La jefa de bancada de diputados CS, Gael Yeomans.
Aton
La diputada Gael Yeomans, jefa de bancada de Convergencia Social, presentó este jueves un proyecto de reforma constitucional que busca eximir del pago de multas a adultos mayores y cuidadores que no puedan trasladarse a votar para el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
La iniciativa, impulsada junto a sus compañeros de partido, se enmarca en que esta votación es de carácter obligatorio, por lo que quien no acuda a las urnas arriesga una multa desde 0,5 UTM ($28.778) hasta 3 UTM ($172.671).
En ese contexto, lo que plantean los diputados es permitir a las personas mayores de 65 años -donde precisamente, según las encuestas, aumenta la inclinación por votar Rechazo- y a quienes sean cuidadores de personas que requieren cuidados intensos respecto a su salud, puedan no votar, sin peligrar la multa.
“Este proyecto, lejos de buscar desincentivar el sufragio de los ciudadanos, busca respaldar a quienes por sus labores de cuidados muchas veces se ven dificultados de acudir a las urnas”, dijo la diputada Yeomans.
Y agregó que “Nuestro llamado es a tener un plebiscito consciente. La alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19 seguirá vigente el próximo 4 de septiembre, por este motivo también es importante
agregar dentro de las excepciones de pago de multa a las personas mayores de 65 años, que puedan encontrarse en una situación de inmunodeprimida que pueda exponerlos a riesgos asociados a la pandemia”.
Las modificaciones se hacen al artículo 142 de la constitución actual, en donde se consagra, específicamente, que las razones para ser exento de multa será "por enfermedad, o requerir apoyos intensos, tener 65 años o más, ausencia en el país, ejercer trabajos de cuidados cuya ausencia prolongada pueda implicar una amenaza para la vida, integridad física o salud o de la persona cuidada, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrare registrado su domicilio electoral".
Asimismo, la reforma agrega que "el director del servicio electoral deberá interponer las respectivas denuncias dentro del plazo de un año desde la celebración del plebiscito, teniendo en cuenta para ello las hipótesis de exención de multa señaladas en el inciso cuarto".
El voto obligatorio para este plebiscito del 4 de septiembre se definió al momento en que se firmó el Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019 -firmado solo por Gabriel Boric de CS.
