Ministro Segpres, Giorgio Jackson.
Aton
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró la admisibilidad de dos querellas presentadas en contra del gobierno, especialmente contra la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) o todos quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos.
Esto por la impresión de casi
700 mil ejemplares de la nueva Constitución en el marco de la campaña de información del Ejecutivo "Hagamos Historia", que ya estaba siendo
investigada por Contraloría para no traspasar la línea de la prescindencia frente al plebiscito de salida del 4 de septiembre en donde la ciudadanía aprobará o rechazará el texto propuesto por la Convención Constituyente.
El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, es autor de una de las querellas, quien revela que su acción fue acogida hace más de una semana y que "hemos sugerido que se cite a declarar en primer lugar al ministro Jackson para ver sus responsabilidades en el tema".
"La raíz del delito tiene que ver sobre todo con que hay una prohibición legal de imprimir esta cantidad de documentos en la ley de presupuesto (…) crearon un ítem para poder imprimirlos, y eso es malversación de fondos porque están gastando dinero donde no se puede gastar", dijo el parlamentario.
En esa misma línea hace referencia la denuncia de Brunet. "Primero, no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades. Segundo, no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación", indicó el abogado.
Respuesta de Jackson
El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se refirió específicamente a la querella interpuesta por Irarrázaval, tildándolo de "show triste en términos políticos", pero además de que "constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del ministerio público con evidentes fines electorales".
Así, el secretario de estado fue enfático en mencionar que en la impresión de propuestas de nueva Constitución no hubo ningún delito: "Lo descarto de manera tajante y completa".
De hecho, criticó al diputado republicano de realizar una acción irresponsable "en momento en donde tanto tribunales como la fiscalía se ven todos los días sobrepasados haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito".
