Cambios sobre las aguas disminuirán el patrimonio de los pequeños agricultores

"Sabemos que su negocio es diferente y por tanto, requiere de un financiamiento diferente". Así promociona un banco el otorgamiento de créditos agrícolas de temporada a pequeños agricultores.

En Chile hay 285 mil pequeños agricultores, según datos de la Sociedad Nacional de Agricultura, que con las normas del borrador de Constitución podrían ver impactada su situación, pues estas establecen que todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua gratuitos y no comercializables.

"Cuando los tasadores valorizan la garantía hipotecaria de los agricultores toman en cuenta la tierra, el agua y la infraestructura, por lo que de aprobarse el borrador de la Constitución, los derechos de aguas serán expropiados sin pago… o sea una de las tres valorizaciones de las garantías valdrá cero", señala Benjamín Barros, director de Agronegocios en Agrocapital, asesores financieros especializados en agricultura.

Al respecto, Guillermo Donoso, profesor del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la UC señala que "esto tendrá un impacto negativo en términos patrimoniales para los pequeños agricultores, ya que dejarán de tener sobre el agua derechos transferibles, negociables y transables. Habrá un aumento en la precariedad de las autorizaciones en los créditos, lo cual afecta potenciales inversiones en actividades agrícolas de más largo plazo".

Matías Desmadryl, socio PPU Legal y ex director general de Aguas indica que la agricultura está teniendo alzas de costos importantes producto de una crisis internacional e "indudablemente el financiamiento bancario es una cuestión sumamente relevante y con la normativa donde se pasa a una autorización de uso precaria, temporal y de carácter incomerciable habrá un retroceso y para algunos sectores definitivamente no habrá acceso a crédito".

La economista y especialista en recursos naturales Evangelina Dardati señala que dado que el borrador de Constitución describe nuevas autorizaciones más restrictivas que los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), "esto representa indefectiblemente una pérdida de patrimonio y un tema importante en lo que pase con aquellos agricultores, en su mayoría pequeños, que no tienen los derechos de agua regularizados y que se estima son aproximadamente un 50% del total de los DAA".

Agrega que con la reforma al Código de Aguas se otorgan cinco años para que regularicen su situación, "sin embargo ahora no queda claro qué pasará, ya que con el cambio de derecho de aprovechamiento a autorizaciones son solo para aquellos derechos que están regularizados. Probablemente son aquellos agricultores los que sufrirán en mayor medida las consecuencias si es que no se les da un tiempo para que regularicen su situación", añade.

Carlos Diez, presidente de la Junta de Vigilancia Río Maule que agrupa a 13.000 accionistas de los cuales el 70% es pequeño (de entre 1 a 15 hectáreas) explica que "estamos trabajando en la regularización con el catastro, inscripción y registro de los derechos de agua. Pero con lo votado el martes, aunque hagamos todo ese trabajo, dejaremos de tener ese derecho de uso permanente y pasarán a ser licencias que pueden utilizar solamente, sin dejar en garantía en los bancos".

Otra duda que tienen los expertos es sobre el funcionamiento de los Consejos de cuencas que crea el borrador de Constitución que "serán los responsables de la administración de las aguas".

Al respecto, Guillermo Donoso califica como positivo el aumento de participación de la sociedad civil, usuarios y sector público que se propone para estos consejos, "pero hay dudas respecto de la capacidad de estos de administrar la distribución del agua y sobre quién va a invertir en la infraestructura de captación y distribución, y quién va a financiar el mantenimiento de estas, ¿será el Consejo y de dónde obtendrán el financiamiento?", se pregunta.

Por su parte, Graciela Correa, gerenta de la Federación de Juntas de Vigilancia VI Región, que agrupa 12 juntas de vigilancia con 25 mil agricultores y donde el 85% es pequeño agricultor, señala que "desde la Colonia los usuarios han administrado y distribuido las agua en los cauces naturales y artificiales del país y aquí lo que plantean es estatizar la gestión. El problema es que el Estado no tiene la experiencia ni el conocimiento para hacerlo. Además, ¿cómo se va a financiar la gestión de estos organismos de cuencas, agencia, comités, etc... Si hoy los 25.000 dirigentes en el país son ad honorem, con años de experiencia, con vocación pública, administrando, resolviendo arbitrajes sin costos para el país".

Las modificaciones sobre las aguas seguirán en el debate, pues una de las normas transitorias aprobadas este martes en el pleno podría tener cambios en la comisión de Armonización.

Esto fue parte del acuerdo con el que el Bloque Popular (conformado por colectivos de convencionales independientes y escaños reservados) decidió dar sus votos a favor de la indicación ingresada por Jeniffer Mella (Frente Amplio) que se aprobó y quedó en el borrador de Constitución. De hecho, el martes durante los recesos era posible ver a Camila Zárate (Pueblo Constituyente) y Mella conversando sobre esto en el patio del ex-Congreso.

El Bloque Popular intentará que en Armonización se establezca en el artículo transitorio sobre los derechos de aprovechamiento de aguas (que dice que los otorgados con anterioridad se considerarán autorizaciones de uso de agua), que mientras no se dicte la legislación se apliquen las reglas que prescribe el Código de Aguas, pero "excepcionalmente" y no que esta sea la norma general.

Además, en el mismo artículo intentarán cambiar la redacción sobre la posibilidad de hacer traspasos de derechos de agua. La norma aprobada dice que esto puede ocurrir en dos casos: siempre que estén fundadas en el derecho humano al agua y saneamiento o la disponibilidad efectiva de las aguas. La propuesta de los independientes es reemplazar esa "o" por una "y" para que se tengan que cumplir ambas condiciones a la vez para poder hacer traspasos.