Otros 25 artículos -completos o parciales- se sumaron al proyecto de nueva Constitución esta tarde, con la aprobación de más normas relacionadas al sistema nacional de justicia que está impulsando la Convención Constitucional.
Entre lo más remarcable de la jornada está el respaldo a la existencia de un Consejo de Justicia que se dedicará al nombramiento de los jueces de todo el país, una función que la Corte Suprema pidió delegar en otro organismo.
Además, se consagró el fuero para los magistrados, juzgados vecinales, tribunales de ejecución de penas, una norma que establece que solo el Estado podrá administrar los recintos penitenciarios; y
se rechazaron los tres artículos centrales que entregaban más características a la jurisdicción indígena, que ya está aprobada en el proyecto de nueva Constitución. Estos últimos tendrán que volver a la comisión para su revisión.
"Lo que se ha aprobado, advertíamos que se podía aprobar. Lo que regresa a la comisión tiene algunos detalles y, como nos ocurrió la vez pasada, con diálogo, con buena voluntad, lo que tenemos es una oportunidad para mejorar los textos que vamos a ofrecer a este pleno", comentó el coordinador de la comisión de Sistemas de Justicia, Christian Viera (Ind. FA).
"Estamos en tierra de nadie en jurisdicción indígena: si bien se aprobó el pluralismo jurídico, hoy volvió a la comisión todo lo que tiene que ver con los límites, las materias y queda esta nebulosa de quién va a conocer los delitos y crímenes de personas con ascendencia indígena (...) espero que al haber regresado estos temas a la comisión, esta ponga límites, escuche las sugerencias de la derecha y queden claras las materias que van a abordar", señaló Ruth Hurtado (Chile Libre).
El detalle de la jornada
Uno de los primeros artículos aprobados durante esta tarde fue el que establece la existencia de un "tribunal de ejecución de penas", que "ejercerá funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad", entre otras cosas.
Asimismo, se visó el concepto de "justicia vecinal", compuesto por juzgados vecinales (para controversias jurídicas a nivel comunal que no sean competencia de otro tribunal) y centros de justicia vecinal, con foco en la solución de conflictos en base al diálogo y la paz.
Sobre la Corte Suprema, se aprobó que es un órgano colegiado con jurisdicción en todo el país, que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación; el presidente será elegido por los integrantes de la corte y durará 2 años, sin reelección, y no podrá integrar ninguna de sus salas salas.
En tanto, se rechazó su composición (21 miembros electos de forma paritaria) y que sus jueces estén como máximo doce años en el cargo, sin posibilidad de reelección.
"Personalmente creí que se iba a aprobar (...) pero entendemos que las presiones de la Corte Suprema han sido muchas", dijo la coordinadora Vanessa Hoppe (MSC).
"Lamentablemente no hemos tenido la libertad suficiente, porque sabemos y ustedes también saben, las presiones que han recibido miembros de la comisión, incluso funcionarios del Poder Judicial que constantemente también nos están escribiendo y lamentablemente aquí la defensa de intereses que parecen ser gremiales, afectan la libertad en la que estaban estas discusiones", acusó Hoppe.
"Se cayó la norma, no lo esperábamos, pero eso no implica que no se pueda realizar una nueva propuesta por parte de la comisión", afirmó Andrés Cruz (Colectivo Socialista). Sobre los dichos de Hoppe, Cruz afirmó que "no constaté presiones de ninguna naturaleza, simplemente convicciones. Eso es importante tenerlo en consideración: una cosa es la convicción y otra la presión y aquí hay que tomar en cuenta que no todos pensamos igual".
Además, se estableció la existencia de la Corte de Apelaciones, los tribunales de instancia y tribunales administrativos.
En cuanto al sistema penitenciario, se aprobó una norma que terminaría con las cárceles concesionadas, pues dice que
"sólo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. La función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados".
La innovación del Consejo de Justicia
Una de las mayores apuestas de la Comisión de Sistemas de Justicia era la creación de un órgano que se encargue del nombramiento de los jueces del sistema nacional. Esto se aprobó, y quedó establecido en el proyecto de nueva Constitución que el Consejo es "un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial" y que está encargado del "nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia".
La única atribución que se le aprobó, no obstante, es
"nombrar, previo concurso público y por resolución motivada, todas las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia". Y todo el artículo sobre la composición de esta nueva institución también deberá ser revisado por la comisión, pues no existía consenso sobre el porcentaje de jueces que debería incluir.
En otros temas, se visó el "principio de unidad jurisdiccional", la cesación de los cargos de los jueces a los 70 años, por renuncia, incapacidad legal sobreviniente o remoción; y la existencia del fuero para los magistrados. Este artículo dice que "las juezas y los jueces no podrán ser acusados o privados de libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones correspondiente no declara admisible uno o más capítulos de la acusación respectiva".
También, que el Sistema Nacional de Justicia gozará de autonomía financiera, y que todas las etapas de los procedimientos y resoluciones judiciales son públicas -a pesar de que la ley podrá establecer secreto en casos calificados.
Otra de las normas aprobadas y celebradas ampliamente es una que consagra que los tribunales podrán funcionar en localidades situadas fuera de su lugar de asiento, siempre dentro de su territorio jurisdiccional.
