Luego de conseguido el acuerdo entre senadores del oficialismo y la oposición para destrabar la discusión del proyecto de ley que aumenta las sanciones para el delito de usurpación de tierras, el Ejecutivo deberá presentar, posiblemente durante la próxima semana, las indicaciones concordadas para que se active su tramitación en el Senado. Estas se centrarán en la distinción entre usurpaciones violenta y no violeta, las penalidades respectivas y en establecer que la flagrancia es una condición permanente en este tipo de ilícitos y no una situación que remita a un número de horas, según explica el senador RN por la Araucanía, José García Ruminot, uno de los negociadores a quien el Presidente Boric le encargó, durante su visita de noviembre a esa región de la macrozona sur, la misión de presentarle "una propuesta de acuerdo, con elementos que logren avanzar en un proyecto". El jueves, el otro negociador, el senador PPD Jaime Quintana, había confirmado que se había alcanzado un documento común. "Básicamente consiste en asumir que tanto la usurpación violenta como no violenta están consideradas como faltas y hay razones atendibles para pensar que esto es un delito", manifestó y agregó que también se abordan temas de flagrancia".
