experiencias de entrenamiento de jueces en esa línea. Sin embargo, mantengo dudas de poner estas normas en la Constitución. Porque estas son políticas públicas, cuestiones que pueden ser promovidas pero que también debieran poder ser revisadas. También creo que son cosas de grados. Tener una Constitución con algunas señales en favor de algunos grupos puede ser positivo. El problema es si vamos tener una Constitución archipoblada de reglas de excepción y que van a hacer que el principio de igualdad casi desaparezca.
—Justamente, en una columna en La Segunda, usted señalaba la tensión entre los regímenes especiales para algunos grupos y el principio de igualdad. ¿Qué se juega ahí?
—Creo que hay dos modelos en juego, uno que se ha explicitado y otro que no. El que está explicitado se ha dicho: "Queremos algunos regímenes especiales porque creemos en la igualdad, y como hay personas que se encuentran en una situación muy deteriorada, para que puedan obtener igualdad, necesitamos darles cierta ventaja". Eso tiene sentido. Pero existe otra posibilidad: la de decir "no, aquí estamos en una sociedad de estamentos separados, donde somos pueblos distintos, géneros distintos, con distintas necesidades, y por lo tanto tenemos que crear una sociedad en la cual unos ciertos estamentos tengan unos derechos y otros estamentos tengan otros derechos". Si el modelo es el primero, el de "queremos igualdad pero necesitamos darles ciertas ventajas a algunos", esto está bien, siempre que esos mecanismos se subordinen a la cláusula fundamental de igualdad. ¿Cómo se logra? La cláusula fundamental de igualdad está en la Constitución, mientras que la discriminación justificada que se quiera hacer debe ubicarse en la ley y siempre ser posible desafiarla: decir "esto no está produciendo un efecto igualador, o lo produjo pero ya no". Y esto lo puedes hacer en el Congreso, en la opinión pública o en los tribunales.
"El problema es que si tú pones también estas reglas especiales en la Constitución como cláusulas autónomas —por ejemplo, cuando se dice que el Congreso se integrará de manera paritaria o habrá escaños reservados—, y no permites que eso se pueda discutir en relación con el principio de igualdad, estás creando estamentos. Tienes por una parte la cláusula de igualdad, pero tienes por otra parte, en igualdad de condiciones, normas que te dicen ‘no, aquí hay un estatuto de derechos distintos para estas personas’. Ahí no puedes decir que esto cuestiona el principio de igualdad, porque ambos están en la Constitución. No sé si alguien tiene el proyecto, pero sin decirlo estamos corriendo el riesgo de pasar a una especie de república estamentaria, en que haya grupos que por su origen, por su género, puedan tener un estatuto de derechos diferenciado. Y eso me parece además que va a hacer que esta Constitución tenga una vida muy corta, porque es insostenible: cuando el público se da cuenta y empieza a decir ‘este va a tener más derechos que yo’ o cuando alguien empieza a perder las elecciones porque el otro tiene ventajas electorales, esto va a explotar, va a ser percibido como un abuso".
"También nos hace retroceder. Gran parte de la crítica que se ha venido haciendo contra el mundo militar, a cómo se incorporó a la democracia a partir de la dictadura, es esa: que es un estamento, que ha tenido un sistema de pensiones distinto, una justicia distinta, que tenía la posibilidad de elegir representantes al Parlamento, una especie de cupos reservados, que tenía un Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, nos hemos demorado todos estos años en desarmar esa estamentalidad y ahora la queremos reconstruir para otros grupos".
—En ese sentido, ¿cuáles serían sus líneas rojas respecto de la nueva Constitución?
—Mi línea roja tiene que ver con la democracia, que creo que de algún modo puede llegar a estar en peligro, en el sentido de que el principio de que gana las elecciones y tiene el poder el que obtiene más votos, se está viendo comprometido con el exceso en el uso de la metodología de los cupos reservados. Si los cupos reservados, la manera en que están diseñados, pudiesen mañana, de modo más o menos sistemático, alterar las mayorías, sería volver al sistema de los senadores designados. Ahí hay una línea roja muy complicada.
"En segundo lugar, el principio de igualdad. Si el deterioro de ese principio pasa a ser la norma y el texto va a estar lleno de estatutos diferenciados, eso sería inaceptable. Y hay algunas otras normas de garantías fundamentales. La más complicada es la libertad de expresión. Esta no puede estar condicionada por reglas que proscriban cierto tipo de discursos o por órganos que gobiernen la expresión por parte de los medios de comunicación. Para mí esas tres cuestiones son las más importantes, las que me podrían llevar a decir 'esta Constitución no puede ser aprobada'".
