La respuesta a las demandas sociales ha sido uno de los motores del proceso constitucional. Salud, educación, vivienda, son parte del abanico de temas sensibles y de largo aliento que hoy están presente en el borrador de la nueva Carta Magna. Sin embargo, para algunos hay un punto que, en lugar de fortalecerse, habría quedado debilitado: la seguridad.
La semana pasada ya había surgido el debate por la eliminación del estado de excepción constitucional como mecanismo del estado de derecho; antes, se habían instalado las dudas por la "demilitarización" de Carabineros; y ahora, surgen reparos porque el texto no hace alusión al "terrorismo" o que pondría un énfasis desbalanceado en los presos respecto a las víctimas.
A través de una carta a El Mercurio, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y el ex coordinador Nacional de Seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquízar, recogen estos puntos que, según plantean, debilitarían al Estado para hacer frente a las principales amenazas del siglo XXI.
"Respecto de la principal preocupación de los chilenos y chilenas, el borrador de Constitución no solo no la prioriza, sino que termina directa o indirectamente debilitándola, afectando a las familias que sufren las consecuencias de la delincuencia, del narcotráfico y del crimen organizado", afirman.
En el texto, no sólo mencionan la supresión del estado de excepción y de las policías como "Fuerzas de Orden y Seguridad", sino que también abordan la restricción de las FF.AA. sólo "al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial", lo que suprimiría su función en el ámbito interno. Es decir, no podría regir el decreto que hoy opera en el norte para el control de tráfico ilícito de migrantes, o eliminaría la función de la Policía Marítima para la pesca ilegal.
Por otro lado, reparan en que existe un título completo para las garantías de personas privadas de libertad, que incluyen "la libertad como regla general", o que toda persona que no resulte condenada, "será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad", o que se incluyo "la Defensoría penal para todo imputado de delitos, pero se rechazó la Defensoría para las vítctimas. Un delincuente tiene asegurado un abogado, y una víctima, no", sostienen.
"Ideologización" y "sin participación ciudadana"
Esta mirada es compartida por el convencional independiente, Felipe Harboe, quien recalca que "hoy día existen herramientas que permiten prevenir, actuar en materia de inteligencia, e incluso dejar sin la posibilidad de participar en procesos electorales a las personas que han cometido delitos terroristas. Eso no lo vamos a tener con el nuevo texto propuesto".
"No está el terrorismo mencionado en el borrador de la Constitución y ahí uno se da cuenta del nivel de amateurismo y sobreideologización de algunos y algunas".
Felipe Harboe, convencional (Ind)
En conversación con
EmolTV recalcó que
"no está el terrorismo mencionado en el borrador de la Constitución y ahí uno se da cuenta del nivel de amateurismo y sobreideologización de algunos y algunas". Esto, porque "el terrorismo no tiene que ver con una causa determinada, puede ser foráneo.
"Yo lo lamento de verdad, si uno hace un análisis global, las democracias que han salido adelante son aquellas que han terminado con los riesgos de inseguridad y crimen organizado o los han circunscrito", recalcó.
En la misma línea, el convencional UDI, Arturo Zúñiga, cree que el proceso constituyente "no ha tenido una mirada de participación ciudadana adecuada", porque "las distintas encuestas han puesto si no es primero, en segundo lugar siempre a la seguridad, y lo que hace esta Constitución y pegarle un portazo a estas demandas justas de los ciudadanos".
Esto, puntualiza el convencional, "no sólo porque el texto elimina el estado de excepción de emergencia, sino que también hay muchas otras omisiones que perjudican que podamos tener una capacidad del Estado de enfrentar de buena forma la delincuencia y mantener el orden publico, de hecho, esta palabra tampoco aparece".
Convencional Sepúlveda: "Ya no existe un enemigo político"
La convencional Bárbara Sepúlveda (PC) rechaza tajantemente las críticas que sostienen que con el texto se debilita el Estado en materia de seguridad. Según comentó a Emol, lo que se hizo fue eliminar "la idea de la seguridad nacional como doctrina, es decir, hemos cerrado el capítulo de la guerra fría, porque ya no concebimos que existe un 'enemigo interno', que es un enemigo político, que es propio de la doctrina que permeó el actuar de la dictadura".
"Hemos cerrado el capítulo de la guerra fría, porque ya no concebimos que existe un 'enemigo interno', que es un enemigo político, que es propio de la doctrina que permeó el actuar de la dictadura".
Bárbara Sepúlveda, convencional PC
Sepúlveda profundiza que esta figura de "enemigo interno" está entendida como aquellas personas "que se manifestaban políticamente, partidos de izquierda, o derechamente un segmento de la población que se identifique como enemigo de la nación y esa superación es algo positivo, no tiene nada que ver con la debilidad con el actuar de un Estado en torno a la delincuencia".
En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, la convencional recalca que éstas nunca han tenido "ninguna atribución que tenga que ver con el control del orden público, incluso en la constitución del '80 eso sucede en ámbitos excepcionales, como el estado de excepción constitución. Es falso que estén vetadas".
En la misma línea, afirma que el texto refuerza a las policías en lugar de debilitarlas, "pasando de una policía de carácter militar a civil, con un mandato de profesionalización que va a hacer mucho más efectivo su actuar, con controles internos que permitan que su gestión sea más eficiente", lo que redundará, según explica, "en la protección de su imagen que se ha visto debilitada por los escándalos de corrupción".
En cuanto a la eventual desprotección a las víctimas de delitos que plantea la carta, Sepúlveda enfatiza que "es falso", puesto que lo que se garantiza en el borrador es "un derecho al acceso a la justicia, que es mucho más profundo que otro derecho, que también está presente, que es al debido proceso; ahora todas las personas van a poder acceder a los sistemas de justicia, que además debe ser gratuito".
"Cuando la carta dice que los delincuentes tienen asegurados abogados y las víctimas no, eso es una cuestión que desconoce el texto que asegura la gratuidad de acceso y se cuente con una Fiscalía que va a funcionar mucho mejor, porque las hemos pensado con menos restricciones que las que tienen hoy día".
Con todo, la convencional recuerda que por primera vez en la historia del país se garantiza el derecho a "vivir una vida libre de violencia", lo que establece nuevos mandatos al Estado y garantías para hacer efectivas las políticas públicas y la legislación que debiera dictarse para estos fines. Esto, sumado a que "también se establece una vida libre de violencia de género".
