El proyecto de nueva Constitución ya está listo y desde hace un par de semanas, y durante los próximos dos meses, será sometido a escrutinio público para convencer a los votantes de elegir una u otra opción en el Plebiscito de salida, el 4 de septiembre.
Pero dado que son 388 artículos, y casi 60 normas transitorias, el análisis probablemente no contemple todo el texto y se centre en los puntos que han generado mayores dudas entre los ciudadanos. Por ejemplo, la propuesta contempla un artículo 28° que establece la titularidad de derechos para las personas con discapacidad; y el 91° consagra el "derecho al ocio", pero aquellos han estado más bien alejados de la discusión pública.
En cambio, las normas relacionadas al
sistema político, a los derechos de los pueblos indígenas, a la seguridad social, salud, y justicia, son las que más aprensiones han generado y son las que, prevén los académicos, tendrán mayor protagonismo en el debate.
Para el profesor de derecho constitucional de la UAH, Tomás Jordán, uno de los puntos centrales será la plurinacionalidad y "si hay o no una situación diferenciada y favorable a los pueblos indígenas. Eso dice relación con el pluralismo jurídico y las autonomías territoriales indígenas, creo que son los puntos más sensibles".
Así mismo lo explica Soledad Bertelsen, doctora en derecho y académica de la UAndes, que señala que el debate se dará porque "parte de la población no está contenta con esta desigualdad ante la ley que se produce. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que haya sistemas de justicia paralelos, que tengamos uno para pueblos originarios y otro diferente para el resto de los chilenos".
En cuanto al sistema político, Bertelsen dice que, de la lectura del proyecto se podría afirmar que hay una "concentración del poder", lo que se vería en varios artículos que estructuran el bicameralismo asimétrico y la relación del Parlamento con el Presidente.
En esa línea, los puntos de debate serían que "materias importantes de leyes van a ser aprobadas sólo por una de las cámaras, sin pasar por la Cámara de las Regiones" y la pérdida de la iniciativa exclusiva del Presidente en materias que irroguen gasto fiscal".
En el diseño planteado por la Convención, ese tipo de leyes son de "concurrencia presidencial", lo que implica que deben ser patrocinadas por el Ejecutivo, pero pueden ser propuestas por los parlamentarios, lo que a juicio de la académica, generaría un "alto costo político" para el Mandatario.
En tanto, Sebastián Soto, director del Departamento de Derecho Público de la UC, remarca un problema "micro" que podría tener un impacto "macro".
"La Constitución de 1925 prohibió que el Congreso use la Ley de Presupuestos para modificar gastos establecidos en leyes permanentes. La propuesta constitucional elimina esa regla y ahora sólo impide que la Comisión Especial de Presupuestos reduzca gastos establecidos en ley permanente", dice Soto.
De esa forma, en los debates en sala el Congreso podría, según explica, "alterar los gastos establecidos en leyes permanentes mientras se discute la ley de presupuestos. Eso es un cambio radical en la forma de discutir los presupuestos".
Derechos fundamentales
Para Gonzalo Arenas, exdiputado UDI y académico de la Universidad San Sebastián, los puntos que se podrían tomar el debate son dos: salud y educación, y sobre todo el rol que tendrán los privados en la prestación de esos derechos.
"El artículo 36 establece el Sistema Nacional de Educación y deja entregada a la ley, que se puede aprobar con un quórum simple, la forma de configurar este sistema nacional y los requisitos que tendrán los particulares para poder entrar. Creo que eso va a facilitar una arbitrariedad y condiciones que pueden ser muy draconianas, porque no se establecen límites claros", comenta Arenas.
Lo mismo ocurriría, según dice Arenas, con el artículo 44°, que fija las bases del Sistema Nacional de Salud. "No queda claro cuál será la participación de los entes privados en esto. De la redacción uno podría suponer que se van a acabar las Isapres, porque todo pago irá a un administrador público único, pero no sabemos cómo se van a relacionar los privados con el sistema público".
Otros debates y sus fundamentos
Otros temas mencionados por los académicos son los nombramientos de los jueces a través del Consejo de la Justicia y el riesgo de la "politización"; las materias de orden y seguridad, con el ejemplo del fin del estado de excepción; el estatuto de los bienes comunes naturales, como el agua y el traspaso de los derechos de propiedad a las autorizaciones de uso; y el diseño del Estado regional, que se ha criticado que "fragmenta" el país, a pesar de los artículos que señalan que Chile es un territorio "único e indivisible" y que la autonomía no permite la secesión.
También se han abierto otro tipo de discusiones, relacionadas a normas que no están en la propuesta y que distintos personeros han intentado desmentir, como la pérdida de la propiedad sobre la vivienda.
En ese marco, Jordán contesta que "algunas son disputas más de eslogan y otras que tienen ciertos fundamentos. Por ejemplo la propiedad de las pensiones o la pérdida de la propiedad de la vivienda, son más bien eslogan. Pero por ejemplo el pluralismo jurídico y su impacto tiene fundamentos porque la Constitución no señala entre quiénes se va a aplicar y en qué materias, por ejemplo. Hay una disputa complicada que se pueda dar".
No obstante, para Jordán hay algunos temas que, a pesar de que generan aprensiones en la ciudadanía, podrían generar un consenso amplio de ser reformados en el futuro, si gana el Apruebo.
"Todo aquellos elementos criticables son o por un lado solucionables en el sentido de corregir con una reforma, o pueden ser incorporados. Por ejemplo, el estado de emergencia, que se puede incorporar, fácilmente, en una reforma transversal. Los elementos del pluralismo jurídico también pueden ser tratados en un acuerdo", dice el académico.
En cambio, Bertelsen difiere un poco de esa mirada, al menos con respecto a los elementos del sistema político.
"No es un solo artículo aislado, sino que toda la relación Congreso-Presidente y la relación entre las dos cámaras están basadas en que no haya un bicameralismo simétrico. Todo puede ser modificado eventualmente, pero para eso tienes que tener la voluntad política y los quórum para hacerlo, y que quede ordenado, porque si no quedará como un pegado de piezas de un puzzle que no calzan", responde.
