La comuna de Santiago ha sido protagonista de
hechos de violencia ocurridos al interior y en las inmediaciones de sus establecimientos educacionales más emblemáticos y tradicionales.
Enfrentamientos con Carabineros, lanzamiento de bombas molotov, barricadas y en algunos casos destrozos de infraestructura han sido noticias que día a día se reportan.
Ante este escenario, han surgido críticas contra la
alcaldesa Irací Hassler (PC). Sobre todo después que el ex rector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, la acusara de que "desde la alcaldía llegó la orden, cuando se asumió, de esta nueva administración, que Aula Segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago".
La alcaldesa se defendió, y autoridades del Gobierno también han salido públicamente a presentar sus reparos contra la Ley Aula Segura.
Otra crítica que ha surgido de algunos sectores es que la Municipalidad "no ha hecho nada para enfrentar la violencia". Ante esto,
Rodrigo Roco, jefe de Gestión Institucional, Dirección de Educación de la Municipalidad, es enfático.
"Queremos precisar de manera enfática que como Dirección de Educación y como Municipio estamos sistemática y permanentemente colaborando con la justicia. Trabajamos coordinadamente con Carabineros y ponemos a disposición de la Fiscalía la información que se nos requiere conforme a la ley. En ese marco, lo que
esperamos es que la PDI y la Fiscalía avancen en las investigaciones. Este es nuestro principal deseo", sostiene.
Y argumenta sus dichos con cifras. Señala que
se han interpuesto 8 querellas, todas admisibles y derivadas al Ministerio Público para su investigación. De ellas 4 se asocian a hechos ocurridos en el Instituto Nacional, 2 en el INBA, 1 en el Confederación Suiza, 1 de la Escuela República del Uruguay.
Estas querellas abarcan diversos delitos:
incendio, incendio en lugar habitado, homicidio frustrado, amenazas, y asociación ilícita. Aseguran que "todas están en 'estado de investigación' por parte del Ministerio Público. Radicadas todas en la Fiscalía Centro Norte y en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Como querellantes estamos preocupados de entregar información y de solicitar diligencias si corresponde".
El último caso donde se querellaron fue en el
Confederación Suiza. A inicio de semana fueron detenidas once personas por desórdenes, ayer martes fue su audiencia de control de detención y todos quedaron con la cautelar de arresto domiciliario nocturno.
En el grupo había un mayor de edad, de 18 años, quien ya era reincidente, ya que en 2019 había sido detenidos en dos ocasiones en el marco del estallido. Una por desórdenes y otra por elaboración y porte de bombas molotov.
Contra él y otro adulto detenido ese día en el Confederación Suiza se querelló la Municipalidad de Santiago.
Estos datos de querellas se suman a otros de la Municipalidad. Específicamente con los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE). Detallan que en lo que va del año hay
cinco expulsiones. Dos de ellos han sido desde el Liceo Darío Salas, otro par del Internado Nacional Barros Arana y uno del Instituto Nacional. Asimismo, a
14 se les ha cancelado la matrícula, siendo 5 del INBA, otros 5 más del Liceo Amunátegui, 3 del Liceo Javiera Carrera y 1 del Instituto Nacional.
Junto con esto, el 2019 se presentaron también ocho querellas ante los Juzgados de Garantía de Santiago; 4 de ellas referidas a hechos asociados al Instituto Nacional, 3 al INBA y 1 al Liceo Confederación Suiza.
Según el municipio, la mayor parte de estas querellas (5) fueron terminadas por decisión del Ministerio Público de "no perseverar en el procedimiento", finalizando así su tramitación. De las otras 3 querellas, 2 fueron acumuladas y aún están en periodo de investigación.
