Después de anotar una serie de logros en sus diálogos con empresarios y trabajadores, como la aprobación del aumento del salario mínimo y la confección del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, más el trabajo prelegislativo de las reformas tributaria y previsional, el Gobierno está viviendo su primer apretón con el reajuste del sector público.
Pese a que la propuesta de subir los sueldos del sector en un 12% consiguió un amplio respaldo en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los gremios, en estos días La Moneda ha tenido que lidiar con la molestia de fiscales, médicos y funcionarios universitarios, que piden un esfuerzo mayor para los profesionales con sueldos altos.
Tal es la molestia que los trabajadores del Ministerio Público concretaron un paro que provocó la reprogramación de un 85% de las audiencias. "Lamentamos que esto ocurra, es responsabilidad del Gobierno, que no ha querido entender y ni siquiera ha abierto un espacio de diálogo”, dijeron desde la Asociación de Fiscales.
En tanto, el Colegio Médico, un gremio que en el último lustro se ha mostrado cercano a los sectores políticos que hoy gobiernan, también ha expresado su molestia por la decisión del Ejecutivo de aplicar un reajuste fijo de 264 mil pesos a quienes perciban más de 2.2 millones, por lo que no han descartado levantar una movilización.
En ese contexto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió a esos gremios que “no hay funcionarios públicos excluidos del reajuste, a excepción de altas autoridades; lo que sí hay es una caja fiscal que tiene refracciones. La crisis no solamente ha alcanzado a los trabajadores públicos, sino que a todo el país”.
En tanto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, aclaró que los fiscales "no están excluidos del reajuste” y advirtió que “las necesidades de aumento de las personas de mayores ingresos en el sector público no son la única necesidad que tiene el país", subrayando la disposición del Gobierno para llegar a un acuerdo con esos trabajadores.
"Yo espero que a través del diálogo podamos llegar a un acuerdo, porque efectivamente las paralizaciones afectan el acceso a la justicia y el poder dar una sensación de seguridad para las personas que están esperando resultados en casos de procesos penales muy importantes", indicó
Tras la aprobación del proyecto en la Cámara Baja este miércoles, por 106 votos a favor y 14 en contra de la bancada del Partido Republicano, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también reaccionó ante la molestia de fiscales y médicos, recalcando que “todos reciben un reajuste, pero para los montos más altos es algo menor”.
“Es un esfuerzo que estamos haciendo para apoyar más a quienes ganan menos en el sector público, a casi el 90% de los que ganan menos. Por supuesto que es algo que no esperamos repetir recurrentemente, esta ha sido una situación bien especial", añadió, apuntando al complejo escenario inflacionario que vive el país.
En esa línea, el jefe de las finanzas fiscales descartó que en la tramitación en el Senado la iniciativa sufra cambios estructurales. “Como ocurrió ahora en la Cámara de Diputados, por supuesto que los podemos ir incorporando, pero cambios estructurales no están dentro de nuestros planes", recalcó.
Análisis en el Parlamento
En ese contexto, parlamentarios de distintos partidos políticos que participaron en la tramitación del proyecto coincidieron en que la molestia de algunos gremios puede ser un problema difícil para el Ejecutivo, pero descartaron que este pase a mayores y empañe la gestión que ha mostrado en las últimas negociaciones.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo (PS), desdramatizó el asunto y remarcó a Emol que “hace mucho tiempo que el proyecto del reajuste del salario de los empleados públicos no se presentaba fruto de un acuerdo entre gremios y gobierno, esta vez se logró y se valora”.
“En segundo lugar, el reajuste siempre era solo sobre la inflación futura y ahora se hizo sobre la inflación actual y eso es muy positivo,", señaló.
En esa línea, cuestionó las protestas de los gremios descontentos, recordando que “sólo el 10% va a tener un reajuste menor pero no despreciable de 264 mil pesos. El salario mínimo en enero del 2023 va a pasar de 400 mil a 410 mil. Ya quisieran esos trabajadores tener a lo menos un reajuste de 264 mil pesos”.
“Por eso, el rechazo de algunos gremios es legítimo, pero creo que es exagerado", aseguró. En ese contexto, Naranjo descartó que se requiera una intervención del Presidente Gabriel Boric para destrabar el asunto. “Nunca antes se había llegado a un acuerdo tan amplio y además se aprobó por todas fuerzas políticas. Es un conflicto es menor y casi artificial”, dijo.
