El 76% de los encuestados opinó que el Estado de Emergencia debe quedar establecido en la carta magna. También, un 34% está de acuerdo con la propuesta constitucional en que las tierras indígenas sean protegidas y además restituidas. Y un 64% está de acuerdo con la creación de empresas estatales, pero estableciendo normas competitivas que aseguren su operación en igualdad de condiciones con las empresas privadas.
Estos son algunos de los datos que arrojó la encuesta elaborada por la CCS, CADEM y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. El sondeo se llevó a cabo entre junio y agosto de este año a través de llamadas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años a lo largo de todo el país, y busca ser un material para “contribuir al dialogo” entorno a la nueva propuesta constitucional.
Datos arrojados por la encuesta
De cara a las próximas elecciones, sin duda, una de las preocupaciones de la ciudadanía - y que ha ido al alza durante el último tiempo- son los temas relacionados a violencia y seguridad.
En ese sentido, la encuesta establece, que el último sondeo realizado sobre la figura del Estado de Emergencia en relación a la Constitución, un 76% de los encuestados opinó que éste debería quedar establecido en la nueva carta magna, mientras que un 21% adhirió a la propuesta de eliminarlo de ella.
Otro aspecto que ha generado gran interés, se la relaciona con la forma de Estado. En este punto, un 50% se inclinó por un Estado unitario, política, administrativa y fiscalmente descentralizado, mientras que un 43% adhirió a la propuesta sobre Estado plurinacional, incorporando la figura de las entidades territoriales autónomas.
Respecto al consentimiento indígena sólo un 16% optaría por la propuesta que lo incorpora relativo a las materias que afecten a los pueblos originarios, si bien un 44% opina que todos los ciudadanos sin distinciones deberían otorgar su consentimiento en materias que los afecten. Un 38% adicional, en tanto, dejaría esta tarea en manos de las autoridades elegidas democráticamente.
En ese mismo tema, un 37% de los encuestados opinó que las tierras indígenas deben ser tratadas de la misma forma que cualquier otro territorio del país, mientras que un 26% adicional piensa que deben ser protegidas, pero sin restituir aquellas que actualmente pertenecen a otros dueños. Un 34%, en tanto, está de acuerdo con la propuesta constitucional de que sean protegidas y además restituidas.
En cuanto al eje, “relaciones internacionales”, El 16% concordó con la propuesta de privilegiar a América Latina y el Caribe como zonas prioritarias para Chile, mientras que un 45% se inclinó por privilegiar la relación con nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos, China y Europa. Poco más de un tercio, en tanto, considera que Chile no debería priorizar a ninguna región en sus relaciones internacionales.
En lo que respecta a los postulados de participación en condiciones de igualdad sustantiva, una gran mayoría piensa que el Estado debe promoverla para todas las personas, sin importar género, etnia u otras condiciones particulares. Un 17%, en tanto, apoya la idea de promover la igualdad sustantiva de género en la sociedad.
Otra materia que ha generado discusión se refiere a los cambios propuestos en lo relativo al derecho a indemnización en caso de expropiación de la propiedad privada. Al respecto, un 51% de los encuestados considera que ésta debería hacerse al precio denominado ‘justo’, mientras que un 46% opina que debería ser a precio de mercado.
Respecto a la temática de seguridad social, el 75% se alineó con una de las iniciativas populares de norma que logró mayor adhesión y que buscaba garantizar la propiedad de los fondos de pensiones individuales actuales y sus aportes futuros, considerando además que éstos fueran heredables. En tanto, sólo un 8% cree que se debería garantizar la propiedad de los fondos actuales, pero no su heredabilidad. Una proporción similar, en tanto, opinó que no es necesario garantizar la propiedad individual de dichos fondos.
Por otra parte, el 55% cree que la Constitución debería garantizar que las personas puedan elegir el tipo de salud que contratan con sus cotizaciones, mientras que un 43% prefiere que se garantice que estas últimas contribuyan a financiar solidariamente un sistema único nacional de salud.
Otro tema que ha dado que hablar se relaciona con el cuidado del medioambiente y la protección de los recursos naturales, y el debate se centra en la forma.
En el caso del agua, el 68% se inclinó por un modelo similar al actual, en que el Estado otorga derechos o concesiones de uso, mientras que el 26% apoyó la propuesta de entrega de autorizaciones administrativas y temporales para su uso.
La protección de la naturaleza es materia de un creciente interés por parte de la sociedad, al punto que en la propuesta de nueva Constitución se le otorgan derechos, visión que es compartida por el 37% de los encuestados. No obstante, un 60% opina que la aproximación al cuidado de su sustentabilidad debiera provenir del derecho de las personas a un medio ambiente sano, adecuado y apto para su desarrollo integral.
Finalmente, respecto a la creación de empresas públicas, un 64% está de acuerdo con la creación de empresas estatales, pero estableciendo normas competitivas que aseguren su operación en igualdad de condiciones con las empresas privadas.
Un 31%, en tanto, no considera necesario establecer dichas reglas, permitiendo además la creación de empresas públicas a nivel municipal y regional.
