Este miércoles el Presidente Gabriel Boric instruyó la expulsión de los extranjeros que agredieron a Carabineros en un procedimiento policial, hecho que dejó a 13 detenidos –en su mayoría indocumentados- y siete uniformados heridos.
Según explicó el propio mandatario, esta solicitud la hace en el marco de la nueva ley de migraciones, en su artículo 132 que explica cómo procede la comunicación al extranjero y los plazos.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, detalló, en conversación con T13 radio, que esta normativa "estableció mecanismos administrativos para poder solicitar la expulsión de personas que estén indocumentadas o por otra razón".
La secretaria de Estado aclaró que "es necesario resguardar el debido proceso y por lo tanto esta solicitud del Presidente tiene que pasar por un
procedimiento formal donde el ministerio del Interior solicita esto y tiene que ser
ejecutado luego por la PDI una vez que se cumplan todos los requisitos".
Nuevo proyecto de expulsiones administrativas
Precisamente ayer Ríos junto con su colega de Interior, Carolina Tohá, presentaron en el Congreso dos nuevos proyectos de ley –uno por el Senado y otro por la Cámara- que buscan modificar los procedimientos de las expulsiones judiciales y administrativas.
Sobre las últimas, Ríos puntualizó que actualmente "existe una dificultad actualmente para poder operativizar ese mecanismo" ya que este es "extremadamente largo, engorroso, requiere varias citaciones y comparecencias de manera presencial lo que lo hace difícil de implementar".
Por ende, lo que plantean desde el Ministerio es "simplificar el mecanismo" a través de que "una de las notificaciones se permita ser vía correo electrónico o que no se requiera que la persona comparezca presencialmente".
Al consultarle si quedó "garantista" la legislación chilena en esta materia, la autoridad aclaró que ese no sería el concepto, y prefirió utilizar el término "burocrática". "La cantidad de trámites y de las instituciones las que intervienen, hace que la articulación sea tan compleja que sea difícil aplicar la norma", dijo.
Y continuó: "Sí hay demasiados pasos, demasiadas instituciones que intervienen, demasiados trámites que hay que hacer para poder poner en efecto de manera rápida un mecanismo de expulsión, que además si se demora demasiado las chances de que la persona que está tratando de ser expulsada se cambie de lugar, se cambie de ciudad o no esté disponible para realizar el trámite son muchos más".
No obstante, la ministra aclaró que desde el Ejecutivo siempre buscarán "defender el estado de derecho, la democracia. (…) es importante que las personas, incluyendo a las que no tienen residencia formal, tengas ciertos derechos garantizados que están establecidos en las normas internacionales".
Dentro de ese mismo paquete incluyeron una modificación al reglamento de la ley de migraciones que establecía que los extranjeros condenados por delitos relacionados a drogas tendrían que cumplir toda la pena en recintos penitenciarios chilenos, cosa que Justicia busca revertir para poder expulsarlos.
Según Ríos, esto se contabiliza en alrededor de 900 o 1.000 personas al año que estaban siendo expulsadas a través de esta vía y que desde el 12 de febrero no se permite. "Tenemos en particular en los recintos penitenciarios de la zona norte (…) una situación al límite de la ocupación y con esta norma significa que el peso que tendremos sobre nuestro sistema penitenciario va a ser extremadamente fuerte", dijo para justificar la modificación.
Carabineros
Luego de que, de los 13 extranjeros detenidos en Puerto Montt , solo uno quedara en prisión preventiva y el resto en libertad, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, preguntó "¿Dónde están esas 29 personas que agredieron a carabineros? ¿Están libres?, ¿Están detenidos?, ¿Están cumpliendo alguna medida restrictiva o están en libertad? Los detenemos y vuelven a estar en la calle".
Al respecto, la ministra, en primera empatizó con el dolor de las familias y la comunidad de Carabineros, pero también recalcó la importancia de que "respetemos la autonomía del Poder Judicial. Ese es uno de los principios básicos de un sistema democrático".
Ríos recordó que en los últimos años "ha aumentado las prisiones preventivas de manera exponencial. Hoy día prácticamente la mitad de las personas privadas de libertad- que serían 43 mil personas- están en prisión preventiva" y lo relacionó con el hacinamiento que se vive en los recintos penitenciarios.
La secretaria de Estado que lleva la relación con el Poder Judicial comentó que “siempre se puede mejorar” y que "las instituciones están tratando de cumplir su rol de la mejor manera posible".
Así, precisó que, de todas maneras, “es importante que el Poder Judicial pueda tener un rol activo en darle tranquilidad a la ciudadanía" y que "en casos severos es importante que podamos tener a las personas bajo custodia cuando los delitos lo ameritan, pero estas son decisiones que toma el Poder Judicial fundada en los hechos y en la evidencia que tienen a disposición", sin referirse específicamente al caso de Puerto Montt.
