La noche de este domingo se dieron a conocer los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, estudio que arrojó que, desde febrero a la fecha,
ha bajado en un 8% la percepción sobre la delincuencia, sin embargo -tal como muestran otros sondeos- la sensación de vulnerabilidad aumentó, pues el
77% de los encuestados siente temor de ser víctima de algún delito.
A su vez, la encuesta dio a conocer cuáles son las razones que la ciudadanía atribuye como los factores que han derivado en un aumento en la delincuencia del último tiempo. En esa línea, el estudio reveló que el 24% de los consultados considera que los tribunales y el Ministerio Público "no funcionan", posicionándose en el primer lugar.
Según Cadem, a esa baja valoración del Poder Judicial y del Ministerio Público, le sigue el fenómeno de la migración y que
Carabineros no tiene las atribuciones necesarias para combatir la delincuencia como parte de las principales razones para el alza en los delitos. Adicionalmente, el sondeo reveló que el 50% de la ciudadanía considera que el Gobierno es el responsable de combatir los delitos de de dar mayor seguridad.
Frente a estos datos, Emol conversó con diversos expertos en seguridad y justicia, quienes señalaron que la falta de confianza en los tribunales y en el Ministerio Público está dada por los casos donde ha existido impunidad y, al mismo tiempo, donde las personas condenadas pueden acceder a beneficios carcelarios. Además, exponen que, frente al escenario delictual, las policías parecen haber mejorado su valoración, instalando el debate sobre un posible reencantamiento con Carabineros.
Baja valoración de la justicia y persecución
La investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, plantea que el reconocimiento del sistema judicial como una razón del aumento de la delincuencia "está asociado a la vulnerabilidad que tienen las personas frente al delito, porque esto nos habla de que estamos percibiendo que las personas que cometen delitos no están siendo castigados, que ha aumentado la sensación de impunidad, por lo tanto, si el delincuente no está siendo castigado yo estoy más expuesto y vulnerable frente a un delito".
"Hoy día nos estamos informando mucho más que tenemos delincuentes que están siendo detenidos en reiteradas ocasiones y que están quedando en libertad. Ahí se va generado un cuestionamiento desde la ciudadanía con respecto al trabajo de la justicia y los tribunales, porque se cuestionan si el procedimiento está fallando, si hay falta de comunicación con las instituciones de seguridad que están en la calle", menciona.
Con respecto a la posición de las policías, la experta califica como un fenómeno "llamativo" los últimos resultados de Cadem, pues "desde fines del año pasado que venimos hablando de refundar, reformar y se cuestionó la confianza que la población tenía con respecto a Carabineros, pero las encuestan nos están mostrando es que la ciudadanía sí confía en las instituciones de seguridad y defensa, en quien no confía es en la justicia y en el Gobierno".
EL 24%de los encuestados atribuye el aumento de la delincuencia a que los tribunales y el Ministerio Público "no funcionan", según Cadem.
"Entonces, ya no es la confianza en Carabineros. En quienes no confiamos es en la Fiscalía y los tribunales de justicia, y eso estuvo muy marcado porque supimos de varias personas detenidas, por ejemplo, en la Macrozona Sur, juzgadas y que finalmente quedaron en libertad y eso, finalmente, también está alimentando la sensación de impunidad y, por ende, la vulnerabilidad que las personas pueden tener ante la delincuencia", agrega.
Por su parte, el académico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, y ex fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra está en desacuerdo con la "culpabilidad" que se le da al Poder Judicial y al Ministerio Público. En esa línea, el docente atribuye el aumento de la delincuencia a la falta de presupuesto y de legislación.
"No me parece que eso sea justo con el Poder Judicial ni con la Fiscalía. Todos los órganos que trabajan ligados a la persecución penal lo hacen sobre la base de lo que es la legislación, la creación de la legislación adecuada es responsabilidad del poder Ejecutivo y del Congreso, no hablo de este gobierno en particular, sino que de los gobiernos y el Congreso. En ese contexto, hay una realidad y es que muchas veces no se cuenta con las herramientas legales adecuadas ni con los recursos suficientes, los cuales dependen del Ejecutivo y del Congreso", asevera.
"Lo que pasa es que los tribunales y la Fiscalía son el rostro visible de la justicia de cara a los ciudadanos. Por lo tanto, quienes resuelven los conflictos que se generan son los tribunales, quienes persiguen los delitos son los fiscales, y es natural que las personas le atribuyan responsabilidades al Poder Judicial y a la Fiscalía", plantea.
No obstante, puntualiza que la responsabilidad del aumento de los delitos es "política". "El Poder Judicial y el Ministerio Público simplemente trabajan con las leyes que otros crean, basada en su ámbito de atribuciones y el tomar decisiones de esa naturaleza. No obstante, que pueda haber falencias y críticas, algunas de ellas fundadas, a lo que es la forma en que se lleva adelante la persecución penal".
Por otra parte, Consuelo Murillo, profesora de derecho penal y magíster en Criminología de la Universidad Andrés Bello, concluye que la falta de confianza en el Poder Judicial y en la Fiscalía tiene un doble efecto negativo en la ciudadanía: "El primero que nuestra calidad de vida disminuye porque sentimos más inseguridad. El otro efecto es que, cuando nosotros como ciudadanía seamos víctima de un delito o presenciemos un delito, no vamos a dar esa información a las policías o Fiscalía, entonces se va socavando las posibilidades que tienen estas autoridades de hacer mejor su trabajo".
