Por poco más de una hora y 30 minutos se extendió la sesión de comisión de Seguridad Pública del Senado el pasado martes, donde la ministra del Interior, Izkia Siches, presentó la agenda legislativa de la cartera de 2022, que entre otras materias, fija objetivos como protección de víctimas y prevención y control de delitos.
Son tres las reformas estructurales que buscan avanzar en el cumplimiento de los objetivos. La primera, es dotar al Estado de una nueva institucionalidad, -con presentación de indicaciones para el proyecto que crea un ministerio de Seguridad-; la reforma a las policías; y un
Sistema de Inteligencia del Estado, que contempla ingresar
un nuevo proyecto de ley de reforma.
"Cada vez que abordamos un tema complejo; crimen organizado, la quema de los autobuses en relación a los colegios, en nuestro sur con los problemas que enfrentamos, siempre se nos dice ¿dónde está la inteligencia de nuestro país? bueno, tenemos falencias", reflexionó Siches en su exposición.
Por eso, la reforma pretende mejorar las capacidades operativas y de coordinación de los distintos actores, como Fuerzas Armadas, las policías, Gendarmería. Para ello, se buscará crear la figura de un coordinador "que tenga una autoridad efectiva en torno a los sistemas, y que permita un control y una anticipación por parte de los distintos gobiernos", explicó la ministra.
Agencia Nacional de Inteligencia
Para algunos, la inteligencia en Chile es un modelo sui generis, distante de las fórmulas aplicadas por Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Israel, que cuentan con una agencia de inteligencia independiente de las fuerzas militares, que además, tiene capacidad operativa.
De hecho, en 2005, el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush designó a John Negroponte como Director Nacional de Inteligencia (DNI) -los llamados 'zar de inteligencia'- cuya misión era coordinar las entonces 15 agencias de seguridad de ese país -como la CIA, FBI o NSA- para reportar directamente al presidente.
El cargo fue creado sólo un año antes, y surgió como parte de la serie de medidas que se tomaron tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En definitiva, tras una crisis institucional, a raíz de una incapacidad del Estado de "advertir" la operación que emergía en contra de ese país.
La ley 19.974 del año 2004 define al Sistema de Inteligencia del Estado como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados que ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado".
La normativa también creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), organismo de inteligencia civil dependiente de Ministerio del Interior, cuyo director es designado por el Presidente de la República. Así, la ANI forma parte del Sistema compuesto también por la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional; las direcciones de Inteligencia de Fuerzas Armadas y las direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La ley señala que "los organismos integrantes del Sistema, sin perjuicio de su dependencia y de sus deberes para con sus respectivos mandos superiores, deberán relacionarse entre sí mediante el intercambio de información y de cooperación mutuas que establecen esta ley y el ordenamiento jurídico".
¿Es necesario un coordinador superior?
"Lo que hace hoy el jefe de la ANI es recibir información desde las distintas instancias, y lo que entiendo que quiere plantear el Gobierno, es que exista un coordinador con mayores atribuciones. Eso hay que discutirlo, obviamente a través de la modificación a la Ley de Inteligencia, pero con absolutamente apego a los derechos fundamentales", plantea el diputado Raúl Leiva (PS), quien también es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
"Crear una figura, que no sabemos por quién será nombrada, probablemente por el mismo Presidente, es simplemente una burocracia y la reiteración de algo que ya existe".
Gonzalo Yuseff, ex director de la ANI
Esto último, explica, debe dejar establecido que la información obtenida desde los distintos actores se utilice única y exclusivamente para fines de inteligencia y clara distinción con todo lo que sea discusión en materia de persecución criminal. Incluso, el parlamentario cree necesario que se debiera dotar de mayores atribuciones a la
Comisión de Control del sistema de inteligencia del Estado, "
para que estas figuras tengan mayor control en su ejecución de aplicación".
Gonzalo Yuseff, ex director de la ANI, descarta tajantemente que sea necesario incorporar una figura de coordinador de inteligencia, pues eso ya recae en la ANI. "Crear una figura, que no sabemos por quién será nombrada, probablemente por el mismo Presidente, es simplemente una burocracia y la reiteración de algo que ya existe".
Esto, explica, porque "es un mito que los sistemas de inteligencia actúen de manera generosa, y le presten información a alguien que no pertenece a ello. Los organismos de inteligencia, por una cuestión profesional, siempre van a ser reservados respecto de su información y van a ser reticentes en compartirlas".
Óscar Aranda, ex jefe de Inteligencia de la Armada, califica la idea como "una fantasía, lo peor de dos mundos". Esto, porque cada agencia de inteligencia que hoy existe en el país obedece a directrices de su respectiva institución, "entonces ¿por qué tiene que estar la ANI coordinando lo que debe hacer cada institución o encargándoles operaciones?".
Las alternativas: Fortalecer a la ANI o las instituciones
Yuseff, plantea que pese a que sea necesario mejorar en algunos aspectos la inteligencia de las Fuerzas Armadas o las policías, el camino está en reforzar la parte operativa de estos organismos que están a cargo de la seguridad pública que combaten el narcotráfico y terrorismo.
"No creo que sea bueno incorporar otros actores a las labores de inteligencia; y tampoco reforzar a la propia ANI. Creo que es bueno que permanezca en un plano de análisis y no de intervención o de ejecutar operaciones, pues ahí es donde empiezan los problemas".
En la misma línea, John Griffins, jefe del áreas de Estudios en Seguridad y Defensa de AthenaLab y ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, plantea que es necesario distinguir el real problema del que se debe hacer cargo la ministra Siches en este momento.
"La ministra tiene un problema de seguridad pública, no necesariamente de seguridad nacional. La seguridad pública tiene que ver con el actuar de las fuerzas de Orden y Seguridad, y en esa inteligencia se debe centrar. Si vas a tener un coordinador, ¿de qué tipo es?, ¿de seguridad pública o seguridad nacional?", sostiene.
La propuesta, profundiza Griffins, además parte de una base errónea, pues "Chile no tiene una arquitectura de inteligencia como en otros países".
Por el contrario, Aranda cree que la solución está en potenciar a la ANI, "y no pretender que un director de inteligencia mande a otros que no tiene cómo controlar; puesto que aquello no le compete y tampoco tiene los medios para realizarlo".
