La fallida nominación del abogado José Morales a la Fiscalía Nacional dejó ver, a juicio de varios senadores, una serie de agujeros en el sistema en general mediante el que se hace la elección y otros relacionados a la figura del máximo persecutor.
El candidato no logró los votos por diversos motivos, pero durante la discusión sobre su nombre surgieron elementos que podrían haber derivado en otro resultado: la posibilidad de que la votación sea secreta, que el período del fiscal sea de menos de 8 años y que a la mitad de su mandato, el Senado pueda volver a evaluar su nombre mediante una cuenta pública y la necesidad de una ratificación con un quórum exigente.
El senador
Daniel Núñez (PC) planteó este miércoles que parte de las razones del fracaso tuvieron que ver con que "es un cargo tan importante para el país, pero dura 8 años, y los antecedentes que fueron apareciendo en distintos momentos fueron minando las convicciones en algunos de los votos que originalmente el Gobierno había pensado. Uno podría preguntarse si no es conveniente que junto a esta nueva nominación que surgirá,
no tenemos que discutir a fondo si los 8 años de duración del cargo de Fiscal Nacional es lo más idóneo o no".
Este es un debate que ya se dio este año: la fallida Convención Constitucional tomó como una de sus banderas una reforma sustancial al Poder Judicial y dentro de los cambios que hizo estuvo el bajar el período de este persecutor, de ocho a seis años.
Evaluación de mitad de mandato
El lunes, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, contestó ante una pregunta similar de Núñez en el marco de la presentación de Morales en la Comisión de Constitución del Senado que era un tema que "puede ser conversado".
"Tenemos la mayor disposición a buscar las mejores experiencias y una posibilidad es que tenga quizás una evaluación de medio término, de manera más robusta, por una entidad independiente que nos permita tener una mejor rendición de cuentas respecto a los resultados de la Fiscalía", aseveró Ríos.
Algo así presentó esta semana el senador RN, Alejandro Kusanovic, junto al PS Alfonso De Urresti, Pedro Araya (PPD), Kenneth Pugh (RN) y Felipe Kast (Evópoli), en forma de una modificación a la Constitución que exige que el Fiscal Nacional, a mitad de su período, se presente a rendir cuentas ante el Senado y se deba ratificar su nombre por 1/3 de la Corporación.
"Es un tema súper importante que el Senado haga valer todo el poder que tiene en este tema y corregir si hay un error, no estar 8 años con algo que no es lo correcto", comentó el senador este miércoles.
Lo respaldó también el senador
Juan Antonio Coloma (UDI), que aseguró que era una propuesta "razonable".
El mismo Kusanovic hizo otra punto, que antes fue deslizado también por Rafael Prohens (RN) en Canal 13: por un tema de "sanidad mental", dijo, que la votación en este tipo de elecciones sea secreta. Esta posibilidad está consagrada en el reglamento interno del Senado, pero la costumbre es que sea pública y ya varios oficialistas han rechazado la idea.
Otra crítica que se hizo al sistema en el marco de esta nominación fue a la participación de la Cámara Alta en el nombramiento. El senador Fidel Espinoza (PS) comentaba la semana pasada que no correspondía el diseño pues los parlamentarios son incumbentes. "Hay 26 parlamentarios que vamos a tener que votar que tenemos diferentes tipos de causas. Algunos como querellantes, otros imputados, otros investigados. Cualquiera de esos tiene algún tipo de interés", dijo.
La reforma procesal penal 2.0
Pero además, la contingencia del Fiscal Nacional abrió una conversación más amplia sobre los cambios al sistema procesal penal que se deberían realizar. Esto tras el paso de más de dos décadas desde la implementación de la reforma más sustancial que ha tenido este sistema y la detección de una serie de falencias que no se han resuelto con ajustes puntuales.
Por ejemplo, según criticó el lunes el senador Alfonso De Urresti(PS), la capacidad que tienen hoy los fiscales regionales de ignorar la norma que les permite un máximo de 8 años en el cargo si cambian de región, "las sillas musicales", dijo.
"Más que medidas puntuales, lo que debe existir es una reforma integral al sistema de persecución penal que pasa por ejemplo por un rediseño institucional de la Fiscalía, duración de los períodos de los fiscales regionales, del Fiscal Nacional, forma de elección, control jerárquico, así como una reforma de cómo están funcionando los tribunales de garantía y los tribunales orales. Si hay algo que le ha hecho mal al sistema procesal penal son estas modificaciones puntuales no orgánicas", planteó el senador
Pedro Araya (PPD) el mismo día.
En esto coincidió el senador RN, Rodrigo Galilea, que sumó que la necesidad de una mejora en lo que tiene que ver con la reforma procesal penal "es algo evidente, todos quienes se dedican a esta materia lo dicen y ya que han transcurrido cerca de 20 años de la instauración del nuevo sistema procesal penal, creo que ha llegado el momento de ponerlo al día, aprender de lo bueno y malo para modernizar nuestra legislación".
"Además surgen cuestionamientos de cuál debe ser la duración del Fiscal Nacional. Y si va a seguir durando 8 años, bueno, ¿hay alguna posibilidad de hacer algún control democrático por parte de su gestión? Una persona que no lo hace bien no debería poder estar 8 años en el cargo porque las consecuencias son demasiado grandes", agregó.
Por ejemplo, en este marco de las reformas, el senador José Miguel Insulza (PS) preguntó el lunes a la ministra Ríos si tenían alguna propuesta de mejoramiento de la carrera de fiscales y de su formación, a propósito de la carencia en el número y también en la formación de estos.
Ríos respondió que era una materia conversada con fiscal saliente como con varios senadores y que ya había existido un esfuerzo en el aumento de fiscales en 2012, relacionada a una propuesta de fortalecimiento institucional.
Así, comentó que "nos parece importante que se pueda evaluar ese fortalecimiento. Existen algunos informes de organismos internacionales que quisiéramos poner a disposición para la mesa de trabajo que vamos a poder impulsar, porque pensamos que tenemos que tomar medidas sobre la formación, promoción e incorporación de nuevos talentos a la Fiscalía y que podamos a bien tener un paquete de medidas en ese sentido".
