Nunca en la historia de las nominaciones a fiscal nacional se había visto el escenario que se está dando en esta oportunidad en el Senado: el Ejecutivo nominó a dos candidatos para reemplazar a Jorge Abbott, hasta ahora, y ambos fueron rechazados en medio de duras críticas sobre los postulantes y el rol del Gobierno.
Encima el proceso deberá repetirse tantas veces como sea necesario, hasta que los parlamentarios ratifiquen el nombre enviado por el Presidente Gabriel Boric. Por eso es que la discusión se volcó hacia el sistema de elección del fiscal, que a juicio de varios parlamentarios de oficialismo y oposición, debería ser modificado.
Los más drásticos apuntan a que el Senado no debería tener un rol en esta decisión, acusando que se ha "politizado" entre las presiones, los llamados, los "gustitos personales" y los motivos que han primado que no tendrían que ver con las capacidades de los postulantes. Esa es la visión que expresó este martes el ex fiscal
Sabas Chahuán y que ha sido compartida por parlamentarios oficialistas.
"Cuando hay un grupo de senadores que se atrincheran y buscan a un fiscal a su medida, al amigo, eso es una mala señal para el Senado y significa que estamos desatendiendo nuestra obligación y no estamos cuidando la atribución que tenemos. Deberíamos pensar seriamente en abandonar esta prerrogativa y salir de esta función", planteó el senador Jaime Quintana (PPD).
A juicio de Quintana, el Ejecutivo sí debería participar del nombramiento, mas no así los parlamentarios. En esa línea, el senador Juan Luis Castro (PS) plantea varias modificaciones. "La Corte Suprema, que es incumbente en la primera etapa, no ha hecho un despliegue de mayores facultades inquisitivas sobre los candidatos. No basta con que se escuche por 10 minutos a cada postulante sin hacerle preguntas y después ir a votar. Es un procedimiento que tiene que mejorarse".
Asimismo, Castro propone que el fiscal solo dure cuatro años y que su período sea compartido en dos periodos presidenciales. "Con la prescindencia del Senado, que no participe por el riesgo de politización que ya estamos viendo. Que sean la Suprema y el Ejecutivo los que nombren, por un período de 4 años directamente y con un exhaustivo filtro de inicio dado por la Corte Suprema", resume.
En esa línea, la propuesta más drástica proviene del senador Karim Bianchi (Ind), que ingresó un proyecto para que el fiscal nacional sea elegido en votación directa, con sufragio universal.
"El Gobierno se allanó a patrocinarlo, pero primero quiere conversar con nosotros, se generó una mesa de trabajo, la idea es que ellos puedan incorporar modificaciones que se quieren incluso pensando no solo en el caso del fiscal, sino que en el caso del Contralor. Quizás el proyecto no calce con el fiscal de ahora, pero sí puede calzar con el Contralor, que se vota en un año más", responde Bianchi.
Otro que está de acuerdo con restar a la Cámara Alta de la ecuación es el senador
Iván Flores (DC), que manifiesta que el nombramiento del fiscal nacional debería pasar por la Alta Dirección Pública, como tantos otros cargos relevantes.
"Lo acontecido en el Poder Judicial respecto de este concurso exprés tremendamente acotado con entrevistas de 10 minutos, hechas por superiores jerárquicos en la mayoría de los casos y que genera una quina que encaja al Gobierno no a elegir dentro de un espectro más grande sino 5, no es un procedimiento adecuado", responde.
"Si el Ejecutivo ya tiene un procedimiento para selección por Alta Dirección Pública, el Poder Legislativo se somete al escrutinio de las personas para elegir senadores y diputados, no veo por qué no el tercer poder, el Judicial, se someta a las mismas reglas del juego", dice Flores.
Cambios de otra índole
No todos los senadores coinciden con que los problemas suscitados con la nominación sean responsabilidad del Senado. Otros, en privado, sostenían que no es posible achacarle a la institución el fracaso de un proceso que antes había funcionado bien. El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, comentó escuetamente esta mañana ante las críticas del rol de la Corporación y lo viciado del proceso que "es una opinión".
El senador Esteban Velásquez (FRVS), en tanto, difiere de quitarle la atribución a los parlamentarios, pero asegura que deben existir ajustes sobre todo en la etapa de la selección de la Corte Suprema. "A lo mejor algún equipo de juristas que sea parte de ese momento, cuando el candidato expone, pero también que haya un grupo de abogados que pueda representar a la ciudadanía", dice.
Además, propone que haya un cambio en la tramitación del Senado y que exista algún procedimiento distinto además de la Comisión de Constitución, como "una comisión previa conformada por representantes de las distintas bancadas, algo que haga que el candidato tenga mayor posibilidad de conversar con los senadores".
Para la senadora Paulina Núñez (RN) el problema tampoco está en el rol que han tenido sus pares. De hecho, según asevera, la Cámara Alta "debe tener un rol en esto. En un nombramiento tan importante como este, que participen los tres poderes del Estado, es lo correcto".
No obstante, de acuerdo con Núñez es necesario cambiar el procedimiento de selección que hace la Suprema: para la senadora no corresponde "que la Corte Suprema siga completando la quina con los mismos nombres que se presentaron en su oportunidad y muchos de esos no tuvieron ni un apoyo, ni un voto, no habiendo cambiado las condiciones, circunstancias o requisitos esta semana".
Por eso, propone que este ente pueda abrir un proceso de postulación en una segunda etapa para quedarse con los mejores nombres. "No puede ocurrir que el Senado termine aprobando cualquier nombre", remarca.
Quien no está de acuerdo con ningún tipo de cambio al sistema y apunta directamente al Ejecutivo por ambos traspiés es el senador republicano Rojo Edwards, que argumenta que "el Gobierno trata de justificar su nueva derrota por la vía de culpar al empedrado. El mecanismo de elección ha funcionado perfecto durante décadas. Quienes proponen cambios hoy sobre la marcha, tratan de justificar las malas decisiones del Presidente".
"La Corte Suprema y el Senado realizaron sus labores de manera impecable; solo falta que el Presidente Boric entienda que él no reina, sino que gobierna. Lo anterior implica que debe designar candidatos capacitados y en acuerdo con los demás poderes del Estado. Y al menos lograr acuerdo en su propio sector", dice.
