La decisión de la Subsecretaría de Salud Pública de terminar con el uso de los equipos 'body scan', presentes en 10 centros penitenciarios y dos recintos del Sename, por razones sanitarias, quedó plasmada en un oficio del 30 de junio. Sin embargo, la determinación cobró relevancia pública recién este fin de semana y causó sorpresa en el Ministerio de Justicia, repartición de la que dependen los centros penitenciarios y Gendarmería, dado que no hubo una consulta previa sobre la materia, considerando la importancia de los aparatos. La polémica generó que el Minsal dejara sin efecto la medida. Pese al anuncio de que se establecerá una mesa interministerial para el "mejoramiento de protocolos y técnicas", el hecho abre un nuevo flanco de cuestionamientos hacia el Ejecutivo, en un tema especialmente complejo como la seguridad pública y la situación en los recintos penitenciarios del país. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió al asunto, donde destacó la importancia de los escáneres corporales, principalmente en la detención de elementos prohibidos.
