Las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en esta jornada pusieron una cuota de presión al oficialismo para ordenarse frente a un hecho que parece inevitable: a principios del año próximo debería aumentar la tarifa del transporte, pues su congelamiento por más de tres años, a juicio del Mandatario, "no es sostenible".
En Apruebo Dignidad se resisten -y así lo hicieron saber la semana pasada- argumentando que el contexto económico es muy duro y un alza como esta complicaría más a las familias que menos ingresos tienen.
En la oposición hay varios miradas: mientras que algunos remarcan también el escenario inflacionario y piden alguna medida para contrarrestar el aumento, otros dicen directamente que esta decisión es la que corresponde.
El senador de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandro Kusanovic, comenta a Emol que "en este caso me parece muy responsable de parte del Gobierno aplicar esta actualización de las tarifas, que debe ser, eso sí, en lo mínimo aceptable. El no realizarlo sería populismo y cantinfleo".
Esto a diferencia del presidente de RN, Francisco Chahuán, que señala que "lo que se requiere es ver como se logra conservar la tarifa o hacer un ajuste gradual, pero lo que no debiera ocurrir con un escenario de alta inflación (...) es aumentar 100 pesos de inmediato, porque va a producir un efecto negativo a los más vulnerables".
"El análisis técnico de todos los expertos es que mantener la tarifa del transporte público congelada es insostenible (...) Esa definición, de cuándo se subirá la tarifa para el 2023, la debe tomar el Gobierno antes de fin de año, y esperamos que sea en base a criterios técnicos - sociales y no políticos, de manera de dar continuidad al sistema de transporte público y evitar su colapso", contesta el senador Enrique Van Rysselbherghe (UDI).
El diputado Juan Irarrázaval (Republicano) coincide con el diagnóstico, pero dice que el alza "debe hacerse de forma regular, ordenada y de cara a la ciudadanía, porque hasta el día de hoy no tenemos claridad de cuánto sería ni cuándo se va a comenzar a aplicar. Por otro lado, es fundamental que haya un uso prudente de los recursos que van destinados al sistema RED, de manera que no se focalicen los fondos solo allí en desmedro de las zonas rurales de la RM o regiones".
El diputado Mauro González (RN), de la Comisión de Obras Públicas, que también ve estos temas en la Cámara, remarca que lo primero es conocer el plan del Gobierno para comenzar a descongelar las tarifas, ya que se había mencionado que debía ser "gradual".
"Sabíamos que mantener las tarifas fue una medida momentánea que se fue extendiendo debido a la pandemia y la crisis económica, pero siempre supimos que en algún momento se tendría que considerar un alza. Vamos a analizar que esto sea acorde a la realidad que está viviendo el país y la situación económica que están enfrentando las familias", dice.
La ex ministra de Transportes y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, defiende también que "si se sube la tarifa, no corresponde a ninguna situación pendiente de años anteriores. Es cierto que la tarifa estuvo congelada dos años, pero esos dos años terminó el sistema con superávit y 2021 se entregó con 1.409 millones a favor".
"Las alzas de tarifa tienen dos componentes: uno es un indexador que recoge los precios de los insumos y otro es el déficit del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan esas dos cosas es que el panel de expertos decreta una eventual alza y el Presidente mantiene la facultad de aplicarla o no, sujeto a que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a congelar tarifas", explica.
La mirada de los expertos
Según los académicos, la situación efectivamente es insostenible, pero recalcan que hay varias posibilidades para hacerle frente.
"Hay que pagarle a las empresas o subir las tarifas. Subir las tarifas es tremendamente delicado, porque las tarifas del transporte son muy caras para la gente. Hemos calculado que para el 10% más pobre de la ciudad, lo que representa el costo de las tarifas en el hogar es en torno al 60% de los ingresos. Eso no es posible. Nadie puede pagar 60% de lo que gana en transporte y quedarse por el resto para vivir", dice Óscar Figueroa, doctor en Urbanismo y académico del Instituto de Estudios Urbanos UC.
Pero Figueroa apunta también a un problema de fondo. Según dice, "lo que hay que hacer aquí es redefinir toda esta situación. Estamos con las tarifas más altas de América Latina y al mismo tiempo estamos dando un subsidio de entorno a los 1.000 millones de dólares por año".
Entre los problemas que se nombran está el de la eficiencia y el de la evasión. Además, dice Figueroa, "es muy importante pensar que el subsidio no debiera ser a las empresas, sino a las personas. Si las empresas no reciben subsidios, están obligadas a ser más eficientes".
Si no es un alza en la tarifa, el académico de Ingeniería Industrial ede la PUCV Franco Basso señala que hay dos opciones. "O el Gobierno consigue el dinero extra para poder mantener congeladas las tarifas o comienza a adecuarse por el lado de la calidad, y podría intentar generar renegociaciones con los operadores para por ejemplo disminuir frecuencias. Eso implicaría que podría hacer un esfuerzo para mantener congeladas las tarifas pero al precio de tener un peor sistema, lo que no parece una buena solución".
En caso de que se opte por la normalización del precio para los usuarios, Basso señala que debería hacerse con tres condiciones adicionales: que haya un plan de reducción de evasión, que se verifique la malla de recorridos actual y se evalúen sus ajustes; y avanzar en modificaciones a las licitaciones que permitan generar eficiencia.
En tanto, el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la U. Andes y doctor en Transporte, Rodrigo Fernández, plantea que "no se puede mantener la tarifa congelada por más tiempo. Ahora, es una situación difícil para poder aumentarlas en este período y el próximo año, pero propondría algunas estrategias".
A su juicio, se podría "incrementar las tarifas poco a poco, digamos de a 10 pesos por mes o menos. Que casi no se note. Otra idea es subirlas 10 pesos y luego bajarlas 5 pesos el mes siguiente, que es algo que ocurre con las bencinas, entonces no sería tan desconocido para las personas. Una tercera posibilidad es reducir drásticamente la evasión, con fiscalización permanente y en toda la ciudad. También habría que aumentar las multas".
