Desde luego la seguridad es un tema que preocupa a la población. Aquello, ha quedado demostrado a través de encuestas y testimonios, pero también, por las cifras que han entregado las autoridades respecto del aumento de hechos delictivos en el país y de la violencia en ellos.
Lo cierto, es que en medio de la crisis de seguridad que se vive a nivel nacional, distintas autoridades han planteado la idea de llegar a un "acuerdo nacional" para buscar soluciones concretas y urgentes.
De hecho, hay quienes confían y aseguran que en ese tema es posible lograr un pacto de manera transversal entre los partidos políticos, como el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto (PPD), aunque también dijo que si no hay voluntad política se pueden poner a disposición medios del Congreso.
Tras presentar su renuncia a la Cámara Baja -por el acuerdo administrativo que se llevó a cabo en marzo de este año- el parlamentario envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric: "Le pido por favor que recoja el guante y que convoque a un acuerdo nacional transversal, porque la crisis de seguridad pública es de tal gravedad que requiere ser enfrentada con una política de Estado de manera transversal, dejando atrás los gallitos y peleas políticas, y ofreciendo con sentido de urgencia soluciones para la crisis de migración irregular que está afectando nuestra convivencia nacional".
Días antes, y en la misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a otras autoridades llamaron a crear un "pacto nacional de seguridad", iniciativa que buscaría volver a plantear una plan con el fin de incidir en materia de seguridad.
"El Estado necesita más herramientas, necesita un Ministerio de Seguridad Pública, necesita un sistema de Inteligencia, necesita policías fortalecidas, un nuevo tipo de estado de excepción, se requieren nuevas normas que regulen los procesos penales (…). Y también se requiere que los gobernadores regionales, que somos 16 en todo el país, tengamos un rol importante también en la lucha y prevención de la delincuencia".
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Insulza sostuvo que "lo que hemos conversado acá son fundamentalmente cosas que se pueden proponer en esa y otras direcciones para ver si realmente cuando se desarrolle la política nacional de seguridad completamente, cosa que yo creo que el Gobierno está empeñado en hacerlo y espero que eso ocurra, se tomen en consideración también la opinión de los parlamentarios de los gobiernos regionales de las distintas autoridades que no están siendo considerados efectivamente, porque pueden jugar un papel muy importante en la prevención".
En tanto, el gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, manifestó que "necesitamos que haya un Gobierno que escuchando a todos y buscando acuerdos, para poder trabajar en conjunto, demos solución a lo que hoy día más tenemos en nuestras zonas, que vamos aumentando la cantidad de víctimas, que tenemos grados de impunidad que son muy duros, y en ese sentido es la línea que tenemos que trabajar".
Cabe mencionar que otros personeros, como el ex ministro Mario Desbordes también han abordado el tema. En Radio Universo, comentó que "si ésta (la seguridad) es la prioridad para la ciudadanía, hay que tomarla y hacer un esfuerzo paralelo en el Presupuesto y saber desde el día uno que hay que gastar mucho más".
Por lo mismo, afirmó que "le he pedido al Presidente Boric que retome su idea de un gran acuerdo nacional. Esto no es un tema de derechas o izquierdas, no podemos pretender sacar dividendos políticos (...) es un tema país que tenemos que hacernos cargo en la dimensión que tiene". Y agregó que se necesita una inversión grande en prevención, además, de modernizar Carabineros, darles mayor equipamiento y prepararlos mejor.
Antecedentes
Es necesario recordar que en julio de 2018 -durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera- se presentó un acuerdo nacional por la seguridad pública para combatir la delincuencia y el narcotráfico.
En ese entonces, el ex mandatario recibió 150 propuestas que reunió la mesa de trabajo compuesta por ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes y representantes de la sociedad civil, tras una labor de 90 días.
Aquellas ideas quedaron más tarde plasmadas en un documento que destacaba cinco partes. La "modernización y fortalecimiento de las policías", el "fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado", la "fiscalización y control de las armas de fuego", el "rol de los municipios en la Seguridad Pública", y la "coordinación entre los actores del Sistema de Persecución Penal".
Este año, bajo la administración del Presidente Boric, se presentó un Plan Nacional de Seguridad Pública también con el fin de combatir la delincuencia. La iniciativa contempló más de 30 medidas, entre las que se encuentra el fortalecimiento de instituciones y gobernanza respecto a la seguridad pública y prevención, mejorar la información y robustecer el control de armas.
El hecho, es que de acuerdo con lo que indicó el diputado Soto hoy en Meganoticias, lo que se considera necesario ahora es "un acuerdo nacional en materia de seguridad, no para generar una instancia de diálogo permanente, sino una mesa de trabajo concreta que, de forma transversal, pueda consensuar elementos de política pública que se apliquen con carácter de urgente para solucionar".
"Nosotros le hemos dicho (a Boric) cite a todos los presidentes de partidos, jefaturas de bancadas, vamos a estar todos detrás para enfrentar la crisis migratoria, el conflicto en la Macrozona Sur, el narcotráfico, el crimen organizado y nuevas formas delictuales que han llegado al país que son más violentas", agregó.
