"Esas las medidas en las que estamos innovando y que las ministras (Carolina) Tohá y (Ana Lya) Uriarte, junto con la ministra (Marcela) Ríos, tres mujeres poderosas, jugadas, aperradas, están planteando al Parlamento", dijo el jueves pasado el Presidente Gabriel Boric al dar anunciar cuatro proyectos de ley sobre seguridad.
Se trató de un espaldarazo público a las tres secretarias de Estado que en ese momento lideraban el diálogo para conseguir los votos en el Senado para la aprobación de la carta del Mandatario para asumir en la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, cuya postulación finalmente fue rechazada ayer por la Sala de la Cámara Alta.
El respaldo hacia las ministras, sobre todo en el caso de Ríos, respondió a la serie de críticas que provocó el fracaso de la primera nominación de Boric para ese cargo, la del fiscal
José Morales. Sin embargo, con la nueva derrota, los reproches hacia la titular de Justicia recrudecieron entre quienes han criticado su gestión en la cartera.
Ya lo adelantaba durante la sesión en la que cayó Herrera el senador del PPD, Jaime Quintana, quien sostuvo que "pase lo que pase van a responsabilizar a las ministras, a la ministra Ríos, a las del comité político", advirtiendo que "este Senado también tiene mucha responsabilidad en lo que ocurra", apuntando al rechazo del nombre.
En la antesala de la votación, la propia ministra lamentó el escenario en el que se iba a dar la votación, lamentando que se hayan anunciado "votos en uno u otro sentido antes de escuchar lo que dice la candidata" y criticando la conducta de "descartar candidatos sacándoles cosas negativas", lo cual a su juicio fue "un proceso dañino".
Días antes, Ríos tuvo que responder por su continuidad en el cargo tras la caída de Morales, ante la serie de cuestionamientos levantados por la oposición en su contra. En ese momento, se limitó a contestar que "es el Presidente quien tiene siempre a disposición todos nuestros cargos. Y es él quien tiene que evaluar este proceso".
Con todo, lo ocurrido ayer en el hemiciclo r
evivirá los reproches a su gestión, que ha estado marcada por dificultades en gendarmería y otros impasses que incluso hicieron que su nombre estuviera dentro de los que pudieron ser modificados en el cambio de gabinete que Boric realizó tras el Plebiscito del 4 de septiembre.
Entre ellos, estuvo la ocasión en la que aseguró que el indulto a los presos del 18-O era "un compromiso" para el Gobierno. Sin embargo, el Presidente no mencionó la medida en su Cuenta Pública y el tema ha terminado postergado ante la dificultad del Ejecutivo de conseguir respaldos en el Congreso.
Posteriormente, tuvo que enfrentar otra polémica, cuando evitó señalar si consideraba al machi Celestino Córdova, condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mckay, como un preso político o un homicida. "No me compete pronunciarme", dijo, obligando a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a aclarar sus dichos.
La ministra también fue criticada por su rol ante los beneficios carcelarios que solicitaron presos mapuche en la cárcel de Angol, lo cual motivó la creación de una comisión investigadora que entregará mañana sus resultados. Todo apunta a que el informe de la instancia será negativo para la secretaria de Estado.
Dificultades en el Parlamento
A todo ello se suma la dificultosa relación que mantiene con el Congreso. De hecho, en el propio oficialismo reconocen que "hay mucha molestia con ella", asegurando que "aún no asume que es ministra de Estado y sigue actuando como si estuviera en el Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo".
Es más, desde la oposición, advierten que Ríos "está muy mal evaluada en el Senado", destacando que "tiene mala relación con el PS" y que incluso esperan que en un eventual próximo cambio de gabinete "deberían sacarla". De ese sector también han surgido ideas para poder presentar una acusación constitucional en su contra.
No obstante, desde el Ejecutivo aseguran que también ha logrado construir una
"muy buena relación" con varios senadores, mencionando a Matías Walker (IND), Francisco Huenchumilla, Yasna Provoste (DC), Jaime Quintana, Ximena Órdenes y Loreto Carvajal (PPD).
En esa lista también aparecen a los socialistas Isabel Allende, Gastón Saavedra, más los de Apruebo Dignidad: Alejandra Sepúlveda (FRVS), Claudia Pascual, Daniel Núñez (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD). ¿En Chile Vamos? Mencionan a Rodrigo Galilea (RN).
En la oposición coinciden en que la ministra de Justicia no ha tenido el mejor desempeño y que sus problemas han sido de gestión política e institucional. Cabe recordar que ya en agosto los jefes de las bancadas de Chile Vamos, analizaron la idea de impulsar una acusación constitucional en su contra.
¿El motivo? Cuando la dirección regional de Gendarmería de La Araucanía, negociara directamente con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, para trasladar a tres internos mapuche de la Cárcel de Angol al Centro de Estudios y Trabajo -y uno de ellos al hospital.
Ante esa situación y las fallidas nominaciones para fiscal nacional, en el bloque dicen que el foco nuevamente se pondrá en Ríos. Aunque la nueva derrota, acotan, no es motivo suficiente para impulsar una AC en su contra, sí creen que suma un nuevo antecedente a "su inoperancia y negligencia", según dicen los más duros.
Lo más probable es que tras la derrota de Herrera, algunos en la oposición salgan a pedir la renuncia de la ministra, pues, agregan, hablaría de que es
"una ministra poco diligente para hacer su trabajo" y que se habría dejado llevar más por posturas ideológicas que por la lógica de los acuerdos.
Hasta ahora no ha habido una coordinación entre los partidos de Chile Vamos sobre el tema, ni tampoco se han tomado decisiones en las bancadas de diputados, que serían los que podrían presentar una AC contra ella. Tampoco lo han hecho en Republicanos, pero no descartan sí que el tema sea parte de las reuniones de los comité de hoy.
Aunque otras voces creen que es poco factible que una ofensiva así prospere, tomando en cuenta los pocos días que restan para las fiestas de fin de año, así como escasas semanas de trabajo legislativo antes del receso en febrero.
Por ejemplo, el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, señaló a Emol que “más que andar anunciado posibles acusaciones, son antecedentes que se suman al déficit que ha tenido en su gestión (...) eso con otras investigaciones que se están llevando respecto a los beneficios penitenciarios, obviamente que abre un flanco que la ministra podría haber evitado a través de las gestiones pertinentes políticas".
En tanto, la senadora Carmen Gloria Aravena, destacó que lo ocurrido ayer “no es una decisión que tome solo ella”, aunque reconoció que “claramente pudiera ser que el Presidente tenga presiones de algunos sectores, anticipo que puede ser una realidad, para que ella deje su cargo, pero para tomar esa decisión deben haber más motivos”.
En la misma línea, su par de la UDI, José Durana, comentó a este medio que “la responsabilidad es del equipo político completo del Gobierno y no solo de una persona, porque en el primer proceso fueron los votos oficialistas los que no estuvieron y en este segundo, siempre supo que no querían a Herrera por lo que representa en la Fiscalía Nacional. Es injusto personalizar una decisión de estas características”.
