"¿Les pasa que quedan sin luz en sus casas por x días?, ¿o ven cables colgando por todos lados? En Lo Espejo pasa", tuiteó el miércoles la alcaldesa de esa comuna, Javiera Reyes, en la misma jornada en que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Chile por el robo de cableado eléctrico que deja a cientos de familias sin suministro eléctrico.
La problemática que afecta a lo Espejo es parte de la tendencia al alza por este tipo de hechos en los últimos seis meses, que se repite en varias regiones del país. Según datos de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones Chile Telcos -que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago- la industria interpuso un total de 1.555 acciones judiciales (querellas y denuncias) por estos robos entre octubre de 2021 y marzo de este año.
Al comparar los datos con el periodo pasado -octubre 2020 a marzo 2021- las acciones judiciales llegaban sólo a 350; por lo que las cifras actuales representan un alza del 344%.
El tipo de infraestructura de telecomunicaciones más afectada por los actos vandálicos judicializados es la que corresponde a cables de cobre (68,7%); seguido por la fibra óptica (20,6%); baterías (6,4%); otros (3%); cerco perimetral (0,8%); y generadores (0,1%).
RM, la más afectada
En el desglose por Región, más afectada en este periodo, con casi 50% de los actos de vandalismo que han terminado con acciones judiciales. Le sigue Valparaíso, con un 14,3% y O'Higgins, con un 11,8%. En tanto, Tarapacá tiene el porcentaje más bajo, con un 1,2%.
En la revisión por comunas, las más afectadas se distribuyen entre la zona centro sur y el norte de nuestro país. Arica con 6,4% y Antofagasta con 5,8% en el norte; Rancagua con 10,1% y luego San Bernardo y Puente Alto con 4,8% en la zona centro sur. (Ver tablas)
Impacto multidimensional
El problema de robo de cables de cobre y otros elementos de telecomunicaciones no sólo implica que cientos de personas queden sin suministro eléctrico y la interrupción de servicios de telecomunicaciones, sino que hay otra serie de trastornos asociados a estas prácticas.
Según detalla a Emol el presidente de ChileTelcos, Alfie Ulloa, estos hechos "también obligan a suspender las atenciones de salud, educación, servicios bancarios, cosas tan simples como los semáforos o los cajeros quedan inutilizados. Pero también reparticiones públicas como el Registro Civil y el Ministerio Público vieron interrumpido su trabajo".
"Hoy todo es digital, y esa tendencia solo irá en aumento, por lo que las alteraciones generan cada vez mayor daño al Gobierno, las empresas y los usuarios", complementa.
Otro de los hechos que preocupa es el aumento de un mercado negro organizado en torno a la venta y exportación de cables de cobre, acciones concretadas gracias a un sofisticado modus operandi de las bandas delictuales dedicadas a este tipo de delitos.
"Es evidente que existen mafias en acción, y por ende se requiere de una logística y capacidades importantes para hacer frente a esas bandas criminales organizados. Además del robo de cables para vender el cobre, hemos tenido casos en que delincuentes amenazan a las cuadrillas de técnicos y roban su equipamiento o vehículo. El riesgo ya no es sólo para la infraestructura, sino también para los colaboradores y eso es inaceptable", remarca Ulloa.
Proyecto de ley incorpora multas
Un aumento de las sanciones por el hurto de cable de cobres es lo que propone el proyecto de ley que modifica el código penal presentado por el diputado Vlado Mirosevic (PL), como forma de desincentivar la acción de estas bandas, pues en su diagnóstico, el trabajo de las autoridades no ha sido suficiente, y se requiere un apoyo desde el punto de vista legilativo.
"Sería bueno considerar sanciones específicas a la receptación de los implementos robados de la red, pues el crimen organizado utiliza las chatarreras y otros lugares como negocios fachada y para el acopio de los implementos robados".
Alfie Ulloa, presidente de ChileTelcos
Actualmente, en virtud de la ley 20.273, el tipo penal de hurto de cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios solo contempla penas de presidio menor -en sus grados medio a máximo- pero que no trae aparejada una multa.
"En ese sentido, parece justo establecer un mecanismo que, además de reforzar el desincentivo al hurto, permita a la sociedad recuperar algo de lo perdido como consecuencia de la comisión de estos ilícitos", plantea Mirosevic, quien propone agregar una multa de 11 a 15 UTM cuando el ilícito corresponda a penas en grado medio a máximo; y en caso de grado máximo, la multa sea de 21 a 30 UTM.
Ulloa recalca que la mayoría de los delitos quedan impunes y que es necesario evitar normalizarlos, por lo que llama a la acción conjunta de todos los actores -Gobierno, municipios, policías, empresas y ciudadanía- y valoró la decisión de impulsar el proyecto de ley.
"Es una acción necesaria y urgente. Sería bueno además considerar sanciones específicas a la receptación de los implementos robados de la red, pues el crimen organizado utiliza las chatarreras y otros lugares como negocios fachada y para el acopio de los implementos robados. Y también que el Estado se haga parte de las querellas, pues estos cortes afectan fuertemente la vida de todos, tienen impactos económicos que también dañan al fisco, y también a los propios servicios del Estado", zanjó.
Las ocho regiones con más robos judicializados% en base al total nacional
Arica
2,7%
Tarapacá
1,2%
Antofagasta
10,6%
Coquimbo
1,6%
Valparaíso
14,3%
Metropolitana
49,9%
O'Higgins
11,8%
Biobío
6,2%
Las 10 comunas más afectadasDe la zona norte al centro sur
