"Si pueden habilitar si quiera para pasar, no estoy jugando ni nada o haciendo broma, sino que es real. Es mi mamá la que está aquí adentro, y no saben el dolor que ciento de estar aquí, porque nunca pensé que pudiera estar en esta situación. Les pido, por favor, si podemos pasar, la ambulancia y el vehículo que está detrás de mí. Se los pido por favor, en estos momentos, mi madre está muy enferma, se golpeó en la cabeza".
Estas fueron las palabras de angustia emitidas por una mujer que presenciaba cómo la ambulancia que trasladaba a su madre, hasta un centro asistencial, no podía cruzar la Ruta P72-S, luego de que un grupo de encapuchados cortara con árboles el camino que une a las comunas de Cañete con Tirúa, en la provincia de Arauco.
A través de un video grabado por testigos, se puede apreciar a la mujer rogando, usando el alto parlante del vehículo de emergencia, para que los desconocidos habilitaran el tránsito en la ruta. Sin embargo, no fue el único hecho de violencia que se registró la noche de este lunes en la Región del Biobío, pues encapuchados cometieron dos ataques incendiarios con sólo kilómetros y horas de diferencia.
El más violento ocurrió pasadas las 19:00 horas, cuando un grupo de desconocidos entró hasta el fundo San Carlos, perpetró una serie de disparos de perdigones en contra del propietario y posteriormente incendió una casa patronal, tres galpones y un vehículo particular. A raíz de aquello, la víctima fue trasladada hasta el Hospital de Cañete fuera de riesgo vital y la Delegación Presidencial del Biobío anunció una querella contra los responsables.
Pese a la determinación del Gobierno sobre este caso, y en consideración de las múltiples medidas de seguridad que rigen en la zona, nuevamente resurgió el debate sobre la efectividad del estado de excepción "acotado" que aplica en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.
En ese sentido, y puesto que la presencia de las Fuerzas Armadas se mantiene actualmente sólo en las rutas principales y caminos considerados como críticos, diversas fundaciones y asociaciones de víctimas de violencia rural, además de representantes gremiales comentaron a Emol que los patrullajes son mínimos y que se necesita ampliar el estado de excepción, pues insisten en que los atentados han aumentado y ahora persisten con más violencia que nunca.
Víctimas de violencia rural piden ampliar estado de excepción
Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, aseveró que "la noche de ayer fue brutal. Dos ataques muy graves, incluso resultando el hijo de uno de los propietarios con disparos de perdigón en su cuerpo. Esto ya no tiene ningún parangón, las autoridades no están haciendo el trabajo y su responsabilidad de mantener el estado de derecho y seguridad de las personas".
En esa línea, Fuentealba -quien el pasado 13 de mayo fue víctima de un ataque incendiario que destruyó su hotel por completo, en la comuna de Quidico- aseguró que en la provincia de Arauco "no hay patrullajes, nunca han existido, eso ha sido una farsa completamente. El estado de excepción en la provincia de Arauco, específicamente en el cono sur de la provincia ha sido absolutamente ineficiente, por no decirlo nulo".
Frente a ese escenario, el líder de la Fundación recalca la necesidad de ampliar el estado de excepción a toda la Región del Biobío y de que las Fuerzas Armadas tengan mayores atribuciones. "Nosotros consideramos que el Gobierno ha sido e incluso podemos a llegar determinarlo como cómplice de esta situación, porque efectivamente los hechos así lo demuestran".
"Una cosa son las palabras de buena crianza que quiere implantar el Gobierno con diálogo y con buen vivir, pero ellos tienen claro que al mantener un estado de excepción acotado lo que hace es amarrarle las manos a las fuerzas policiales y militares para no actuar en una zona que ya tiene un área de desarrollo producto en cero, no hay inversión, el que quiere irse no puede vender, hay desarraigo, hay pérdida de derechos humanos y el Gobierno tiene una mirada superficial de todo esto", agregó.
"En la Constitución que está vigente, en ninguna parte dice que es estado de emergencia 'acotado'. Esa es una manipulación por parte del Gobierno, aquí se tienen que aplicar todas las medidas que corresponden para bajar los niveles de terrorismo y violencia que tenemos en la Macrozona Sur. Aquí no hay dobles lecturas, puesto que todos los días están sumando víctimas, gente común que pierde sus trabajos y sus casas. Aquí no hay reparación a las víctimas como corresponde", insistió.
Con una mirada también crítica sobre las medidas de seguridad, Francisco Alanís, presidente de la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA) comenta que el "estado de excepción 'acotado' es limitado y uno quisiera un estado de excepción un poco más completo en la región, porque se requiere, porque es complejo además resguardar un territorio que es tan amplio acá en La Araucanía y en Arauco".
Bajo ese contexto, Alanís plantea que existe una "empatía ideológica" desde algunos sectores de Gobierno con ciertos grupos que operan en la zona. "Eso hace, tal vez, que las medidas no sean tan fuertes en cuanto a presencia policial y en este caso militar en caso de La Araucanía y de los marinos en caso de Arauco. Por otro lado, uno llega a pensar que no podemos estar con un estado de excepción toda la vida, entonces cuáles son las medidas de fondo".