Reforma procesal y cumplimiento de las condenas
Por otra parte, la encuesta Cadem reveló que un 60% de los encuestados considera que la solución para enfrentar la delincuencia es la creación de una nueva reforma procesal que "haga leyes y penas más duras". Sin embargo, los expertos aseguran que el problema no está en las condenas, sino en los beneficios carcelarios y en la forma en que se cumplen las sentencias.
La investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana comenta que, uno de los motivos que podría estar influyendo en la baja valoración del trabajo de los tribunales y el Ministerio Público es que "no necesariamente tribunales sea el que hizo mal un trabajo, sino que tal vez esa figura penal y el comportamiento que mostró ese delincuente le permitió acceder a pagar una multa y salir en libertad. Ahí no pasamos por la justicia, sino que por generar legislación acorde a lo que estamos viviendo hoy día. Y ahí entra el poder legislativo", señala.
En concordancia, el ex fiscal Guerra dice no compartir "que se tenga que hacer una reforma procesal ni que se tengan que endurecer penas en Chile. Creo que, en general, los delitos tienen penas adecuadas, lo que me parece que hay que mejorar es el sistema de cumplimiento de penas, en el sentido de quizás hacer una modificación que restrinja la aplicación de penas alternativas, o cumplimientos alternativos de la pena, formas de cumplimiento en libertad, en definitiva, sino que asegurar que la pena que se condena se cumpla efectivamente con la privación de libertad que la ley establece".
"El aumento de penas no creo que sea la solución. El problema no está en aquellos que son detenidos y condenados, sino que tiene que ver con que la gente siente que hay mucho caso que no se esclarece, y por lo tanto, queda en la impunidad. Y ahí hay que mejorar el índice de descubrimiento de casos, y luego, que la gente siente que si alguien es condenado, a veces en hechos brutales, al cabo de un tiempo tiene, por ejemplo, derecho a una libertad condicional a un cierto beneficio", añade.
En línea con el ex fiscal, la académica de la Universidad Andrés Bello, Consuelo Murillo insiste en que "aumentar las penas no sirve para disminuir la delincuencia. Hoy se debe trabajar en el punto de que cuando se cometa un delito, sea muy poco probable que ese delito quede impune. En nuestro país, hasta hace pocos años, cada vez que ocurría un homicidio, en la gran mayoría de los casos, se sabía quién era la persona y era muy poco frecuente que un homicidio terminara son una condena, hoy día aparecen personas asesinadas y se requiere de una labor de investigación mucho más acuciosa para poder dar con los responsables"
Rol de Carabineros
Tal como lo plantea Lizana, los resultados de la encuesta Cadem pueden estar reflejando que la ciudadanía sí confía en las policías. En ese sentido, todos los expertos coinciden en que Carabineros de Chile se está reencantando con la población, en parte, debido al escenario delictual que enfrente el país. Sin embargo, insisten en que la institución debe traspasar sus funciones a otras entidades.
"La encuesta habla de que, pese a todos los problemas que ha tenido Carabineros, el 78% de la población los evalúa positivamente. Carabineros ha ido recuperando si sitial, las personas no quieren mantener menos Carabineros cerca, quieren más y quieren tener Carabineros que estén armados, porque sienten que eso les da protección y tranquilidad", anticipa Guerra
Bajo ese contexto, el académico de la Universidad San Sebastián advierte que el Estado y el Gobierno debe "enfocarse en cómo mejorar la capacidad de respuesta de Carabineros frente al delito, eso significa mayor cobertura y mejorar la planificación al interior de la institución".
"Carabineros debería ser dejados en la función de prevenir delitos, es decir, estar presentes en la población como disuasivos de la delincuencia y, además, de detener el flagrancia a quienes sorprenden cometiendo un delito. Eso es lo esencial, temer a Carabineros practicando notificaciones, llevando adelante medidas de protección, cuidando espectáculos privados perfectamente pueden ser entregadas a otros órganos, eso liberaría recursos", asevera.
De igual forma, Aldo Vidal, vocero de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aseva), y también general (r) de Carabineros afirma que, actualmente, existe "un trabajo que no funciona muy bien que es la coordinación de todos los organismos que tienen participación en la delincuencia".
Por ello, el experto valora que la actual administración del Ejecutivo haya dado "algunas señales de la importancia que tiene la coordinación, porque este Gobierno por lo menos ha mercado un énfasis en las alianzas que deben existir entre privados y públicos. Por ejemplo, el reforzamiento de lo que debe hacer la seguridad privada en su ámbito".
"Ha habido una reticencia a convencerse que la seguridad municipal tiene que asumir un rol más protagónico, en esa medida, va a descomprimir la gran cantidad que tiene Carabineros de Chile. Hoy día hay más de 100 tareas que Carabineros debe cumplir por mandato y que podrían estar en manos inclusive de privados. Ahí hay que poner el acento, en redistribuir finalmente las responsabilidades de seguridad", concluye.