La misma opinión planteó el diputado
Boris Barrera (PC), quien comentó que “así como en otras negociaciones, el Gobierno ha trabajado muy bien con las mesas de trabajo que se han realizado. En este acuerdo están la mayoría de los gremios, 14 lo firmaron, y dentro de estos están los que ganan menos plata”.
Según el legislador, “acá no hay problemas, hay una oportunidad que ha tenido el Gobierno y los trabajadores de llegar a un buen acuerdo, que tiene mucho respaldo y ha tenido un buen resultado, porque fue aprobado casi por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados. Yo no creo que haya un conflicto”.
Mientras, la diputada Gael Yeomans (CS) aseguró que “creo que es importante reflexionar y que algunos gremios tuvieran en consideración el tema: un aumento del 12% para quienes tienen sueldos de más de 2,2 millones de pesos no es lo mismo en un trabajador que gana 500 mil pesos a cuando tienes 4 millones de pesos”.
Por ello, destacó positivamente el "mecanismo diferenciado" que se logró en ambos grupos de trabajadores y en ese amrco "el liderazgo tanto del Ministerio de Hacienda como el del Trabajo, que ha sido en línea de las conversaciones que se han tenido en proceso anteriores. De hecho, el reajuste fue aprobado con una amplia mayoría en la Cámara, pero creo que hasta ahora el manejo que han tenido ambas carteras ha sido suficiente”.
Mirada opositora
Desde la oposición, el diputado Miguel Mellado (RN) recordó que lo que llegó a la Cámara fue un acuerdo con el sector público -14 de los 16 gremios- y que "nosotros, porque me tocó presidir la comisión, escuchamos a todos, a las universidades y los fiscales, que fueron bastante vehementes, a los jueces, a la gente del Congreso, que expusieron sus diferencias y creo que aquí el Gobierno escuchó, trató de abuenar algunas cosas que habían quedado afuera del acuerdo”, afirmó.
No obstante, Mellado advirtió que desde su sector le pidieron al Ejecutivo que "en el próximo presupuesto estén los fiscales y los médicos y no se deje afuera a nadie, pero creo que en el Senado el Gobierno va a tener que dar algo más, porque ambos son importantes".
En ese sentido, el legislador de RN aseguró que para La Moneda “va a estar muy difícil repetir” el manejo que ha mostrado en otras negociaciones, “porque el Gobierno está amarrado con la mesa del sector público y sus 14 organizaciones. Entonces, va a ser difícil que pueda comprometerse con los fiscales y médicos”.
Sobre si será necesaria la intervención de Boric, fue categórico: “Honestamente, no sé si entiende de este tema. No sé si le conviene meterse en esta pelea, porque él prefiere al 89% y no al 11%. Cuando era diputado, hablaba de las grandes rentas como si fueran personas ricas y no como profesionales exitosos, que es distinto”.
Desde la DC, el diputado Ricardo Cifuentes aseguró que “este ha sido un proceso que tiene de dulce y de agraz. Es verdad que el Gobierno hizo un esfuerzo muy significativo con el 89% de los funcionarios públicos a los que se les asigna esta actualización de su poder adquisitivo, pero deja un 11% que es muy significativo”.
“Me parece que ahí hubo una falta de sensibilidad, creo que se podría haber hecho un esfuerzo mayor quizás generando un promedio más alto”, criticó.
En ese sentido, expresó su deseo de que el Gobierno haga un gesto, pero advirtió que “va a tener una negociación difícil en el Senado. Marcel es un muy buen negociador, lo ha demostrado al mando de la cartera, pero me da la impresión de que acá hay un problema que va un poquito más allá y tiene que ver con la propuesta. Vamos a ver si esa flexibilidad hace que se integre mejor a estos grupos”, sostuvo.
En esa lógica, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, planteó que en la Cámara Alta se reabrirá el debate con respecto a este mecanismo diferenciado.
"Me inquieta el reajuste que no es parejo. Nosotros tenemos que tener un buen Estado, con profesionales y trabajadores en condiciones adecuadas para hacer su tarea. Esto será parte de una discusión bien profunda de hacia dónde vamos con esa política diferenciada. Eso será parte de la discusión, no puedo adelantar cuál será la respuesta del Gobierno en esta materia pero aquí se abre un debate", dijo.