Frente a ello, el líder de APRA manifiesta que en La Araucanía y en Biobío ha fallado el Estado en su conjunto. "Falla el Poder Judicial porque tanto fiscales como jueces no son capaces de hacer la persecución penal. Falla el Ejecutivo porque las policías y sus estado de excepción acotados no están siendo capaces de contener esta violencia; y falla el Legislativo donde todavía hay una bolsa de gato en torno al robo de madera, pese a que, por ejemplo, Llaitul reconoció que ellos se dedican al robo de madera".
De acuerdo con Alanís, todo lo anterior ha derivado en que ahora haya "mucha más violencia hacia las personas, eso es lo que a uno más les angustia. Hay mucha violencia y por eso ya no tenemos sólo gente herida, sino que también fallecida. Estamos en una situación que es tremendamente grave, se ha incrementado la frecuencia y el daño a las personas, porque hoy en día atacan las casas o un vehículo en movimiento".
"Se incrementó la violencia, pero también esto ha trasmutado a una delincuencia que es bastante más preparada en lo ilegal", zanjó.
Por su parte, Jorge Guzmán, presidente de la Multigremial del Biobío puntualiza que "hoy día hay presencia, hay ciertos patrullajes nocturnos, pero efectivamente son pocos y la violencia está absolutamente desatada. Creo que, en definitiva, necesitamos medidas un poco más concretas respecto a esto, no creo que sólo con patrullajes y un poder de acción de las policías y las fuerzas militares prácticamente nulo, porque uno lo ve. No pueden contraatacar, no pueden usar sus armas y eso complica el actuar".
En ese contexto, el líder gremial, en concordancia con Fuentealba, comenta que es necesario aplicar un estado de excepción "no acotado" y que se deben dar "mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas y permitir un estado de excepción no acotado y una decisión real del Estado, y no me refiero sólo a este Gobierno, sino que a un total del Estado a poder dar la lucha a este flagelo que cada día nos hace vivir con temor y miedo. Es muy crítico vivir en la zona".
"Los grupos han ido adquiriendo, ante la inacción del Estado y ante la impunidad en la que pueden hacer las cosas, mayor violencia, mayor poder de fuego. Y probablemente han ido reclutando más gente. Por otro lado, la inacción del Gobierno en el sentido de no tener un estado de excepción sin ninguna traba y con mayores atribuciones a las fuerzas de orden y militares, hacen que ellos actúen con total impunidad y absoluto desparpajo", añadió Guzmán.
Finalmente, el presidente de la Multigremial del Biobío y en línea con lo planteado por Alanís, afirmó que los ataques y atentados son cada vez más violentos y frecuentes que antes. Por ello, puso en duda las cifras sobre casos de violencia rural entregadas por el Gobierno, situación que también plantea el máximo representante de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur.
Cifras y escenario de violencia rural en la zona
El pasado 5 de agosto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve visitó la ciudad de Concepción para participar en el encuentro de Irade y exponer sobre la "Agenda de Seguridad en Biobío". En aquella instancia, la autoridad reconoció que es difícil realizar una óptima comparación sobre los hechos de violencia en la Macrozona Sur, sin embargo, aseguró que existe una baja en los casos en 2022.
"En promedio, este año llevamos 60 hechos de violencia rural por mes, el año pasado en los mismos siete meses era de 93 por mes. Hemos bajado desde ese punto de vista, no digo que sea bueno, estoy colocando los datos", mencionó Monsalve. De esta manera, aseveró que "el estado de excepción hizo reducir un 30% los hechos de violencia rural".
No obstante, ante estos resultados, desde la Multigremial del Biobío insistieron en que la violencia rural es cada vez mayor. "No sé cómo se comparan estas cifras, de repente hay cifras que se pueden comparar respecto de momentos donde no hubo de estado de excepción, donde efectivamente pudo haber bajado la violencia por un periodo corto. Pero hoy día, la violencia del actuar está siendo cada vez mayor. La violencia de cada acción es cada vez mayor", remarcó.
En tanto, Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur mira con decepción los datos. "Las cifras ya dan lo mismo, porque a nadie le importa. Las víctimas pasamos a ser una cifra más, y no se entiende que no somos cifras, que somos seres humanos que hemos perdido todo, hemos perdido proyectos, familias. Y el Gobierno se hace el loco".
En esa línea, apuntó a que las acciones de seguridad que ha empleado el Gobierno no han dado resultados y que tampoco ha existido una reparación a las personas afectadas ante el aumento de los ataques en la Macrozona Sur, por lo que hizo un llamado a las víctimas de violencia rural que tomen contacto con la Fundación para recibir apoyo.
"Ayer no sólo se vieron afectadas estas dos familias, sino que además se vieron afectados muchos habitantes que estaban trasladándose en estas rutas, que son lejos las rutas más peligrosos en este minuto, incluso impidiendo el paso de una ambulancia con una mujer mayor en estado de gravedad. Entonces, la deshumanidad está manifestada al 100% y el estado no está manteniendo el orden y la seguridad ni en el traslado de turas, ni en sus casas y tampoco en sus faenas", zanjó.
