El intento de preservar el control migratorio, mediante expulsiones administrativas a extranjeros que hayan contravenido la nueva Ley de Migración y Extranjería, enfrenta hasta hoy como uno de sus principales obstáculos las dos notificaciones presenciales, que ponen en alerta al implicado antes que la Policía de Investigaciones pueda concretar la medida. Los mayores requisitos para hacer efectiva una expulsión administrativa rigen desde febrero, cuando entró en vigencia la citada ley, la número 21.325. Según la norma, se "debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero". El Servicio Nacional de Migraciones informó que desde el 2 de abril ha iniciado 1.231 procesos de expulsión administrativa, basados en el artículo 147 de la Ley 21.325. Sin embargo, la PDI dice haber llevado a cabo sólo 17, pues a menudo los migrantes se han cambiado de domicilio.
