Consuelo Contreras, directora del INDH.
El Mercurio (archivo)
No ha sido sencillo para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) salir a responder a las críticas suscitadas a partir de la información otorgada por la Subsecretaría del Interior a parlamentarios, respecto de la entrega de pensiones de gracia a "víctimas del estallido social", condición que debe ser calificada por el INDH. Fue esa atribución la que colocó al instituto en medio de cuestionamientos debido a las dudas que expresaron diputados de oposición respecto de los criterios para realizar dicha calificación. Tema que fue abordado por la directora del organismo, Consuelo Contreras. "El INDH no fue consultado al momento de legislarse esta atribución temporal vía ley de presupuesto, lo que vulneró la autonomía del instituto consagrada en su ley. De hecho, he señalado reiteradamente que el otorgamiento de pensiones de gracia no constituye por sí mismo un proceso de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis social. Pues además de una indemnización económica, la reparación debería contar con componentes de justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Sin perjuicio de lo anterior, el INDH ha cumplido el mandato legal emanado de dichas glosas", sostiene.
