A raíz de las polémicas conversaciones en las que habría participado el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez junto a su equipo y círculo cercano, en las cuales se habrían emitido una serie de comentarios, burlas y afirmaciones en contra de los integrantes del concejo municipal y dirigentes, los ediles ahora discuten la opción de
destituir al administrador municipal, entre otras medidas.
En concreto, los concejales solicitaron una sesión extraordinaria para el lunes 6 de junio, a las 18:15 horas. Según consignó El Mercurio de Antofagasta, el oficio, dirigido al secretario municipal, Héctor Gómez, detalla que la finalidad de la reunión es debatir un solo punto en tabla: la remoción del actual administrador municipal, Felipe Guzmán, quien sería uno de los miembros clave del equipo asesor del alcalde Velásquez.
La polémica inició a mediados de esta semana, cuando se publicaron una serie de conversaciones emitidas a través de un grupo de WhatsApp, el cual era integrado por el jefe comunal y su equipo de trabajo y círculo más cercano. En los chats se habrían emitido comentarios, burlas e incluso ofensas en contra de funcionarios, concejales y dirigentes sociales.
En base a aquello, ahora la mayoría de los ediles, salvo Luis Aguilera (RN) y Gabriel Alvial (PRO), firmaron la misiva que busca discutir la destitución de Guzmán. En paralelo, y tras sostener una reunión de los funcionarios municipales agrupados en el gremio sindical, resolvieron iniciar un paro a contar de este lunes e indicaron que la movilización se extenderá hasta concretar la renuncia del equipo de confianza de Velásquez.
Sumario
A todo lo anterior, se suma que la Dirección de Control de la Municipalidad inició un sumario en contra del gabinete del alcalde, tras los comentarios revelados que se emitían en contra de funcionarios, autoridades y dirigentes sociales de la comuna. El documento fue firmado por la directora de Control, Cecilia Aqueveque, con fecha 2 de junio de 2022.
En específico, el sumario recae en el mencionado Felipe Guzmán; la directora de Dideco, Cary Pena; la directora de Servicios Traspasados y otrora municipal, Yamile Guzmán -quien también demandó a la casa edilicia-, y al ahora director de Cultura y previamente de Operaciones, Rodrigo Silva.
Además, se menciona al jefe de gabinete Diego Yáñez; a la administradora del edificio, Carolina Alvarado; la secretaria y presunta pareja de Velásquez, Yessenia Collao; y los periodistas Ximena Reyes, Valentina Ottensen y Luis Pizarro.
La medida se enmarca en el artículo 58 de la Ley 18.883, que señala: "Serán obligaciones de cada funcionario orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a esta correspondan (...) y observar estrictamente el principio de la probidad administrativa".
Además, la solicitud sumaria agrega que, según el artículo 52, en el ejercicio de sus funciones públicas, los titulares municipales están obligados a dar cumplimiento al principio de probidad, en todas sus actuaciones, además de tener conducta funcionaria "intachable" y desempeño honesto y leal a la función del cargo.
Por lo mismo, se añade que, habría situaciones que "podrían configurar una contravención al principio de probidad", y se alude al alcalde debido a que "se observa una contravención a su obligación de no realizar ningún acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios y la discriminación administrativa".