Asimismo, aseguró que "en temas como eso podemos ponernos de acuerdo" y "si no hay voluntad política, ponemos a disposición la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Senado para hacer una comisión mixta bicameral que permita generar este acuerdo transversal donde avancemos juntos para fortalecer Carabineros, la PDI el Ministerio Público y para revisar nuestra legislación penal que es antigua y requiere ser actualizada a los tiempos de ahora".
Opinión de parlamentarios
Consultados por Emol al respecto, diputados de la Comisión se Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, entregaron su opinión.
Por ejemplo, el diputado Jaime Araya (PPD) sostuvo que "desde que la vocera de la Corte Suprema advirtió que el estado de derecho estaba en jaque producto de las actuaciones del crimen organizado y el narcotráfico, nosotros hemos venido planteando la necesidad de un acuerdo nacional por la seguridad".
Asimismo, dijo que "hemos dicho que ya que la derecha no quiere llegar a un acuerdo durante el mes de octubre, que se pueden utilizar estos últimos días del mes para arribar en un acuerdo en esta materia tan trascendental para el desarrollo del país y la tranquilidad de las familias".
A su juicio, el acuerdo debería estructurarse sobre la base de dos ejes fundamentales. "Primero el plano legislativo respecto de qué proyectos que actualmente se están tramitando debieran tener urgencia legislativa (...) Asimismo, arribar a un acuerdo en qué proyectos debiera ingresar el Gobierno en materia de delincuencia y crimen organizado, y narcotráfico para dar paso a la agenda legislativa", acotó.
Alejandra Placencia (PC) manifestó en tanto que "el acuerdo nacional en seguridad ya existe, se llama Plan Nacional de Seguridad Pública y fue presentada en junio por el Presidente Boric, lo conocimos en detalle a través de las comisiones de seguridad en el Congreso y consiste en tener una hoja de ruta no sólo en persecución efectiva del delito, sino también en su prevención, fortalecer la institucionalidad de seguridad y la coordinación entre policías".
En su opinión, la diputada dijo que "es un plan con visión de Estado que trasciende gobiernos, que pienso que es lo que se necesita, más que sentarse a lanzar propuestas de populismo penal para ganar prensa sin efectos concretos".
Por su parte, la parlamentaria independiente Lorena Fries, puntualizó que "tenemos que invertir en prevención, en mejorar las condiciones en que trabaja Carabineros, en su perfeccionamiento de cara a los delitos que hoy enfrentan, y fiscalizar su gestión y uso de recursos para que sean eficientes en la protección de los derechos de las personas".
El diputado también independiente, Andrés Jouannet, celebró que "muchos estén preocupados por este acuerdo", pero sentenció que "en vacío no sirve. Aquí hay que sentarse a conversar seriamente, hay que generar una comisión nacional en materia de seguridad donde esté representado el Parlamento, el Ejecutivo y el Poder Judicial y hagamos una propuesta que va a significar muchos recursos y hay que estar dispuestos a hacer varias cuestiones, pero cuando uno propone ideas, el Gobierno tiene que empezar abrirse".
Respecto a lo último, reconoció que "he propuesto la policía militar de fronteras que es la única que hoy nos puede detener esto que está ocurriendo, del ingreso de personas que vienen a delinquir".
Henry Leal (UDI), señaló a su vez que "el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no puede estar ajeno al principal problema que afecta a los chilenos y que es la delincuencia, por eso creo que es fundamental que nos pongamos rápidamente de acuerdo en una agenda legislativa en materia de seguridad, y a que mi juicio, debe priorizar urgencias legislativas. Hay un conjunto de proyectos en el Congreso y yo espero que el Gobierno le ponga urgencias. Además, propongo que le dediquemos al menos el 50% del tiempo en el Congreso a ver proyectos de seguridad ciudadana".
Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Andrés Longton, expresó que "antes de hablar de un acuerdo nacional, el Presidente debe lograr desprenderse de esas ideas preconcebidas que él mismo reconoció, simbolismos e ideología que aún acompañan al sector más radical de la izquierda y que los tiene sumidos en una inmovilidad legislativa que no es más que la prolongación del sesgo que han tenido en el Congreso, que los llevó a rechazar iniciativas y ahora a no avanzar con la suficiente rapidez, sobre todo en materias de seguridad. Si logran renunciar a eso y ponerse en los zapatos de las víctimas, las familias que viven atemorizadas, podremos avanzar a un acuerdo".
Este, según precisó, "debería contemplar el resguardo de nuestras fronteras, el combate decidido hacia la migración irregular, la protección de nuestras policías, una defensoría para las víctimas de un delito, el rol investigativo de éstas y del Ministerio Público. Además, el Gobierno tiene que atreverse a hablar de terrorismo y liberarse de aquellos sectores que ven con romanticismo lo que está pasando en la macrozona sur, para avanzar en proyectos que están detenidos y que modifican la ley antiterrorista".
Desde el mismo partido, el diputado José Miguel Castro indicó que "es algo sumamente de sentido común. Las policías no deben estar a la misma altura de una persona civil, tienen que tener una fuerza mayor a la de los delincuentes (...) Deben tener mayores atribuciones".
