Han pasado 12 días desde que el
Presidente Gabriel Boric anunció públicamente que evaluaba una nueva fórmula para que la fuerzas militares apoyen las tareas de resguardo en la macrozona sur; un
"estado intermedio" que evita recurrir al estado de excepción constitucional.
Son tres los puntos clave de la medida: no limita las libertades o derechos de las personas, existe una autoridad civil a cargo, y el Presidente la puede prorrogar por dos periodos de 15 días sin recurrir al Congreso, luego de eso, debe pasar por los legisladores.
Sin embargo, el Gobierno aún no cuenta con los respaldos necesarios para sacarla adelante, incluso en su propio bloque. Así lo reconoce el ministro de la Segprés, Giorgio Jackson, quien está a cargo de las tratativas para que avance la agenda legislativa del Gobierno en el Parlamento.
"Es algo que todavía no genera el consenso necesario. Esta es una reforma constitucional que requiere tres quintos del Congreso y, por lo tanto, queremos que todas las dudas que se han planteado al interior de nuestra coalición puedan ser resueltas para poder avanzar con firmeza a conseguir los votos que faltan", sostuvo Jackson a El Mercurio de Valparaíso.
Así, la tarea que ha asumido el Gobierno, explica el ministro, es buscar "puntos de equilibrio" para que la iniciativa avance, los que se traducen en "escuchar los testimonios tanto de las personas que sufren de inseguridad de transitar por las vías transportando, realizando su trabajo, como también de aquellas personas que no quieren que siga habiendo paralizaciones en las carreteras que impidan el paso tanto de alimentos como de suministros o incluso ambulancias que muchas veces no han podido pasar".
"Si pensamos lo que les está pasando a las personas afectadas, es más fácil poder generar un clima de mayor consenso en torno a algunas medidas que, me imagino, a ningún gobierno le gustaría tener que aplicar. Nos encantaría que esto no existiera, pero una vez que el conflicto está, la pregunta es cómo uno lo aborda", reconoció Jackson.
Lo anterior, además, debe conjugarse con las garantías que se transforman en un piso mínimo para el Gobierno: que no se vuelvan a vulnerar los derechos de las personas, la seguridad en las rutas, y "que las personas que cometan delitos o que estén asociadas al crimen organizado se les va a perseguir", apuntó.
Así, el cuadro se torna complejo, pues oscila en la fórmula con base democrática de "tratar de que ese poder de la fuerza y uso de ella tenga que tener ciertos límites, ciertos contrapeos y validaciones democráticas", afirmó el titular de la Segprés.
"Eso es una de las complejidades de situaciones como ésta, donde alguien podría decir por qué no las aplican inmediatamente. Bueno, es porque tenemos que tener ciertos balances que permitan que cuando haya una persona en el gobierno que piense distinto a uno, no la pueda ocupar de manera indiscriminada, como ha ocurrido en muchos países de nuestra región", zanjó.
