José Morales y Marta Herrera, ambos persecutores del Ministerio Público, fueron rechazados por el Senado para convertirse en fiscal nacional, luego de que el Presidente Gabriel Boric los haya designado desde la quina realizada por la Corte Suprema.
Un proceso que pasa por los tres poderes del Estado, para finalmente elegir a quien encabezará la persecución en nuestro país, pero que algunos senadores plantean modificar. Es el caso de Juan Ignacio Latorre quien directamente llama a "repensar el sistema de nombramiento".
"Creo que este va a ser uno de los desafíos de la nueva Constitución (considerando el "Acuerdo por Chile"), por tanto, hay distintas propuestas sobre la mesa. Incluso, gente de derecha ha propuesto cosas que a mí me parecen sensatas, por ejemplo, que el periodo dure menos, o que, si va a durar ocho años, a la mitad de la gestión haya una evaluación y una votación si es que se prorroga o no", dice el senador a El Mercurio de Valparaíso.
Juan Luis Castro, del Partido Socialista, plantea, por su parte, que "en un futuro, a mi modo de ver, el Senado no debiera incumbente en la toma de decisión", sin embargo, aclara que ahora debe nombrarse a un nuevo fiscal nacional con las reglas que existen. "Las reglas son las reglas. Deben cumplirse y debe ser por ocho años, pero en la nueva Constitución debe haber un capítulo sobre esto porque ya se agotó la concurrencia de los tres poderes”.
No obstante, más allá de los cambios que se le puedan hacer al sistema en un futuro, la duda actual es cómo se puede destrabar esta elección para que tanto el Gobierno como la Cámara Alta queden conformes.
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Bajo la perspectiva del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, "hay que escuchar la opinión de la Suprema si es que hay alguna factibilidad de hacer el concurso nuevamente. Me parece que, salvo una situación muy excepcional, la Suprema debería complementar la quina y elegir un nuevo fiscal nacional".
Para él, que el Ministerio Público lleve casi tres meses descabezado, tiene relación, primero, con la "guerra sucia" que acusó el propio Morales, la cual se da dentro del organismo para desprestigiar a quienes se postulan al cargo, pero también la relación Ejecutivo- Legislativo.
En ese sentido, en El Mercurio de Antofagasta apunta a "la incapacidad de las fuerzas políticas en el Senado y el Gobierno de ponerse de acuerdo con los nombres que han postulado y que ha definido la Corte Suprema".
Con él concuerda el jefe de bancada Evópoli, Luciano Cruz Coke, quien indica que "(Por parte del Gobierno) debieran tratarse por todos los medios de generar acuerdos previos con el Senado. Si bien yo vi intentos, como jefe de comité en mi caso personal, en el nombramiento de José Morales (…) no vi que sucediera lo mismo por parte del Gobierno en el caso de Marta Herrera".
Siguiendo con el punto, el senador indica que la forma de destrabar el nombramiento es "con mayor dialogo político. Si lo que faltó, principalmente en el caso del fiscal Morales, fue articulación en el propio sector, y luego en el caso de Marta Herrera, con el sector del al frente. Me parece que acá el que tiene la principal responsabilidad de articular esos diálogos de manera eficiente es el Ejecutivo, y me parece que en ese sentido esta al debe".
El parlamentario del partido en formación, Demócratas, Matías Walker, concordó con sus colegas, señalando que en el artículo 85 de la Constitución se establece que en este nombramiento "lo que tiene que producirse es un acuerdo con el Senado (…) y eso es lo que, hasta el momento, el Gobierno no ha entendido porque ha enviado los nombres sin acuerdo del Senado, y eso creo que no es bueno para las instituciones, no es bueno para la necesidad que tiene el país frente a la inseguridad ciudadana".
Walker cree que llamar a un nuevo concurso por parte de la Suprema cuenta con un problema: "Se dilataría en demasía el concurso que ya se ha visto dilatado. Eso significaría tener meses el Ministerio Publico descabezado sin un fiscal nacional titular empoderado por los tres poderes del estado. Y eso no es bueno para la persecución de una delincuencia que esta desatada".
De hecho, el senador asegura con convicción que los abogados que están en la quina actualmente como "Juan Agustín Meléndez, como Carlos Palma, tienen toda la legitimidad para poder postular a ser fiscal nacional. No entiendo por qué el Gobierno los ha vetado hasta el momento, por qué no los ha considerado y creo que ambos tendrían, además de Ángel Valencia, los votos suficientes en el Senado para ser ratificados. Yo tengo claro, porque he hablado con todos mis colegas, que tanto Ángel Valencia, como Juan Agustín Meléndez, como Carlos Palma, tienen los votos para ser ratificados".
Castro, expresa lo mismo: "Ellos se ganaron su lugar en la quina original. Ninguno está inhabilitado y por lo tanto tienen plena validez", sin embargo, apunta a un nuevo concurso.
Esto asegurando que "más legitimación habría si se rebajara el naipe, porque quienes ya tuvieron alta puntuación no tendrían por qué bajarla. No debieran correr riesgo los que ya llegaron a una quina, aunque se abra un nuevo concurso. Lo que sí, abre las puertas para oxigenar con más nombres que existen para poder entrar al concurso. Yo creo que eso podría ser interesante por la fase de desgaste en la que estamos".
Para él, "la corte tendrá que evaluar muy bien el estado de situación de este concurso (…) ojalá se pueda hacer un nuevo concurso, pero si no se hace es decisión de ellos, están en su derecho".
Hay quienes, por su parte, han planteado reformar el sistema rápidamente, y, en el intertanto, nombrar a un
fiscal provisorio. Es la postura de
Iván Flores (DC), quien asegura, en primera instancia que "es mejor, antes de una posible tercera derrota, porque esto es una derrota para todos, que se busque un nombre de consenso que de amplia confianza".
Así, agrega que "si se escucha lo que algunos senadores estamos diciendo, que nombremos un fiscal que nos dé confianza a todos que sea un fiscal transitorio mientras se hace la reforma constitucional que permita cambiar la modalidad dentro del Poder Judicial en el nombramiento de las autoridades, bueno entonces dejemos fiscal transitorio".
Su carta para eso sería el actual titular subrogante del Ministerio Público, Juan Agustín Meléndez. "En todo caso, creo que falta conversar. No el Gobierno con la Corte Suprema solo, sino que también involucra a quienes tenemos que tomar la decisión en mi opinión".
